El “efecto Maricarmen”: Pedro Sánchez disolvió el Congreso, que bloqueó sus intentos de mejorar acceso a la vivienda

Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales.

España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento.

Toca movilizarse.
Toca pelear.

El 29 de noviembre vamos a hacer historia. Otra vez.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. La decisión llega después de que el Congreso de los Diputados rechazara el viernes los dos reales decretos-ley con los que el Ejecutivo pretendía hacer frente a la crisis de vivienda, y tras un fin de semana de movilizaciones ciudadanas en toda España.

“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, afirmó Sánchez durante su comparecencia. El presidente reconoció errores: “Sé que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto”. Y añadió: “Es verdad que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, los servicios públicos y del acceso a la vivienda”.

Una derrota parlamentaria de alto impacto

La caída de los decretos en el Congreso fue el detonante inmediato del adelanto electoral. El primero de los textos, que incluía la suspensión de los desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencían antes de 2028, aumentos de impuestos para los apartamentos turísticos y una restricción a la compra de propiedades residenciales por parte de los llamados “fondos buitre”, fue rechazado por 178 votos contra 172. El segundo decreto, que recogía únicamente la renovación automática de los contratos de alquiler, cayó por 184 votos contra 166.

El Partido Popular y Vox ya habían anticipado su voto en contra. La puntilla la dio Junts per Catalunya, cuya ejecutiva, presidida por Carles Puigdemont, adoptó por unanimidad la decisión de tumbar ambas iniciativas. La formación catalana argumentó que las medidas producirían “el efecto contrario al previsto”, reduciendo la oferta de vivienda y elevando los precios, y criticó que la normativa no frenaba realmente a los fondos buitre.

El caso Maricarmen: la chispa de las protestas

Detrás del colapso parlamentario hay un nombre propio: Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que había vivido de alquiler durante siete décadas en el centro de Madrid, tras no poder afrontar un fuerte aumento del alquiler. Aunque días después se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria para que pudiera regresar, las imágenes de Abascal saliendo en camilla conmocionaron al país y desencadenaron una ola de protestas que derivó en una acampada en la Puerta del Sol el pasado 26 de septiembre.

Los manifestantes exigen alquileres más bajos, el fin de los desalojos y la prohibición de que los fondos de inversión compren propiedades. La presión social no ha cesado tras el anuncio electoral: los acampados en Sol han recibido la convocatoria con una sensación “agridulce”, conscientes de que sus demandas quedan ahora en suspenso hasta la formación del nuevo Gobierno.

Una crisis estructural con cifras contundentes

El problema de la vivienda en España trasciende el caso de Maricarmen. Según el informe de la Fundación FOESSA correspondiente a 2024, una de cada cuatro familias españolas afirmaba tener problemas para acceder o mantener su vivienda. El mismo informe señala que más de 4,6 millones de hogares sufrían dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en ese año.

Los datos judiciales confirman la magnitud del fenómeno. En el primer trimestre de 2026 se practicaron 4.005 desahucios en España, una media de 44 al día, según el Consejo General del Poder Judicial. De ellos, el 65% estaban relacionados con el alquiler y no con hipotecas, una tendencia que se ha consolidado desde 2016.

A estas cifras se suma un déficit estructural de aproximadamente 750.000 viviendas, reconocido por el propio Banco de España y recogido en el preámbulo del decreto ahora derogado. El principal partido de la oposición, el PP, cifra en 272.000 los desahucios producidos durante los ocho años de Gobierno de Sánchez y en 300.000 las viviendas de alquiler que han desaparecido del mercado en ese periodo.

Las medidas que no llegaron a consolidarse

El decreto más ambicioso establecía una prohibición temporal hasta el 31 de diciembre de 2028 para que determinados fondos de inversión adquirieran viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. Sin embargo, la letra pequeña del texto excluía las operaciones destinadas a vivienda habitual a precio asequible o social durante al menos cinco años, así como las adquisiciones por entidades del tercer sector o para víctimas de violencia de género. Junts consideró que estas excepciones vaciaban de contenido la norma y permitían a los fondos seguir operando con normalidad.

El segundo decreto, más modesto, se limitaba a garantizar la renovación automática de los contratos de alquiler, una demanda histórica del Sindicato de Inquilinos que tampoco prosperó.

Reacciones políticas: del “por fin” al “no vender la piel del oso”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró el adelanto electoral: “Por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles”. Fue más allá al afirmar que “no son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa”.

Desde Vox, Santiago Abascal adoptó un tono más cauteloso: “Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo”. Recordó que en 2023 las encuestas también auguraban un cambio de Gobierno y finalmente Sánchez reeditó la coalición.

La izquierda del PSOE, representada por Sumar, se posicionó de inmediato para la contienda: “Estamos listas y somos más. El próximo 29 de noviembre el Frente Amplio es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna”.