Cientos de miles protestan en Brasil contra posible amnistía a Bolsonaro
Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. Pero, legisladores de derecha y ultraderecha buscan aprobar una ley para salvarlo de ir a la cárcel.
O Brasil inteiro nas ruas, gritando SEM ANISTIA PRA GOLPISTA! pic.twitter.com/pvgJo6ssbv
— PT Brasil (@ptbrasil) September 21, 2025
Durante el fin de semana del 20 al 22 de septiembre de 2025, el territorio brasileño fue escenario de una serie de manifestaciones ciudadanas de gran magnitud. La causa directa de la convocatoria fueron dos iniciativas legislativas que generaron un extendido rechazo en diversos sectores de la sociedad.
La primera de ellas es la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) denominada “Blindaje Parlamentario”, que tiene como objetivo ampliar las prerrogativas de inmunidad para miembros del Congreso, potencialmente dificultando procesos judiciales en su contra. La segunda es un proyecto de ley de amnistía que abriría la posibilidad de indultar a cientos de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciados por su involucramiento en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Esta iniciativa legislativa podría, en última instancia, beneficiar al propio Bolsonaro, quien días antes había recibido una condena de 27 años de prisión por liderar lo que la justicia categorizó como una asonada golpista contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La jornada del sábado 20 se caracterizó por una actividad organizativa y de preparación, sin registrarse concentraciones públicas de envergadura. No obstante, en plataformas digitales y medios de comunicación alternativos comenzó a observarse una circulación intensiva de convocatorias para las protestas del día siguiente. Este impulso se vio exacerbado por la reciente y rápida aprobación del proyecto de amnistía en la Cámara de Diputados.
El ambiente de tensión política fue en aumento, ante la percepción de que estas normativas, agrupadas por sus detractores bajo el apodo de “Ley de los Bandidos”, podrían ser aprobadas rápidamente por la mayoría conservadora que domina el legislativo.
La percepción generalizada entre los convocantes era que estas propuestas representaban un esfuerzo deliberado para consolidar un marco de impunidad para figuras políticas de ultraderecha y sus seguidores. La velocidad del trámite legislativo fue interpretada por amplios segmentos de la ciudadanía como una acción contraria a los principios de justicia y accountability democrática. La anticipación previa al domingo marcó un tono de creciente movilización digital que se materializaría en las calles horas después.
Un punto de inflexión en la escalada de la protesta social contra la impunidad
En São Paulo, los manifestantes desplegaron una bandera brasileña de proporciones gigantescas frente al Museo de Arte (MASP), en un acto descrito por los organizadores como un esfuerzo por rescatar los símbolos nacionales de la apropiación realizada por grupos bolsonaristas.
En Brasilia, una marcha recorrió la Explanada de los Ministerios con destino al Congreso Nacional. En ese lugar, la activista Aline Borges dirigió críticas directas a los legisladores, denominándolos “corruptos y asesinos disfrazados de políticos”. La adhesión de personalidades del ámbito cultural como la cantante Daniela Mercury y el actor Wagner Moura en Salvador añadió visibilidad mediática a los eventos.
El carácter de las protestas fue predominantemente pacífico, con una narrativa central enfocada en la defensa de la democracia y la soberanía nacional. La coordinación de la movilización involucró a una coalición de movimientos sociales, sindicatos, el Partido de los Trabajadores (PT) y organizaciones como el Movimiento de los Sin Tierra (MST). Una característica visual notable fue el uso predominante de camisetas de color rojo y banderas de Brasil, buscando distinguirse de la estética asociada a las manifestaciones bolsonaristas.
Las consignas más coreadas, incluyendo “¡Sin amnistía!” y “¡Congreso enemigo del pueblo!”, reflejaban el doble objetivo de rechazar la impunidad para los responsables del intento de golpe de Estado y las iniciativas legislativas percibidas como protectoras de la corrupción.
La presión ciudadana modifica el debate político nacional
Datos de opinión pública, como una encuesta de Datafolha publicada el 16 de septiembre, indicaban que el 50% de la población brasileña apoyaba la condena impuesta a Bolsonaro, frente a un 43% que se manifestaba en contra. Desde el poder ejecutivo, el presidente Lula reafirmó su intención de vetar el proyecto de amnistía si era aprobado por el Senado, argumentando que sería injustificable para crímenes que no son de naturaleza política.
En contraste, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, defendió la iniciativa como un gesto necesario para la “reconciliación nacional”, una postura que encontró un eco limitado fuera de su base de apoyo tradicional.
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