Una nueva agresión militar de EE.UU. a Venezuela: una flagrante violación a la soberanía

En septiembre de 2025, se registraron una serie de incidentes navales en aguas del Caribe que involucraron a fuerzas militares de Estados Unidos y embarcaciones presuntamente vinculadas a Venezuela. Estos eventos han generado un conflicto diplomático entre ambas naciones, con acusaciones mutuas y posturas diametralmente opuestas sobre la legalidad y justificación de las acciones ejecutadas. La situación se enmarca dentro de un contexto de creciente militarización en la región por parte de Washington.

El gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ha definido estas operaciones como intervenciones antinarcóticos dirigidas contra carteles de drogas. Por el contrario, la administración del presidente Nicolás Maduro en Venezuela las ha catalogado como agresiones ilegales y una violación directa a su soberanía nacional. La divergencia de narrativas se centra en la naturaleza de los blanco y la legalidad del uso de fuerza letal.

Trump apretó el botón rojo

El primer evento significativo ocurrió el 2 de septiembre. Las fuerzas armadas de EE.UU. ejecutaron lo que describieron como un «ataque cinético» contra una lancha en aguas internacionales del Caribe. Las autoridades estadounidenses alegaron que la embarcación transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos y que estaba operada por miembros del cartel Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Washington.

El presidente Trump anunció el ataque públicamente y compartió material audiovisual que mostraba la destrucción de la lancha. El resultado fue la muerte de 11 personas a bordo. No se reportó intento de abordaje o detención previo al ataque.

Dos días después, Venezuela respondió a este incidente desplegando dos aviones F-16 que sobrevolaron un destructor estadounidense ubicado en la zona. Esta acción fue interpretada como una demostración de fuerza y una protesta por lo que Caracas consideró una violación de las normas internacionales. El evento estableció un precedente para una serie de intercambios similares en las semanas siguientes, intensificando la tensión bilateral existente.

Un segundo incidente fue anunciado por el presidente Trump el 15 de septiembre. Se trató de un ataque similar contra otra lancha, también presuntamente vinculada a carteles de drogas venezolanos, que resultó en la muerte de 3 personas. Al igual que el primer caso, la operación fue descrita como antinarcóticos y se desarrolló en aguas internacionales. El Pentágono no divulgó detalles específicos sobre el método empleado, ya sea drone, misil o artillería naval.

Además de estos ataques letales, se reportó un tercer incidente el 14 de septiembre. Venezuela denunció que un destructor de la Marina de EE.UU., posiblemente el USS Sampson, abordó una lancha pesquera de atún con 9 pescadores a bordo. Según el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, «18 militares armados permanecieron en la embarcación durante ocho horas, impidiendo comunicaciones y actividades normales«, antes de liberar a los pescadores bajo escolta de la marina venezolana. Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente sobre esta acusación específica.

Trump se arroga el papel de policía del mundo

La administración Trump justifica estas acciones como parte de una campaña broader contra el «narcoterrorismo» venezolano. Alega que las lanchas interceptadas transportaban drogas y estaban ligadas al Cartel de los Soles, estructura que, según Washington, está controlada por el presidente Nicolás Maduro. Funcionarios estadounidenses acusan a Maduro de desestabilizar a Estados Unidos mediante el tráfico de narcóticos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha afirmado tener «autoridad absoluta» para eliminar sospechosos de narcoterrorismo sin necesidad de juicio, argumentando que estas operaciones salvan vidas estadounidenses al interceptar drogas antes de que lleguen al país. Esta postura ha encontrado apoyo en figuras del Congreso, como los senadores Lindsey Graham y Bernie Moreno, quienes han defendido los ataques como mensajes disuasorios necesarios contra el tráfico de drogas.

Como parte de esta ofensiva, se ha aumentado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. Aunque oficialmente se niega cualquier intención de cambio de régimen, varios analistas internacionales interpretan estas acciones como una escalada deliberada que podría apuntar en esa dirección. El despliegue militar de EE.UU. en la región, que incluye submarinos nucleares, aviones F-35 en Puerto Rico y hasta 4.500 marines, se enmarca en esta estrategia.

La vehemente respuesta del gobierno venezolano

El gobierno venezolano ha condenado enérgicamente los incidentes. A través del presidente Maduro y ministros como Diosdado Cabello y Yván Gil, los ha calificado de «asesinatos extrajudiciales» y «agresiones imperialistas» que violan la soberanía y el derecho internacional. La posición oficial de Caracas niega cualquier vínculo entre las víctimas y carteles de drogas.

Las autoridades venezolanas afirman que las personas fallecidas en el primer ataque del 2 de septiembre no eran miembros de carteles, sino posiblemente pescadores o personas desaparecidas en áreas costeras sin conexión con el narcotráfico. Han cuestionado la autenticidad del material audiovisual presentado por EE.UU., sugiriendo que podría estar generado por inteligencia artificial, aunque verificaciones independientes no han podido confirmar esta alegación.

En respuesta a lo que percibe como una amenaza inminente, Venezuela ha activado sus milicias nacionales, que reportan contar con 8,2 millones de miembros, y ha desplegado drones y tropas para fortalecer sus defensas costeras. El gobierno de Maduro ha advertido que «todo es válido» en legítima defensa, interpretando estos actos como pretextos para una potencial invasión o un intento de cambio de régimen, comparándolos con intervenciones pasadas de EE.UU. en América Latina.

¿Violó EE.UU. la legalidad internacional?

Expertos en derecho internacional han expresado serias dudas sobre la legalidad de los ataques. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (a la que EE.UU. no es signatario, pero afirma respetar), las intervenciones en aguas internacionales contra embarcaciones civiles están limitadas a casos como una persecución en caliente, y el uso de fuerza letal debe ser proporcional y un último recurso.

Profesores de derecho internacional como Luke Moffett (Queen’s University), Michael Becker (Trinity College Dublin) y Mary Ellen O’Connell (Notre Dame) argumentan que estos strikes violan el derecho a la vida bajo el derecho internacional humanitario. Su argumento central es que al no existir un conflicto armado declarado entre Estados Unidos y Venezuela (o los carteles de droga), etiquetar a sospechosos como «narcoterroristas» no los convierte automáticamente en objetivos militares legítimos.

Los expertos señalan que no se ha evidenciado una amenaza inminente que justifique ataques preventivos letales, en lugar de intentar operaciones de abordaje y detención. Respecto al incidente de abordaje del 14 de septiembre, los analistas concuerdan en que, de haber ocurrido dentro de aguas territoriales venezolanas, constituiría una violación territorial clara. Además, surgen dudas dentro de EE.UU. sobre si la administración Trump cumplió con la Resolución de Poderes de Guerra, que requiere notificación y aprobación del Congreso para acciones militares prolongadas.

La ausencia de pruebas fehacientes públicas

Un elemento central de la controversia es la ausencia de pruebas fehacientes y verificables de manera pública que demuestren que las personas eliminadas en los ataques fueran efectivamente narcotraficantes o miembros del cartel Tren de Aragua. Existe una brecha evidente entre las afirmaciones del gobierno estadounidense y la evidencia disponible públicamente.

El presidente Trump y el secretario de Defensa Hegseth han asegurado tener «pruebas grabadas» de conversaciones entre los ocupantes y han mencionado «pruebas» de cargamento de drogas flotando en el mar tras los ataques. Sin embargo, los videos del ataque compartidos en redes sociales no incluyen evidencia visible de drogas o que permita identificar a las personas. Funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio afirmaron tener «100% de certeza», pero no se han divulgado documentos, fotos del cargamento o identificaciones biométricas que sustenten estas declaraciones.

En una sesión informativa del Pentágono ante personal congressional el 10 de septiembre, se compartió inteligencia sobre conversaciones interceptadas que sugerían tráfico de drogas. No obstante, según reportes, los briefers admitieron no tener datos suficientes para confirmar la afiliación de los tripulantes al Tren de Aragua, dejando abierta la posibilidad de que se tratara de traficantes independientes de bajo nivel. Fuentes familiarizadas con el briefing indicaron que no había evidencia concreta de la presencia de drogas o armas a bordo al momento del ataque.

Desde el Congreso de EE.UU., el senador demócrata Jack Reed declaró que la administración no ofreció «prueba alguna» contundente. Paralelamente, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, afirmó que investigaciones locales identificaron a las víctimas como civiles, con familias que reclaman sus cuerpos. Analistas independientes añaden que el Tren de Aragua se enfoca más en extorsión local y que Venezuela no es la principal ruta de cocaína hacia EE.UU., lo que pone en entredicho la justificación estratégica de los ataques.

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