Uruguay sostiene sus jubilaciones hoy, pero el envejecimiento presionará las cuentas del BPS

Uruguay puede seguir pagando sus jubilaciones y pensiones sin que exista actualmente una crisis previsional inmediata. Sin embargo, las últimas proyecciones oficiales muestran que esa estabilidad convive con un problema estructural: dentro de algunas décadas habrá proporcionalmente más jubilados y menos trabajadores cotizantes, una combinación que aumentará las necesidades de financiamiento del sistema.

La fotografía actual, por tanto, es bastante más compleja que afirmar que el sistema está “quebrado” o, en el extremo contrario, que su sostenibilidad quedó definitivamente resuelta. Los datos publicados entre 2024 y 2026 por el Banco de Previsión Social (BPS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un sistema capaz de cumplir sus obligaciones actuales, pero sometido a una presión demográfica creciente.

Una de las variables esenciales para entender la salud del sistema es la relación entre quienes aportan y quienes reciben una prestación. Según un estudio de la Asesoría General en Seguridad Social del BPS publicado en mayo de 2025, en 2024 existían 2,50 activos cotizantes por cada pasivo equivalente.

Ese año se contabilizaron 1.540.444 puestos cotizantes, la cifra más elevada de toda la serie analizada por el organismo desde 1995. Los puestos aumentaron 2% frente al año anterior, mientras las jubilaciones equivalentes crecieron 1,3%, permitiendo una pequeña mejora de la relación entre activos y pasivos.

El dato es relevante porque muestra que Uruguay no se encuentra ante una desaparición inmediata de su base contributiva. Incluso representa una mejora sustancial frente a otros momentos de la historia reciente: en 2003, la relación había descendido hasta aproximadamente 1,76 trabajadores cotizantes por cada pasivo equivalente.

Sin embargo, una fotografía favorable de un determinado año no alcanza para evaluar un sistema diseñado para pagar prestaciones durante varias décadas.

El verdadero problema aparece cuando se mira hacia 2050, 2070 y 2100

Las últimas proyecciones actuariales del BPS, elaboradas con 2024 como año base y publicadas en marzo de 2026, permiten observar qué ocurriría entre 2030 y 2100 si se cumplen las hipótesis utilizadas por el organismo.

El número de cotizantes aumentaría inicialmente hasta aproximadamente 1,36 millones en 2040, pero después comenzaría una caída sostenida. Para 2100 quedarían alrededor de 797.000 cotizantes, lo que supondría una reducción cercana al 41% respecto de 2030.

La evolución de los pasivos seguiría el recorrido contrario durante buena parte del siglo. Las proyecciones ubican el total en unos 823.500 pasivos en 2030, alrededor de 920.000 en 2050 y más de 1,06 millones en 2070. Solo posteriormente comenzaría a descender.

Esta diferencia entre las dos curvas explica buena parte del desafío previsional de Uruguay: durante varias décadas crecerá el número de personas que reciben prestaciones mientras comienza a reducirse la población que potencialmente puede financiarlas mediante sus aportes.

El envejecimiento cambia la estructura de la población uruguaya

Las proyecciones del INE ayudan a entender por qué ocurre este fenómeno. Uruguay tenía aproximadamente 553.000 personas de 65 años o más en 2024, equivalentes al 15,8% de la población.

Para 2070 serían alrededor de 990.000 personas y representarían el 32,5% de todos los habitantes del país. Es decir, prácticamente una de cada tres personas estaría dentro de ese grupo de edad.

Al mismo tiempo, la población de entre 15 y 64 años tendría un pequeño crecimiento hasta alcanzar aproximadamente 2,3 millones en 2033, para luego iniciar una trayectoria descendente y situarse en torno a 1,7 millones en 2070.

El problema previsional uruguayo es, por eso, mucho más demográfico que coyuntural. Incluso con buenos niveles de empleo formal, una población con menos nacimientos y mayor esperanza de vida modifica progresivamente la proporción entre quienes trabajan y quienes han terminado su vida laboral.

El déficit podría superar el 3% del PIB

La consecuencia aparece con claridad en las proyecciones financieras del BPS. El organismo estima que en 2030 los ingresos correspondientes a los regímenes de vejez, invalidez y sobrevivencia representarían aproximadamente 8,5% del producto interno bruto, mientras los egresos estarían próximos a 8,8%. El déficit sería, por tanto, de alrededor de 0,3% del PIB.

Hacia 2040 la diferencia prácticamente desaparecería. Después volvería a crecer. Las proyecciones sitúan el déficit alrededor de 0,8% del PIB en 2050, 1,64% en 2060 y 2,55% en 2070. El máximo se alcanzaría aproximadamente en 2080, cuando la brecha llegaría a 3,04% del PIB.

Incluso en 2100, el escenario central continúa mostrando un resultado negativo cercano a 2,57% del PIB. El BPS concluye en su estudio actuarial que los regímenes analizados no alcanzan por sí solos el equilibrio financiero de largo plazo, aunque el comportamiento varía sustancialmente dependiendo del período estudiado.

Eso no significa que las jubilaciones vayan a dejar de pagarse. Significa que una parte creciente del costo deberá cubrirse mediante transferencias públicas, impuestos u otras fuentes de financiamiento, salvo que futuras modificaciones cambien la trayectoria prevista.

La reforma previsional de 2023 enfrió un poco las cuentas, pero no cerró el problema

Uruguay modificó profundamente su seguridad social mediante la Ley 20.130, aprobada en 2023. Uno de sus cambios más importantes fue el aumento gradual de la edad normal de retiro para las generaciones más jóvenes.

La transición lleva progresivamente la edad de jubilación hasta los 65 años, aunque existen diferentes causales y situaciones particulares dependiendo de la historia laboral de cada persona.

Desde la perspectiva financiera, trabajar durante más años tiene un doble efecto: aumenta potencialmente el período durante el cual una persona realiza aportes y retrasa el momento en que comienza a recibir una jubilación.

Por eso, las proyecciones elaboradas después de la reforma muestran una mejora importante durante determinadas décadas. Sin embargo, la transformación demográfica continúa actuando en sentido contrario y vuelve a deteriorar las cuentas durante la segunda mitad del siglo.

La reforma, por tanto, redujo y desplazó parte de la presión financiera, pero no convirtió al sistema en estructuralmente autosuficiente.

Las AFAP agregan un segundo componente al sistema

Uruguay tampoco funciona exclusivamente mediante un régimen de reparto. Parte de los trabajadores acumula fondos mediante el sistema de ahorro individual obligatorio administrado por las AFAP.

Según información publicada por el Banco Central del Uruguay, en junio de 2026 el régimen tenía 1.762.659 afiliados. República AFAP concentraba aproximadamente 681.000, seguida por Itaú, Sura e Integración AFAP.

Este componente no elimina las obligaciones financieras del BPS ni neutraliza el envejecimiento poblacional, pero modifica la estructura del sistema porque una parte de las futuras prestaciones proviene del ahorro acumulado durante la vida laboral.

En términos prácticos, Uruguay combina transferencias entre generaciones y ahorro individual, además de prestaciones no contributivas financiadas con recursos públicos.

¿Está entonces en riesgo el sistema jubilatorio uruguayo?

Con los datos disponibles, no existe evidencia de una crisis inmediata que ponga en duda el pago de jubilaciones y pensiones. Uruguay mantiene una base elevada de cotizantes, un sistema institucional consolidado y diferentes mecanismos públicos y privados de financiamiento.

Pero eso no equivale a decir que el sistema esté financieramente resuelto. Las proyecciones oficiales advierten que el envejecimiento hará progresivamente más exigente financiar las prestaciones. Si las tendencias demográficas actuales se mantienen, en las próximas décadas disminuirá el número de cotizantes y aumentará durante un período prolongado la cantidad de pasivos.

El riesgo principal no es, por tanto, un escenario repentino de impago. Es una presión fiscal creciente y sostenida, porque el Estado deberá decidir qué volumen de recursos públicos destina a cubrir la diferencia entre las contribuciones recibidas y las prestaciones pagadas.

Un sistema sólido hoy y exigido mañana

La conclusión que surge de los datos oficiales admite pocas simplificaciones. El sistema jubilatorio uruguayo continúa siendo sólido desde el punto de vista institucional y operativo, pero enfrenta un problema financiero estructural que se vuelve más visible cuanto más largo es el horizonte analizado.

El desafío tampoco termina en conseguir recursos para pagar las jubilaciones. Cada peso adicional destinado a cubrir un déficit previsional compite potencialmente con otras prioridades del Estado, como salud, educación, primera infancia, vivienda o infraestructura.

Uruguay consiguió con la reforma previsional reducir parte de las presiones que aparecían en las proyecciones anteriores. Pero ninguna reforma elimina el fenómeno que está detrás de buena parte del problema: el país tendrá más adultos mayores, vidas más largas y proporcionalmente menos personas en edad de trabajar.

Por eso, la discusión previsional no puede darse únicamente cuando aparece una urgencia fiscal. Las cifras del BPS y del INE muestran que se trata de una discusión que acompañará a Uruguay durante las próximas décadas.