La difícil posición del doble rechazo: ¿ni con Maduro, ni con la intervención estadounidense?

Por Carlos Loría, redactor periodístico

La posición política más incómoda, pero quizás más basada en principios democráticos, en el complejo laberinto venezolano es la del doble rechazo. Se trata de una postura que, lejos de ser una contradicción o un acto de equidistancia débil, surge de una defensa coherente y a menudo dolorosa de principios universales.

Por un lado, existe un rechazo profundo y bien fundamentado hacia lo que muchos consideraron por décadas un régimen dictatoria, el de Nicolás Maduro, responsable de una de las crisis humanitarias y democráticas más graves en la historia reciente de América Latina.

Por el otro, existe un repudio igualmente firme hacia la reciente intervención militar y captura extraterritorial ejecutada por Estados Unidos, un acto que constituye una violación flagrante de la soberanía nacional y que repite los peores patrones del intervencionismo en la región. Sostener esta postura requiere navegar entre la condena a la opresión interna y la defensa del derecho inalienable a la autodeterminación, un camino estrecho pero necesario.

La legitimidad del rechazo a Maduro se encuentra en los hechos incontrovertibles de su gestión. Bajo su gobierno, Venezuela, un país de una riqueza potencial extraordinaria, ha sido sumida en una catástrofe multidimensional, resultado que se suma a la larga lista de sanciones impuestas por el mundo occidental, y cuyos efectos son inseparables en el sentido de saber hasta donde llegan los alcances de una cosa o de la otra.

La economía se ha contraído de manera brutal, con una hiperinflación que pulverizó salarios y ahorros, y una producción petrolera que se desplomó a menos de un tercio de sus niveles previos. Las consecuencias humanas de este colapso son aterradoras y se miden en rostros y éxodos. Según datos de organizaciones internacionales, más de 9.3 millones de venezolanos sufren inseguridad alimentaria, 7 millones requieren asistencia humanitaria urgente y aproximadamente 5.4 millones han huido del país, creando la mayor crisis migratoria que ha visto el continente.

Este sufrimiento masivo, sin embargo, no es el resultado de un desastre natural, sino de decisiones políticas, de una corrupción sistémica y de un modelo de gestión errático que ha priorizado el control del poder sobre el bienestar de la población. Todo esto, de nuevo, sumado a un bloqueo que tiene el mismo formato que el aplicado a Cuba desde la llegada de la Revolución Cubana, aunque menos extendido en tiempo y fuerza.

El gobierno de Maduro ha sido acusado de forma consistente y documentada de erosionar los pilares del Estado de derecho. Esto incluye la manipulación de los procesos electorales, la inhabilitación arbitraria de candidatos opositores, la persecución judicial de disidentes y la represión violenta de las protestas populares.

Instituciones que deberían ser contrapesos, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, han sido acusadas de ser cooptadas y alineadas con el Ejecutivo, bloqueando las vías democráticas para un cambio político. Las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor con el 51.2% de los votos frente al 44.2% de la oposición unificada, fueron ampliamente cuestionadas por observadores internacionales, quienes señalaron graves irregularidades y falta de garantías.

Por estas razones, la oposición interna y un sector significativo de la comunidad internacional han rechazado la legitimidad del régimen, un rechazo que es moral y políticamente justificable.

El rechazo a la intervención militar

Sin embargo, la respuesta a esta crisis por parte de Estados Unidos en enero de 2026 no constituye una solución legítima, sino una nueva y profunda vulneración. La operación militar que resultó en el ilegal secuestro de Maduro y su traslado forzoso a territorio estadounidense para ser juzgado es, simplemente, una invasión.

Este acto unilateral y violento pisotea la soberanía de Venezuela y el derecho internacional que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Como lo señaló con claridad el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esta acción representa una «grave afrenta a la soberanía» y sienta un «precedente peligrosísimo» que podría justificar intervenciones similares en cualquier país del mundo en el futuro.

Incluso líderes críticos con Maduro, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han tenido que aclarar que no reconocerán «una intervención que viola el derecho internacional«, separando así la crítica al régimen del aval a un método ilegal.

Este evento no es un incidente aislado, sino el capítulo más reciente de un manual de intervencionismo que Estados Unidos ha aplicado en América Latina durante décadas. De hecho, se trata de la sexta intervención militar directa en los últimos 75 años, una lista sombría que incluye la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba (1961), la invasión de República Dominicana (1965), la de Granada (1983), la de Panamá (1989) y la de Haití (1994).

Cada una de estas acciones fue justificada y excusada en su momento con retórica sobre supuesta democracia, seguridad o estabilidad, pero dejaron tras de sí un rastro de inestabilidad, resentimiento y muerte. La repetición de este patrón carga la acción actual con el peso de un histórico imperialismo, haciendo que para muchos latinoamericanos las declaraciones altruistas de Washington suenen huecas.

¿La libertad o el petróleo?

La sospecha de intereses geopolíticos y económicos ocultos se ve alimentada por las propias declaraciones de funcionarios estadounidenses. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, vinculó la captura de Maduro con beneficios para los ciudadanos de Estados Unidos y con el acceso a «riqueza y recursos adicionales«.

De manera más explícita, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos «dirigirá el país» y procederá a incautar las reservas de petróleo venezolanas para que corporaciones estadounidenses puedan «reconstruir» la industria. Esta lógica extractiva confirma, para muchos venezolanos como el residente Oscar Pino, que «a Estados Unidos no le interesa la libertad ni la democracia; le interesa nuestro petróleo», transformando la intervención en una operación de captura de recursos disfrazada de liberación.

Además, lejos de garantizar una transición pacífica, la intervención ha creado un vacío de poder lleno de incertidumbre y riesgo de mayor caos. Trump ha expresado abierta desconfianza hacia figuras de la oposición democrática venezolana, como María Corina Machado, afirmando que carece del respaldo necesario, y al mismo tiempo ha mantenido conversaciones con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta interina.

Esta aproximación contradictoria y arbitraria sugiere que el objetivo no es restaurar la soberanía del pueblo venezolano, sino instalar una administración afín a los intereses inmediatos de Washington, perpetuando la inestabilidad y posiblemente desencadenando un conflicto interno prolongado.

Por lo tanto, la posición del doble rechazo encuentra sustento en una pluralidad de voces que se resisten a elegir entre dos imposiciones. Se escucha en las calles de Caracas, donde ciudadanos que no son necesariamente chavistas gritan consignas contra lo que consideran un «secuestro» y una «invasión», exigiendo una prueba de vida de su presidente secuestrado (la cual ya fue dada: está arrestado en Nueva York y será juzgado). Resuena en las declaraciones de líderes mundiales que, sin blanquear los crímenes de Maduro, no pueden avalar la ley del más fuerte y la violación del derecho internacional.

Y late en el corazón del dilema de la oposición venezolana, que durante años luchó por una salida política y civil, y que ahora se ve forzada a navegar un escenario impuesto por una potencia extranjera con sus propios y dudosos intereses. El camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela no puede estar pavimentado con los escombros que deja una violación de su soberanía.

La salida a esta tragedia prolongada debe ser, inevitablemente, soberana. Debe emerger de un diálogo nacional inclusivo y de elecciones verdaderamente libres, supervisadas por la comunidad internacional pero no dirigidas por sus ejércitos. Defender este principio complejo y difícil—repudiar la opresión interna sin abrazar el intervencionismo externo—es la única manera de honrar un futuro donde Venezuela pueda, por fin, decidir su propio destino sin amos ni tutelajes.

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