Bolsonaro testifica ante la Corte Suprema de Brasil por el intento de Golpe de Estado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró ante la Corte Suprema del país por primera vez, negando cualquier vínculo con un presunto plan para anular los resultados de las elecciones de 2022. El exmandatario enfrenta acusaciones de intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años, junto a siete aliados, fue interrogado por un panel de jueces en un juicio considerado «histórico«. Las imputaciones incluyen la organización de un golpe de Estado, lo que podría derivar en condenas de hasta 40 años de prisión. El proceso marca un precedente en la democracia brasileña.

«No es así, su señoría», respondió el exmandatario ultraderechista al juez Alexandre de Moraes cuando se le cuestionó sobre las acusaciones. El exmandatario insistió en que nunca hubo intención de realizar un golpe de Estado, calificando la idea como «abominable«.

Bolsonaro habla como si estuviera en campaña

Durante su testimonio, Bolsonaro adoptó un tono similar al de una campaña electoral, según reportes de prensa. Reiteró que en su gobierno no existió ninguna posibilidad de un golpe, pese a las evidencias presentadas por la fiscalía. El plan habría fracasado por falta de apoyo militar, según la acusación.

Mauro Cid, excolaborador cercano y ahora testigo clave, declaró que Bolsonaro revisó y editó un decreto de emergencia. Este documento buscaba anular las elecciones y autorizar detenciones, incluyendo la del juez Moraes. Las declaraciones de Cid contradicen la versión del exmandatario.

Bolsonaro, conocido por sus comentarios favorables a la dictadura militar (1964-1985), enfrenta múltiples investigaciones. Su enfrentamiento con el Poder Judicial fue una constante durante su gobierno (2019-2022). El juicio actual profundiza la crisis política en Brasil.

Los cargos y pruebas que complican a Bolsonaro

La fiscalía acusa a Bolsonaro y 33 personas más, entre exministros y militares, de organización criminal y intento de golpe de Estado. La investigación, denominada Operação Contragolpe, reveló reuniones donde se discutió el uso de las Fuerzas Armadas para revertir los resultados electorales.

Según los investigadores, el grupo planeó detener a Lula, al vicepresidente y a autoridades judiciales. Se evaluó imponer el estado de sitio y emitir decretos para justificar acciones arbitrarias. Los ataques del 8 de enero de 2023 al Congreso y al STF reforzaron las acusaciones.

Bolsonaro se declaró inocente, negando la existencia de un plan golpista. Calificó sus acciones como «democráticas» y aseguró que solo buscó «alternativas legales«. Sin embargo, los testimonios y documentos presentados complican su defensa.

La PF elaboró un informe de 884 páginas, tras casi dos años de pesquisa, que acusa a Bolsonaro de “planear, actuar y tener dominio directo” en el complot para impedir que Lula asumiera en 2023, incluyendo planes para asesinarlo a él y al magistrado Alexandre de Moraes.

Tambié se encontraron interceptaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp, registros bancarios y grabaciones de reuniones celebradas en el Palacio de la Alvorada en las cuales, presuntamente, se habrían orquestado acciones golpistas y magnicidas. Extractos incluyen conversaciones con generales, donde se evaluaron “alternativas” como decretos y estados de excepción, además de detenciones arbitrarias de autoridades.

La PF encontró en la casa del exministro Anderson Torres un borrador de decreto, entregado por Filipe Martins, que preveía la suspensión de resultados electorales, detención de jueces y medidas de censura. Esto es entendido como un «borrador» golpista que quería impedir el curso de la democracia que había decidido que Bolsonaro no era el presidente electo.

Bolsonaro evaluó ese texto con los comandantes militares: el ejército y la fuerza aérea se opusieron, pero la Marina —vía el almirante Garnier Santos— mostró disposición, según medios brasileños.

Por su parte, el teniente coronel Mauro Cid, exsecretario y testigo clave, declaró que Bolsonaro no solo participó de las reuniones golpistas, sino que también editó partes del decreto y sabía de los planes para arrestar y eliminar a personajes como Lula y Moraes.

Testigos como el excomandante Freire Gomes y Baptista Junior confirmaron haber rechazado el plan y advertido a Bolsonaro de su ilegalidad absoluta, además de lo antidemocrático y golpista que resultaba.

Todo esto habría sucedido mientras Bolsonaro, afuera, desperdigaba dudas y cuestionamientos sobre la veracidad y fiabilidad del sistema electora, de la democracia brasileña y de los mecanismos de votación.

Todo el caos derivó en que decenas de miles de seguidores bolsonaristas asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en enero de 2023, destrozando oficinas y recintos legislativos, ejecutivos y judiciales, con el fin de evitar que Lula da Silva, democráticamente electo, tomara el poder que le correspondía.