Llamados del Mides y el MEF exigen empresas unipersonales pero sin aporte a Caja de Profesionales

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) manifestó su molestia por convocatorias laborales del gobierno que, mediante la exigencia de empresas unipersonales registradas en el Banco de Previsión Social (BPS), derivan aportes que deberían ingresar a la institución.

La situación fue tratada en las dos últimas sesiones de agosto del directorio y agrava un problema estructural: la Caja de Profesionales no logra captar nuevos aportantes activos en un contexto financiero complejo para la institución.

El presidente del organismo, el odontólogo Andrés Pérez, señaló en una de esas sesiones que los llamados piden expresamente empresas unipersonales debidamente registradas en el BPS para desarrollar tareas profesionales. “Se trata de organismos públicos estatales pidiendo estos servicios”, afirmó Pérez durante la sesión. La directora Elizabeth Alberto agregó que la institución había recibido varias consultas de particulares acerca de las convocatorias.

“Me refiero a llamados realizados por el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) buscando profesionales que cumplan tareas, pero con una empresa unipersonal registrada”, indicó Alberto. El vicepresidente Fernando Rodríguez Sanguinetti fue más categórico: “Es el Estado violando la norma”.

Los llamados que encendieron la alerta en la Caja de Profesionales

El llamado del Mides fue abierto en junio de este año. El ministerio comunicó la necesidad de contratar dos consultores individuales valoradores para “valorar la necesidad de apoyo de potenciales beneficiarios de los servicios de cuidados gestionados por el área de implementación y seguimiento de la Secretaría Nacional de Cuidados”, según consta en las bases del llamado.

El salario fijado fue de $ 77.412 más IVA. Los interesados debían ser profesionales universitarios egresados de psicología, trabajo social y sociología, requisito planteado como excluyente.

Otro llamado fue realizado por el Ministerio de Economía (MEF) en agosto. En ese caso se solicitaron dos consultores técnicos en informática para trabajar en el Instituto Nacional de Estadística (INE). La remuneración ofrecida fue de $ 129.298 más IVA por 30 horas semanales. En ambos casos, los profesionales contratados facturan como unipersonales, lo que implica que sus aportes se dirigen al BPS y no a la Caja de Profesionales.

Pérez explicó que de acuerdo a la ley “los profesionales que ejercen tarea liberal tienen que aportar a la Caja”. Y añadió: “Se puede tener una empresa unipersonal para servicio de limpieza o mantenimiento; las unipersonales facturan servicios, pero no profesionales”. El directorio envió una nota a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) comentando la situación y solicitó a los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio que hicieran gestiones para corregirla.

El telón de fondo: seis años de déficit

La molestia por los llamados se produce en un escenario financiero crítico. La Caja de Profesionales acumuló en 2025 un déficit de $ 1.247,1 millones, equivalentes a US$ 31,9 millones, según los estados financieros auditados por la consultora Crowe. Con ese resultado, la institución completó seis años consecutivos de pérdidas.

En 2025, la Caja recibió una asistencia financiera del Estado y una mayor contribución de jubilados por un aumento de la aportación, ingresos extraordinarios por un total de $ 2.530,7 millones. La Ley 20.410, aprobada en julio del año pasado, fijó entregas mensuales de $ 218 millones a partir de julio de 2025 y una partida adicional anual de $ 665 millones. Pese a esa inyección, el resultado siguió siendo negativo.

El problema de fondo es la caída de aportantes activos

Al cierre de 2024, los afiliados activos fueron 63.601, una baja interanual de 1,2% respecto a los 64.350 de 2023. En paralelo, los jubilados aumentaron 5,4% y pasaron de 14.884 a 15.692. Pero el dato más preocupante es el de las declaraciones de no ejercicio: en 2024 se registraron 109.719 profesionales en esa condición, con un aumento interanual de 6,6%. Al año siguiente, en 2025, la cifra ascendió a 116.631, con un incremento también del 6,6%.

Entre los profesionales que declararon no ejercicio en 2024, los contadores lideran la lista con 21.712 casos, seguidos por enfermeros con 8.403, psicólogos con 7.763, ingenieros industriales con 7.161 y médicos con 6.877. También presentaron declaración de no ejercicio 6.756 abogados, 5.273 egresados de ciencias de la comunicación, 4.507 ingenieros agrónomos, 4.034 profesores de educación física y 3.931 arquitectos.

Una recomendación que ya estaba sobre la mesa

El problema de los profesionales que facturan como unipersonales para el Estado no es nuevo. La Comisión de Expertos que analizó la reforma de la Caja, cuyo informe final se conoció en mayo, mencionó en sus comentarios finales —compartidos por representantes del Poder Ejecutivo y de la institución— que debe mejorarse “la fiscalización y tomar acciones pertinentes para que los profesionales que ejercen en forma independiente coticen en la Caja, tal como corresponde de acuerdo con el marco legal vigente, procurando evitar la aportación como unipersonales en el ámbito de afiliación de BPS”.

La discusión sobre el financiamiento de la Caja también incluye otros frentes abiertos. En agosto, el directorio presentó una nueva propuesta al Poder Ejecutivo sobre el financiamiento de la institución, y el presidente Pérez advirtió que el retraso por no cobro de timbres asciende a US$ 600 millones. Además, desde enero rige una nueva escala de aportes: la tasa para profesionales activos pasó de 18,5% a 20,5%, con subas sucesivas previstas hasta 22,5% en 2028.