Trump ahora va por Chile: Embajador de EE.UU. presiona contra la soberanía del Estrecho de Magallanes
La Cancillería y la presidencia del Senado chileno rechazaron los condicionamientos del embajador estadounidense sobre el Estrecho de Magallanes. La advertencia se suma a las presiones por el cable con China, las sanciones a funcionarios y las tensiones comerciales.
Chile rechazó que la defensa de su soberanía pueda quedar sujeta a condiciones de Estados Unidos, después de que el embajador Brandon Judd vinculara la cooperación bilateral y el respaldo a los derechos chilenos sobre el Estrecho de Magallanes con la disposición del país a atender prioridades de Washington. Las declaraciones provocaron respuestas de la Cancillería y de la presidencia del Senado.
El episodio del 7 de octubre de 2026 se suma a una relación marcada por sanciones migratorias contra funcionarios, advertencias sobre la Visa Waiver y diferencias por el cable submarino que conectaría Chile con China. También existen tensiones comerciales por los aranceles estadounidenses, aunque su fundamento oficial es distinto del conflicto por esa infraestructura.
Judd condiciona la cooperación con Chile
Durante su intervención en el Día del Comercio Global, Judd planteó que Chile debía colaborar en asuntos importantes para Estados Unidos si quería mantener determinados beneficios de la relación bilateral. Entre ellos mencionó recursos contra el crimen organizado y apoyo a los derechos chilenos sobre el Estrecho de Magallanes.
La expresión “van a tener que trabajar con nosotros” sintetizó el condicionamiento. El planteo surgió al responder una consulta sobre el proyecto de cable submarino con China: el diplomático distinguió entre el intercambio comercial con ese país, que dijo aceptar, y las cuestiones de seguridad y soberanía que preocupan a Washington.
Las declaraciones recogidas no incluyeron una solicitud de entregar el control del estrecho ni un anuncio de intervención militar. Su alcance fue condicionar la colaboración estadounidense a una reciprocidad definida en función de los intereses de Washington.
La Cancillería reivindica la soberanía sobre Magallanes
El canciller Francisco Pérez Mackenna respondió que Chile cuenta con capacidad para defender sus derechos territoriales. “No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía”, afirmó, y reiteró que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile.
Esa posición tiene un antecedente diplomático reciente. El 3 de septiembre, los gobiernos de Chile y Argentina reafirmaron conjuntamente que los tratados de 1881 y 1984, plenamente vigentes y definitivos para ambos Estados, establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho. El reconocimiento de esos derechos no depende del respaldo estadounidense.
✍️Declaración
En relación con las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, queremos reafirmar que la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera.
En particular, respecto del Estrecho de Magallanes y de nuestros derechos soberanos sobre el territorio nacional, Chile no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece y que está respaldado por nuestra historia, nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional.
Chile mantiene relaciones de cooperación con Estados Unidos y con muchos otros países, pero estas deben desarrollarse siempre sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad y, fundamentalmente, la independencia y soberanía de cada Estado.
La cooperación internacional es bienvenida y necesaria frente a desafíos comunes, pero no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía.
Paulina Núñez U.
Presidenta del SenadoIván Moreira B.
Vicepresidente del Senado— Senado Chile (@Senado_Chile) October 7, 2026
La presidencia del Senado también rechaza los condicionamientos
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente, Iván Moreira, emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron que la soberanía nacional no está sometida al apoyo o reconocimiento de otros países.
Respecto de Magallanes, señalaron que Chile no necesita autorizaciones externas para defender sus derechos sobre el territorio. Fundamentaron esa posición en la historia del país, su ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional.
Ambas autoridades reconocieron el valor de la cooperación con Estados Unidos y otras naciones, pero establecieron que esos vínculos deben respetar la independencia de cada Estado. El pronunciamiento distingue la colaboración frente a desafíos comunes de una relación de dependencia.
El cable con China desencadenó sanciones contra funcionarios
El antecedente más concreto de la disputa fue la revocación de visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, anunciada el 20 de febrero de 2026, en el contexto de la tramitación del proyecto Chile–China Express.
La medida afectó al entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Washington atribuyó a los funcionarios actuaciones que comprometían infraestructura crítica de telecomunicaciones y la seguridad regional.
La Cancillería chilena rechazó oficialmente las acusaciones y convocó a Judd para explicar los fundamentos de la decisión. También condenó las medidas unilaterales que vulneraran la independencia del país o debilitaran su derecho a ejercer la soberanía.
Muñoz relató después una conversación tensa con el embajador, quien había planteado riesgos de seguridad asociados al cable desde China. El ministro sostuvo que correspondía evaluar la iniciativa mediante los procedimientos institucionales chilenos. El 10 de agosto se informó que Estados Unidos había restituido su visa.
La advertencia sobre la Visa Waiver amplió el conflicto
El 23 de febrero, Judd vinculó la continuidad de Chile en la Visa Waiver con las decisiones del Gobierno sobre seguridad de las telecomunicaciones. Argumentó que Estados Unidos debía confiar en la protección de la información que compartía con las autoridades chilenas.
El programa seguía vigente en ese momento, pero el embajador presentó su futuro como dependiente de las acciones de Chile. La advertencia extendió la controversia desde las sanciones personales a funcionarios hacia un beneficio utilizado por viajeros chilenos por turismo y negocios. Ese condicionamiento no constituyó una expulsión efectiva del programa.
Compartí tu opinión con toda la comunidad