Escándalo de violación grupal en Cornell que sacude a Estados Unidos: “La amenazaron para que se calle”

La mujer que acusó a siete estudiantes varones de haberla drogado y violado en la sede de una fraternidad de la Universidad de Cornell asegura estar siendo amenazada luego de armase un revuelo mundial por su verdadera identidad cuando lo que importa es que la justicia juzgue a los abusadores

Así lo planteó su abogado, Thomas Giuffra, al referirse al clima de hostigamiento que rodea a su clienta mientras avanza una causa que puso en el centro de la escena a una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos, integrante de la selecta Ivy League.

La casa de estudios enfrenta una ola de cuestionamientos por el modo en que manejó las denuncias. La presión pública fue de tal magnitud que el propio rector debió salir a dar explicaciones y respaldar la idea de que una investigación externa examine lo actuado, aunque desde el inicio intentaron taparlo.

“La amenazaron para que se calle”: el relato del abogado

Giuffra, quien representa a la mujer identificada bajo el nombre de “Jane Doe” para preservar su identidad, relató en diálogo con CNN que distintas personas intentaron intimidarla. El objetivo, según su versión, sería forzarla a desistir de la demanda civil en la que sostiene que varios integrantes de una fraternidad de Cornell la drogaron y abusaron de ella durante 2024.

“Ha recibido múltiples amenazas”, afirmó el letrado en el programa “State of the Union”. El propio abogado reconoció que también fue blanco de advertencias, aunque dijo no sentirse amedrentado.

Con un tono que no dejó lugar a matices, Giuffra apuntó directamente contra quienes, a su entender, buscan proteger un sistema de encubrimiento: “No tengo miedo de esta gente”, sostuvo. Y agregó: “Pero las amenazas, los abusos para proteger lo que está pasando, el statu quo… Estos tipos son repugnantes. Deberían quedarse en el sótano de sus madres y mantenerse al margen del mundo”.

Cornell promete revisar el rol de las fraternidades, aunque en el pasado intentó taparlo y justificarse diciendo que ya le habían aplicado sanciones (sin pasar por la justicia)

El escándalo obligó a la máxima autoridad de la universidad a tomar la palabra. En un mensaje grabado en video difundido el sábado, el rector Michael Kotlikoff anunció que la institución revisará el papel que cumplen las fraternidades y hermandades dentro del campus, luego de la controversia desatada por su manejo de las acusaciones de violación.

El funcionario intentó equilibrar el reconocimiento del valor social de esas agrupaciones con una advertencia clara sobre los límites de la pertenencia grupal. “En el mejor de los casos, estas organizaciones pueden proporcionar a los estudiantes amistad, sentido de pertenencia, orientación y un fuerte espíritu de comunidad”, señaló. Pero marcó enseguida una línea infranqueable: “Formar parte de un grupo nunca puede mermar la responsabilidad individual”.

En la misma intervención, Kotlikoff respaldó la realización de una “investigación independiente a cargo de un bufete de abogados externo” que analice cómo la universidad procesó el caso. El gesto apunta a despejar sospechas sobre una posible actuación complaciente de la propia casa de estudios.

Fiscales en la mira y la entrada de una fiscal especial

El recorrido judicial del expediente también sumó críticas. Desde que la demanda se presentó formalmente el mes pasado, la Fiscalía del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York, quedó expuesta por su desempeño inicial frente a las denuncias que ya habían surgido en 2024. El reproche central es que no se habría actuado con la diligencia que el caso exigía.

Ante ese panorama, la gobernadora neoyorquina Kathy Hochul resolvió intervenir. La semana pasada designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación. La medida buscó dar una señal de que el caso será examinado por una autoridad de mayor peso y con independencia respecto de los actores locales.

Trump entra en escena y tensa el debate

La decisión no tardó en adquirir una dimensión política nacional. El presidente estadounidense Donald Trump, que desde hace años mantiene una disputa pública con Letitia James, cuestionó con dureza su nombramiento. Según su mirada, la participación de la fiscal condicionaría de antemano el resultado del proceso.

“Y me da pena quienquiera que sea el acusado, porque no tendrá un juicio justo”, lanzó el mandatario ante la prensa el viernes, anticipando una supuesta falta de garantías para los señalados.

La irrupción del jefe de Estado en un expediente de estas características generó malestar en el entorno de la denunciante. Consultado sobre esas declaraciones, Giuffra pidió sacar la discusión del terreno partidario y devolverla al plano estrictamente penal. “No tiene nada que ver con la política”, remarcó el abogado, en un intento por frenar que el caso quede atrapado en la grieta política estadounidense.

Un caso que trasciende las fronteras del campus

Lo que comenzó como una denuncia individual terminó convertido en un termómetro de cómo las grandes universidades estadounidenses gestionan las acusaciones de violencia sexual dentro de sus propias estructuras. La combinación de presuntas amenazas a la víctima, una investigación externa en marcha, la intervención de una fiscal especial y la toma de posición del presidente del país dibuja un escenario donde lo judicial, lo institucional y lo político se cruzan de manera inevitable.

Mientras tanto, la mujer que puso en marcha todo este engranaje sigue, según su abogado, soportando presiones para callar. El desenlace de la causa dirá si el reclamo de justicia logra abrirse paso por encima del hostigamiento y de los intereses que, denuncia la defensa, buscan preservar las cosas tal como están.