Uruguay frente al desafío del lavado de activos: entrevista exclusiva con Lisandro Martínez Gorostiaga

Una región interconectada

“Hoy no estamos en una burbuja en cada uno de los países”, advierte Lisandro Martínez Gorostiaga al comienzo de la conversación. Para el experto, la clave es entender la interdependencia regional y global en materia económica y financiera. Uruguay, con su tradición de plaza financiera sólida y de confianza, no escapa a los riesgos que circulan en Sudamérica ni a las exigencias internacionales.

El especialista recuerda que desde la década del 80 los países centrales vienen impulsando estándares globales de prevención a través de recomendaciones internacionales, conocidas como soft law. “Son leyes blandas, pero de cumplimiento obligatorio en la práctica, porque ningún país puede quedar aislado de la red”, explica.

Ese marco normativo, fortalecido tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, amplió la mirada más allá del lavado de dinero para incluir el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva. “Hoy, hablar de lavado y financiamiento ilícito es algo instalado en el periodismo, en las políticas públicas y en el mundo empresarial. Todo entra dentro del gran paraguas de lo que llamamos compliance o cumplimiento normativo”.

Uruguay ante mayores riesgos

Consultado sobre los desafíos específicos de Uruguay donde se producen más de 4000 delitos de lavado cada año y las condenas son muy escasas según cifras oficiales, Martínez Gorostiaga señala que ser una plaza financiera reconocida implica tanto ventajas como vulnerabilidades. “La visión de Uruguay como la ‘Suiza de Sudamérica’ le dio prestigio y atrajo inversiones, pero también generó riesgos de ser utilizada para maniobras ilícitas”, sostiene.

El país ha mejorado sustancialmente sus controles y ya superó evaluaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de su capítulo regional, GAFILAT. Sin embargo, se acerca una nueva revisión. “Eso implica volver a hacer los deberes, como un examen académico: estudiar, corregir falencias y mostrar avances. Uruguay ha hecho mucho, pero todavía quedan mejoras pendientes”.

En este sentido, destaca el papel del Banco Central del Uruguay, que alberga la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Servicios Financieros. “El Banco Central uruguayo es un organismo muy robusto, con gran cantidad de información y regulaciones. Allí reside uno de los pilares de la solidez del sistema”.

Narcotráfico y ganancias ilícitas

Uno de los grandes motores del lavado de activos sigue siendo el narcotráfico. “Hace cincuenta años ya existía, pero hoy genera volúmenes enormes de dinero que terminan distorsionando los mercados”, explica el entrevistado.

Para graficarlo, compara la compra de una propiedad entre un ciudadano común y un narcotraficante. “El que trabajó toda su vida necesita créditos, vender bienes, pasar por operaciones complejas. En cambio, quien tiene dinero ilícito llega con efectivo fresco y puede pagar incluso sobreprecios para evitar preguntas. Eso distorsiona la competencia y la transparencia en sectores como el inmobiliario o la construcción”.

No se trata solo de drogas. El tráfico de armas, de personas, el contrabando o las estafas virtuales también alimentan el circuito del dinero sucio. “Hoy cualquier actividad ilícita que genere ganancia termina buscando cómo insertarse en la economía formal. Ese es el corazón del problema”.

El desafío del “conozca a su cliente”

Uno de los ejes que la Diplomatura Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Compliance busca fortalecer es la política de KYC (Know Your Customer), es decir, “conozca a su cliente”.

“Lo que parece tan complejo, en realidad todos lo hacemos intuitivamente”, dice Martínez Gorostiaga. “Un comerciante conoce a su cliente porque necesita venderle, saber si va a pagar, si es solvente. El desafío es transformar ese conocimiento empírico en un método trazable y documentado”.

Ese proceso incluye verificar la registración fiscal, la capacidad económica, exigir declaraciones juradas y diferenciar a las personas políticamente expuestas que requieren controles especiales. “Ya sea a través de una carpeta física o digital, lo importante es que no queden vacíos. Así, cada corredor inmobiliario, cada escribano o contador puede detectar operaciones inusuales”.

Tipologías delictivas en Uruguay

Al enumerar los riesgos más preocupantes, el abogado destaca tres frentes principales:

• Sociedades pantalla y estructuras jurídicas opacas. “El GAFI ha puesto el foco en identificar al beneficiario final, porque detrás de una sociedad anónima o un fideicomiso puede esconderse un narcotraficante o un evasor”.
• Mercado inmobiliario en zonas turísticas. Punta del Este, Maldonado, Rocha y Montevideo son áreas sensibles. “El ladrillo sigue siendo refugio para el dinero ilícito. Uruguay debe tener especial cuidado allí”.
• Zonas francas y comercio exterior. “El puerto de Montevideo es estratégico. Su dinamismo comercial también lo vuelve atractivo para operaciones ilegales si no hay controles adecuados”.El especialista recuerda que Uruguay ya tuvo episodios resonantes. “El caso del ‘Vendedor de cuchillos’, un exministro condenado por vender sociedades para fines ilícitos, muestra cómo el sistema puede detectar y sancionar. Es una prueba de que los mecanismos funcionan cuando hay voluntad política y profesionalismo”.

Profesionales como guardianes

Un punto central de la entrevista es el rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas: bancos, corredores inmobiliarios, escribanos, contadores y abogados.
“No es lo mismo denunciar que reportar”, aclara Martínez Gorostiaga. “La denuncia es abierta, el reporte es confidencial y protegido por ley. Nadie puede identificar al profesional que reportó, ni siquiera el cliente investigado”.

En ese sentido, define a los profesionales como “guardianes de acceso al sistema” o gatekeepers. “Son la primera línea de defensa. Gracias a ellos, las operaciones inusuales llegan a la UIAF y pueden ser investigadas por la fiscalía”.

El sistema les otorga protección legal frente a eventuales represalias. “El corredor inmobiliario que reporta una operación sospechosa no pierde simplemente una venta: gana la tranquilidad de no estar asociado a un narcotraficante y queda amparado por la ley”.

Compliance y cibercrimen

El mundo digital abre nuevos frentes. “El ransomware, el phishing, las estafas virtuales… todo eso genera ganancias ilícitas que necesitan ser lavadas. Muchas veces se utilizan criptoactivos o billeteras digitales”, explica.

La diplomatura abordará estos temas con enfoque práctico. “No profundizaremos en la tecnología del blockchain, pero sí en el riesgo que implica y en las recomendaciones internacionales de poner el foco en los activos virtuales”.

Martínez Gorostiaga recuerda el FIFA Gate como ejemplo de cómo las investigaciones internacionales pueden llegar a organismos globales. “Las escuchas legales a un arrepentido permitieron destapar un esquema de sobornos en la FIFA con epicentro en Suiza. Eso muestra que el compliance es una herramienta transversal, desde el fútbol hasta las finanzas”.

Recupero de activos: la tercera pata

Para el entrevistado, la prevención y la sanción no alcanzan sin un tercer eje: el recupero de activos. “De nada sirve condenar a un narcotraficante si sigue disfrutando de su fortuna. El verdadero golpe es confiscar sus bienes y devolverlos a la sociedad”.

En este campo, destaca el modelo uruguayo del Fondo de Bienes Decomisados, pionero en la región. “Uruguay ha sido referente en la administración de bienes incautados. La diplomatura contará con especialistas internacionales como Dennis Chen, que han trabajado en esos procesos”.

Una salida laboral internacional

Más allá de los aspectos técnicos, la formación abre puertas profesionales. “Un uruguayo que se capacita en compliance con estándares internacionales puede trabajar en cualquier país de la región”, afirma Martínez Gorostiaga.

Al tratarse de recomendaciones globales, las diferencias entre países son más de forma que de fondo. “Las normas son comunes. Lo que varía es cómo cada país las implementa. Eso le da a los profesionales uruguayos una ventaja competitiva: conocen el estándar y pueden adaptarse rápidamente”.

Los ámbitos de inserción son múltiples: bancos, aseguradoras, inmobiliarias, estudios jurídicos y contables, empresas de construcción, comercios de metales preciosos y automotrices de alta gama. “El compliance es transversal a toda la economía”, resume.

El rol del Estado y el sector privado

El especialista insiste en que el éxito depende de la cooperación entre Estado y privados. “Los organismos públicos tienen la obligación de regular y supervisar, pero los bancos, las cámaras empresariales y los profesionales deben acompañar. No se trata de prohibir negocios, sino de darles transparencia”.

La SENACLAFT (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) cumple un papel crucial, pero no puede actuar sola. “Es un esfuerzo colectivo. Y ahí la diplomatura ayuda, porque pone en contacto a abogados, contadores, aseguradores y funcionarios de toda la región”.

Uruguay ante el narcotráfico

En los últimos años, Uruguay pasó de ser un país de tránsito a convertirse también en lugar de acopio para grandes carteles internacionales. “Eso cambia las reglas del juego. Ya no se trata solo de vigilar el paso, sino de detectar la permanencia de organizaciones criminales”, advierte Martínez Gorostiaga.

El “talón de Aquiles” de esas organizaciones sigue siendo el dinero. “Mientras puedan usar sus ganancias, crecerán. Por eso, lo clave es cortar el circuito: detectar, reportar, judicializar y decomisar. Solo así se les quita el incentivo”.

Una oportunidad única para formarse

«La diplomatura que comienza el 23 de septiembre es una oportunidad que Uruguay no debe dejar pasar», expresa Martinez Gorostiaga.

“La oferta académica es inédita en Latinoamérica. Con clases virtuales e híbridas, docentes de distintos países y material grabado para repasar, permite formarse en tres meses en un sistema complejo pero fundamental”, destaca.

Más allá de la capacitación, el trasfondo es social. “Se trata de construir una ciudadanía más sana y transparente. Un país que forma a sus profesionales en compliance no solo evita sanciones internacionales: también protege su economía y su reputación”.

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