Economistas progresistas plantean nuevas recetas contra la desigualdad, la crisis de vivienda y el impacto de la IA

La concentración de la riqueza, el encarecimiento de la vivienda, la transición climática y el avance de la inteligencia artificial están reabriendo un debate que durante décadas parecía resuelto: cuánto debe intervenir el Estado en la economía y quién debe asumir los costos de las grandes transformaciones económicas.

Algunos de los economistas progresistas más influyentes del mundo están proponiendo respuestas que van mucho más allá de aumentar el gasto social. Sus planteos incluyen reformas tributarias, política industrial, inversión pública estratégica, vivienda estatal, fortalecimiento de la negociación salarial y nuevas reglas para repartir los beneficios generados por la tecnología.

Piketty propone vincular desigualdad y crisis climática

Una de las propuestas más ambiciosas procede del Global Justice Project, elaborado por Thomas Piketty junto con decenas de investigadores. Su punto de partida es que el cambio climático y la desigualdad económica no deberían abordarse como fenómenos separados.

El proyecto plantea que una transición ecológica políticamente sostenible necesita distribuir de manera diferente tanto los ingresos como el costo de reducir las emisiones contaminantes. El precedente que preocupa a Piketty es el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, originado después de que un impuesto a los combustibles fuera percibido como especialmente perjudicial para las clases trabajadoras.

La propuesta contempla reformas profundas del sistema financiero internacional, mayor inversión en educación y sanidad, impuestos más elevados para los sectores de mayor riqueza y mecanismos globales de redistribución que faciliten la transición energética de los países con menos recursos.

Su objetivo de largo plazo es especialmente ambicioso: mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de dos grados mientras aumenta sustancialmente el ingreso de la mayoría de la población y disminuye el tiempo dedicado al trabajo.

Milanovic: los problemas económicos no pueden analizarse por separado

Branko Milanovic, especialista internacional en desigualdad económica, considera que el principal mérito de este enfoque no está necesariamente en aceptar literalmente cada una de sus metas cuantitativas, sino en demostrar que impuestos, emisiones, distribución de riqueza, salud y educación forman parte de un mismo problema.

Milanovic sostiene que el Global Justice Project constituye “una muy buena primera aproximación para integrar los diferentes aspectos del problema” y destaca su utilidad como “esquema para el pensamiento futuro”.

Su razonamiento implica un cambio importante frente a las políticas económicas tradicionales: la desigualdad entre países, la desigualdad interna y la crisis climática no serían tres debates independientes, sino dimensiones de un mismo modelo productivo y distributivo.

Mazzucato reclama un Estado que dirija inversiones

Mariana Mazzucato propone una transformación diferente. Su argumento es que muchos gobiernos redujeron durante décadas su capacidad para orientar la economía, limitándose a corregir los problemas generados posteriormente por los mercados.

La economista de University College London defiende lo que denomina una política económica basada en “misiones”. El Gobierno establece objetivos concretos —por ejemplo, descarbonizar una industria— y utiliza inversión pública, crédito, investigación y contratación estatal para orientar también las decisiones de las empresas privadas.

Mazzucato resume esa filosofía al sostener que los gobiernos no deberían limitarse a “poner tiritas allí donde los mercados provocan daños”, sino participar en la creación de valor y establecer condiciones desde el comienzo.

El modelo no supone simplemente entregar subsidios. Una empresa que reciba financiación pública, por ejemplo, podría quedar obligada a reducir su consumo de materiales, invertir en tecnologías limpias o cumplir determinados objetivos sociales.

Rodrik mira hacia la política industrial verde de China

Dani Rodrik también cuestiona la idea de que el mercado pueda resolver por sí solo los grandes desafíos tecnológicos y ambientales. El profesor de Harvard observa particularmente la experiencia de China, donde la expansión de las energías renovables estuvo acompañada por una política industrial deliberada.

Rodrik destaca que el desarrollo de paneles solares, baterías y energía eólica no se explica únicamente por subsidios. También influyeron las compras estatales, las empresas públicas, el financiamiento y numerosos experimentos industriales, algunos de los cuales terminaron fracasando.

Ese último elemento resulta importante. Según su planteo, una política industrial eficaz necesita aceptar que no todos los proyectos financiados funcionarán. El criterio debería ser evaluar los resultados generales de una estrategia y no convertir cada fracaso individual en argumento para abandonar toda intervención pública.

Acemoglu advierte contra una automatización demasiado rápida

La inteligencia artificial incorpora otra dimensión al debate. Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía y profesor del MIT, advierte que sustituir empleados por sistemas automáticos no garantiza necesariamente mayores niveles de productividad.

El economista utiliza el concepto de “automatización mediocre” para describir tecnologías que reemplazan trabajadores sin producir mejoras suficientes que compensen sus consecuencias económicas.

Acemoglu ha señalado además una posible distorsión tributaria. Una investigación publicada en 2020 junto con Andrea Manera y Pascual Restrepo estimó que las empresas estadounidenses enfrentaban un tipo efectivo de alrededor de 25% sobre el trabajo, frente a aproximadamente 5% sobre el capital. Esa diferencia, sostiene, puede crear incentivos artificiales para automatizar.

Su propuesta pasa por eliminar esos sesgos antes que intentar determinar desde el Estado qué herramientas de inteligencia artificial son buenas o malas.

¿Debería el Estado participar en empresas de inteligencia artificial?

Acemoglu tampoco descarta analizar modelos donde los gobiernos participen financieramente en determinadas compañías de IA, especialmente si estas tecnologías terminan generando enormes incrementos de productividad y concentración de riqueza.

Pero también advierte sobre los riesgos. Un Estado accionista de una empresa podría tener dificultades para actuar con neutralidad cuando deba elegir proveedores o regular a sus competidores.

Por esa razón, Acemoglu considera que cualquier esquema de participación pública tendría que evaluar cuidadosamente sus efectos sobre la competencia empresarial y la independencia regulatoria.

Banerjee plantea prepararse para trabajar menos

Abhijit Banerjee, premio Nobel de Economía, introduce una pregunta todavía más profunda: ¿qué ocurrirá si la inteligencia artificial aumenta fuertemente la productividad pero reduce la cantidad de trabajo humano necesario?

Incluso si la tecnología complementa a los trabajadores en lugar de eliminarlos inmediatamente, recuerda Banerjee, la demanda de muchos servicios tiene límites. Que un contador pueda realizar una tarea veinte veces más rápido no significa que sus clientes necesitarán veinte veces más servicios contables.

Una posible respuesta sería aumentar la inversión en sectores en los que el componente humano continúa teniendo un valor especial, como el cuidado de personas mayores, la infancia, la educación y determinados servicios sociales.

Esto obligaría a pensar la transición tecnológica no únicamente como un problema de subsidios o renta básica, sino como una reorganización más amplia del mercado laboral.

Más poder negociador para que la productividad llegue a los salarios

Rodrik añade otra pieza al rompecabezas: aumentar la productividad no significa automáticamente aumentar los salarios.

La digitalización permitió que sectores como el comercio, el transporte o la entrega de alimentos operaran de manera más eficiente. Sin embargo, parte de esas ganancias quedó concentrada en plataformas y empresas sin trasladarse proporcionalmente a los trabajadores.

Entre las soluciones señaladas por Rodrik aparecen la negociación colectiva y los convenios sectoriales, además de dar preferencia en contratos públicos a empresas que adopten mejores prácticas laborales.

Ha-Joon Chang pone el foco en la vivienda pública

La crisis habitacional constituye otro punto central de estas propuestas. Ha-Joon Chang, profesor de SOAS University of London, relaciona los altos precios inmobiliarios con el aumento de la desigualdad patrimonial.

Su argumento es que la enorme capacidad de compra de las grandes fortunas en el segmento inmobiliario superior termina ejerciendo presión también sobre otros niveles del mercado.

Chang señala como referencia el modelo de Singapur, donde el Estado tiene una presencia extraordinariamente elevada en el sistema habitacional. Según explicó, alrededor del 85% del mercado está gestionado mediante estructuras vinculadas al sector público, desde viviendas accesibles hasta inmuebles de categorías superiores.

La existencia de una alternativa pública considerable limita la capacidad de los desarrolladores privados para elevar indefinidamente sus precios, porque los compradores pueden desplazarse hacia la oferta estatal.

Inmigración, desigualdad y envejecimiento

Banerjee también cuestiona algunas de las ideas económicas utilizadas contra la inmigración. Según el economista, los inmigrantes suelen llegar en edades laboralmente activas y, por ese motivo, pueden aportar al sistema fiscal más recursos de los que reciben.

También sostiene que la evidencia disponible no confirma que la llegada de grandes cantidades de inmigrantes poco cualificados reduzca necesariamente los salarios de los trabajadores locales. Los nuevos habitantes no solo compiten por empleos: también consumen productos, alquilan viviendas, contratan servicios y crean empresas, aumentando la demanda económica.

Esta discusión gana relevancia en países con baja natalidad y envejecimiento demográfico, donde una reducción prolongada de la población activa puede incrementar la presión sobre los sistemas de jubilaciones.