La Justicia brasileña anula ley que buscaba darle impunidad a Bolsonaro

El proceso legislativo en torno al proyecto conocido como “Ley de Dosimetría” (PL 15.402/2026) concluyó con su promulgación por parte del Congreso, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intentara bloquearlo. Días después, el Supremo Tribunal Federal (STF) emitió una suspensión cautelar que impide la aplicación de la norma hasta que el pleno del tribunal se pronuncie sobre su constitucionalidad.

La ley modificó las reglas de cálculo de condenas aplicables a los crímenes cometidos durante los ataques golpistas del 8 de enero de 2023. Entre sus disposiciones se encuentra la no acumulación de penas para los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado” si ocurren en un mismo contexto, aplicando únicamente la pena más grave. También establece una reducción de entre uno y dos tercios para condenados que hayan actuado en un “contexto masivo”, excepto aquellos considerados líderes o financistas del movimiento.

 

Una ley que favorecía a Bolsonaro explícitamente

El impacto directo de la ley sobre la situación del expresidente Jair Bolsonaro fue señalado por analistas. Su condena actual, que asciende a “27 años y 3 meses”, habría quedado reducida a “entre 2 y 4 años” si la norma se aplicara de inmediato, además de un régimen penitenciario menos estricto. Esta modificación abriría la vía para la revisión de miles de procesos vinculados a los disturbios en Brasilia.

El 8 de enero de 2026, el presidente Lula ejerció su facultad de veto total sobre el proyecto. En su argumentación señaló que la ley “incrementaría la incidencia de delitos contra el orden democrático”, considerándola “un retroceso inaceptable”. El veto fue enviado al Congreso Nacional para su ratificación o anulación.

El Congreso rechazó el veto de Lula, pero la Justicia le dio la razón

El Congreso, sin embargo, rechazó el veto presidencial con votaciones contundentes. En la Cámara de Diputados se registraron “318 votos a favor y 144 en contra” de anular el veto, mientras que en el Senado la votación fue de “49 votos a favor y 24 en contra”. Tras este resultado, el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, promulgó la ley directamente “el 8 de mayo de 2026”, convirtiéndola en norma vigente a pesar de la objeción del ejecutivo.

 

El 9 de mayo de 2026, el ministro del STF Alexandre de Moraes, quien instructor del caso contra Bolsonaro, concedió una medida cautelar. Dicha medida determinó la suspensión inmediata de la aplicación de la ley hasta que el pleno del Supremo Tribunal Federal analice su compatibilidad con la Constitución.

 

La decisión respondió a acciones legales presentadas por los partidos de izquierda PSOL y Rede, que cuestionan la constitucionalidad de la norma. Moraes argumentó que se requiere un pronunciamiento colegiado para evitar decisiones contradictorias en los procesos en curso. El magistrado considera que la nueva ley constituye “un hecho procesal nuevo y relevante” que debe influir en la resolución de las solicitudes presentadas por las defensas de los condenados.

 

Lo que sigue para esta controversial ley

Mientras la suspensión cautelar permanezca activa, los abogados de los condenados no pueden solicitar la revisión de las penas bajo los términos de la Ley de Dosimetría. La situación actual mantiene en suspenso la eventual reducción de condenas que la norma habría facilitado, incluyendo la del expresidente Bolsonaro.

El pleno del STF aún debe fijar fecha para juzgar el fondo del asunto. Las opciones son declarar la inconstitucionalidad total o parcial de la ley, o validarla, lo que restablecería sus efectos.

Hasta entonces, Jair Bolsonaro, de 71 años, continúa cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario por razones de salud, tal como se registró en el informe judicial previo a la promulgación de la norma.