Ciudadanos estadounidenses están destruyendo las cámaras de Flock Safety y este es el motivo

Las cámaras de Flock Safety no han sido declaradas globalmente ilegales, pero su uso masivo genera intensos debates legales y éticos porque crean bases de datos privadas que rastrean los movimientos de los ciudadanos en la vía pública sin una orden judicial, un hecho inconstitucional en dicho país y también en China.

En varias ciudades estadounidenses, los triunfos ciudadanos contra la firma de videovigilancia Flock Safety se están topando con una realidad incómoda: apenas cae un proveedor, otro toma su lugar. O peor: las cámaras originales simplemente no se retiran.

El festejo que duró apenas unos meses

En Colorado, los activistas creyeron que tenían motivos para celebrar. En diciembre, el concejo municipal de Longmont resolvió dejar vencer el contrato con Flock Safety. Sin embargo, la alegría se apagó pocos meses después, cuando esos mismos legisladores votaron a favor de contratar a un nuevo proveedor para instalar lectores automáticos de matrículas (ALPR, por su sigla en inglés) en las calles de la ciudad.

«Esperaban que nos fuéramos, pero hay mucha gente en nuestro grupo —yo incluido, hasta cierto punto— que quisiera ver estas cámaras desaparecer para siempre», señaló Andrew Palmer, vecino de Longmont. Él y otros habitantes con la misma postura venían montados sobre la ola de rechazo que se extendió por todo el país contra estos dispositivos y su capacidad para seguir el movimiento de los vehículos.

Una red de rastreo que escanea miles de millones de matrículas

Flock Safety tiene más de 120.000 cámaras distribuidas en las rutas y calles de Estados Unidos, que escanean patentes miles de millones de veces por mes. Las agencias policiales locales sostienen que dependen de los ALPR para resolver delitos: los efectivos pueden rastrear esa información, incluso fuera de su propio estado, para dar con vehículos robados y personas desaparecidas.

Los defensores de la privacidad, en cambio, denuncian que Flock montó una verdadera red de captura indiscriminada. Las consultas no exigen una orden judicial, y las cámaras registran de forma rutinaria datos de autos manejados por personas que no están sospechadas de ningún delito. A esto se suma la preocupación por casos de policías que usaron la tecnología para intentar acosar a sus intereses amorosos, y por el hecho de que esos datos terminan en manos de las autoridades federales de control migratorio.

Según la organización nacional DeFlock, al menos 56 municipios desactivaron, cancelaron o rechazaron contratos con Flock durante este año. La empresa acusa el golpe: la semana pasada anunció cambios para responder a los cuestionamientos sobre privacidad y uso indebido, con políticas actualizadas en materia de auditoría, retención de datos y difusión de la información. Aun así, buena parte de los críticos que reclaman transformaciones considera que esas medidas son insuficientes.

El problema persiste aunque Flock se vaya

Lo llamativo es que, incluso en las ciudades que oficialmente se sacaron a Flock de encima, la vigilancia continúa. Aparece una nueva empresa de cámaras que ocupa el lugar vacante, o bien compañías privadas con dispositivos en sus predios que, ajenas a los vaivenes de los contratos municipales, dejan los equipos funcionando.

En ocasiones, es la propia Flock la que no retira sus cámaras a tiempo. Varias ciudades terminaron tapándolas con bolsas de basura y/o vandalizadas.

Cambiar de proveedor sin cambiar el fondo

La mayor parte de la mala prensa sobre los ALPR recayó sobre Flock, que es, por lejos, quien posee y opera la mayor cantidad de estos aparatos en el país. Pero los críticos temen que las ciudades estén reemplazando a un proveedor por otro sin tocar los problemas de fondo vinculados a la privacidad de los datos y la vigilancia.

Conocé más sobre qué opinan los ciudadanos estadounidenses sobre los sistemas de vigilancia ultraconectados que están avanzando sobre sus derechos a la privacidad, en este video (en inglés, puedes activar subtitulos de youtube):

En Longmont, Palmer no salía de su asombro por la velocidad con que la ciudad avanzó para sustituir los lectores de Flock por los de Axon, una empresa de tecnología policial todavía más grande, que además fabrica las pistolas Taser. El contrato de los ALPR de Axon aún no está cerrado, aunque se espera que el concejo siga adelante tras haber aprobado las cámaras por unanimidad en marzo. Los legisladores incorporaron exigencias adicionales en materia de protección de datos, transparencia y una evaluación al cabo de un año.

Axon, valuada en 48.000 millones de dólares y fabricante de todo tipo de tecnología para las fuerzas de seguridad, sacó provecho de los problemas de imagen de Flock: entró a reemplazar a su competidor en al menos siete municipios de cinco estados distintos.

«Eso no es una casualidad», afirmó Chad Marlow, asesor sénior en políticas de la ACLU. «Sin dudas los hemos visto acechando en las sombras, esperando a que Flock fracase para después meterse a toda prisa».

La propia Axon dejó entrever ante sus inversores que los tropiezos de Flock le convienen. «Estamos escuchando directamente de los clientes —algunos de los cuales llegaron a nosotros desde otros proveedores— que nuestra trayectoria en materia de privacidad y ética fue un factor decisivo en su elección», dijo Josh Isner, presidente de la compañía, durante una presentación de resultados en febrero.

Esos fueron, justamente, los argumentos que esgrimieron la policía de Longmont y las fuerzas de otras ciudades para elegir a Axon después de Flock. Remarcaron que las políticas de Flock tendían a compartir los datos de manera más amplia con otras dependencias estatales. «Es el enfoque exactamente opuesto» con Axon, sostuvo Phil Piotrowski, subjefe de policía de Longmont. Cabe recordar que, la semana pasada, Flock anunció la incorporación de una herramienta sencilla para que la policía local bloquee a las agencias externas en búsquedas ligadas al control migratorio.

La policía de Longmont también destacó su vínculo de décadas con Axon, que ya le provee Taser, cámaras corporales y un repositorio para almacenar evidencia digital.

Palmer y sus vecinos habrían querido tener la oportunidad de cuestionar las afirmaciones policiales sobre los ALPR de Axon —entre ellas, si la ciudad era realmente dueña de los datos— durante una breve presentación previa a la votación. Pero, según los activistas, no hubo margen para hacerlo hasta que la moción ya estaba aprobada.

«No nos dieron ninguna oportunidad de refutar», le reprochó luego Palmer al concejo. Le siguió una fila de defensores de la privacidad desilusionados. Pavel Ivanov, vecino de origen ruso que siente que este tipo de vigilancia arruinó el país que dejó atrás, tomó la palabra: «Estoy absolutamente de acuerdo». Kellen Lask, ingeniero de software, se quejó: «Normalmente tengo días o semanas para hablar sobre un sistema como el de Axon», antes de instar a los concejales a exigirle al nuevo proveedor respuestas más firmes sobre cifrado y propiedad de los datos. Un timbre lo interrumpió.

Los expertos advierten que Axon no fue sometida al mismo escrutinio que Flock, una startup más nueva que promocionó fuerte su producto, a contramano del perfil bajo de su competidora. Los analistas sostienen, además, que la vasta infraestructura de Axon en los departamentos de policía de todo el país podría representar una amenaza de vigilancia considerable. Una plataforma impulsada por inteligencia artificial, llamada Fusus, combina las cámaras de Axon con otras fuentes de video, públicas o privadas, de la ciudad para «conectar los puntos a lo largo de todo tu ecosistema de datos», según indica el sitio de la empresa.

«Nunca antes tuvimos eso: el poder de la inteligencia artificial y el poder de vincular todas estas cosas entre sí», explicó Andrew Ferguson, profesor de derecho en la Universidad George Washington. «Si solo te enfocás en una herramienta y en una empresa, y no en un sistema de vigilancia… entonces te estás perdiendo el panorama más grande. Es importante que, si las comunidades cancelan sus contratos, no se apuren a contratar a un proveedor distinto». Axon tampoco respondió antes del cierre.

El caso de persecución a una mujer sospechosa de realizarse un aborto en Texas (donde no hace mucho volvió a ser ilegal, retrocediendo en materia de derechos humanos) y que fue vigilada ilegalmente por 83.0000 cámaras de Flock

Un alarmante caso de vigilancia digital masiva sobre un caso de aborto encendió las alarmas de las organizaciones de derechos civiles en los Estados Unidos, exponiendo la vulnerabilidad de la privacidad ciudadana frente a las tecnologías de rastreo policial.

Un agente de la oficina del sheriff del condado de Johnson, Texas, utilizó una red nacional de cámaras inteligentes para localizar el vehículo de una mujer bajo la sospecha de haberse sometido a un aborto. El oficial ingresó de forma explícita la frase «tuvo un aborto, buscar mujer» en la base de datos de la empresa de seguridad Flock Safety.

El sistema activó de inmediato un rastreo automático a través de más de 83.000 cámaras lectoras de patentes (ALPR) a lo largo de todo el país. La búsqueda afectó incluso a estados como Illinois y Washington, donde el aborto es legal y existen leyes que prohíben compartir datos de tránsito para perseguir la salud reproductiva.

¿Por qué este accionar vulnera la Constitución?

Expertos legales y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la American Civil Liberties Union (ACLU) señalan que este tipo de rastreo viola principios constitucionales fundamentales:

Violación de la Cuarta Enmienda (Privacidad y debido proceso): La Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE. UU. protege a los ciudadanos contra registros e incautaciones arbitrarias por parte del Estado. Al utilizar una red automatizada para reconstruir los movimientos históricos y geográficos de una persona sin una orden judicial de cateo (warrant) respaldada por un juez, la policía actuó fuera del debido proceso legal.

Abuso de la «Causa Probable»: El oficial inició una «investigación de muerte de un feto no viable» basada puramente en sospechas, sin pruebas delictivas sólidas. Acceder al historial de viajes de un ciudadano para «pescar» evidencia viola la exigencia constitucional de tener una causa probable bien delimitada antes de invadir la privacidad individual.

Violación de la Soberanía Estatal e Invasión Extraterritorial: La búsqueda vulneró las leyes de estados soberanos. Por ejemplo, Illinois cuenta con normativas estrictas que prohíben que sus cámaras rastreen a personas perseguidas por motivos de aborto en otros estados. Al saltarse de forma digital las fronteras estatales mediante una red privada, la policía de Texas ejerció una jurisdicción ilegal sobre territorios donde dicha conducta no constituye ningún delito.

El caso provocó fuertes reclamos para regular de forma estricta las herramientas de inteligencia artificial policial, demostrando que las redes de vigilancia masiva ya no solo persiguen delitos graves, sino que pueden ser utilizadas para criminalizar decisiones médicas íntimas

Ciudades que lidian con el avance silencioso de la vigilancia

A unos 64 kilómetros de Longmont, Denver aprobó en marzo cambiar las cámaras de Flock por las de Axon, que almacenarán los datos durante 21 días, por debajo del período estándar de 30 que maneja la empresa. Flock también solía guardar la información por 30 días, pero la redujo a una semana dentro de sus cambios operativos de la semana pasada.

Para William Beckett, vecino de Denver, el cambio no cambia demasiado: «Seguimos registrando cada una de las patentes que pasa, sin importar si hay sospecha de un delito o sin necesidad de una orden judicial».

En la costa este, Syracuse (Nueva York) también sustituyó los ALPR de Flock por los de Axon. Dos activistas locales aseguran que quieren prohibir todos los ALPR. «A Flock la convirtieron en la villana de esto. No es solo Flock: es la idea de que estamos siendo sobrevigilados», dijo Gen Garcia, presidente del comité de solidaridad internacional del DSA de Syracuse. Presentaron un pedido de acceso a la información para conocer el nuevo contrato, pero todavía no lo recibieron.

Los activistas de Syracuse creen que las cámaras instaladas por privados, como un local de Lowe’s y otro de Home Depot, no se ven afectadas por la salida de Flock. Buscan que los funcionarios electos prohíban del todo las cámaras de la empresa o, al menos, la obliguen a orientarlas lejos de la vía pública. También remarcan que pasaron más de tres meses desde que los legisladores descartaron a Flock hasta que se retiraron las cámaras de suelo municipal: según el medio local Central Current, la policía de Syracuse «procedió a desenchufar» los dispositivos luego de que venciera, sin respuesta, el plazo de mayo que tenía la empresa para retirarlos.

Dos ciudades de Wisconsin, Oshkosh y Verona, atravesaron problemas parecidos para que Flock recogiera sus cámaras tras cancelar el contrato. En Oshkosh, los lectores siguen instalados cuatro meses después de rescindido el acuerdo, según la vecina y activista Cari Tetzlaff, quien apunta que la empresa gastó dinero en enviar empleados a defenderse en las comisiones municipales, «y sin embargo no pueden mandar a un empleado a retirar estas cámaras».

Ante la inacción de Flock, la ciudad mandó a su propio personal a tapar las cámaras con bolsas de residuos. La idea de enceguecerlas surgió después de escuchar a comunidades vecinas que enfrentaban el mismo problema. Evanston (Illinois) y Dayton (Ohio) recurrieron a la misma solución. «Parece una negligencia que Flock deje sus cámaras montadas en ciudades que no las quieren», dijo Tetzlaff. «Tuvimos muchas tormentas este verano. Las bolsas de basura pueden volarse».

El futuro del movimiento contra la vigilancia

Para la ACLU, el estándar de oro para proteger la privacidad de los conductores es, lisa y llanamente, no usar ALPR. Entre los mejores resguardos figuran la exigencia de orden judicial y límites estrictos al tiempo de almacenamiento de los escaneos. New Hampshire, por ejemplo, fija un tope de retención de tres minutos. Los defensores señalan que a la policía no le hacen falta más que unos pocos minutos para comparar patentes contra la «hotlist» de sospechosos de Flock, o para localizar matrículas puntuales que ya tenía en la mira.

«Cuanto más tiempo conservás los datos, más tiempo tienen valor predictivo», advirtió Daniel Schwarz, de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York. «Todos nos movemos según ciertos patrones».

El impulso a nivel local todavía no se tradujo en una ley federal, aunque el Congreso analiza proyectos que apuntan a restringir y regular el uso de los ALPR.

Mientras tanto, numerosas ciudades del país intentan crear juntas locales de revisión transparentes, encargadas de evaluar los usos actuales y propuestos de las cámaras de vigilancia y otras tecnologías. Según la ACLU, más de dos docenas de municipios —sobre todo en California y Massachusetts— ya cuentan con acuerdos de este tipo.

En Longmont, Palmer planea postularse para integrar una nueva junta ciudadana de asesoramiento tecnológico, que el concejo discutió en junio pero que aún no formalizó. Si bien ese organismo solo podría asesorar a los funcionarios electos, los activistas confían en que el escrutinio público resulte eficaz y ya planean llenarlo de expertos en tecnología y especialistas en ética.

La militancia promete seguir apretando, aunque lamenta no haber pensado en grande desde el principio. Shakeel Dalal, vecino de Longmont, lo resumió así: «Algo que ojalá hubiéramos hecho con más eficacia desde el comienzo era dejar en claro que no se trata solo de Flock, se trata de la gobernanza de los datos. Y creo que, si hubiéramos transmitido ese mensaje con mayor claridad, quizás hoy estaríamos en un lugar distinto al que estamos».