TCP y los trabajadores cerraron el conflicto portuario: cómo comenzó, por qué se prolongó y qué acordaron
La Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) firmaron el 7 de octubre de 2026 un convenio colectivo que cierra una negociación de varios meses, atravesada por paros, treguas y diferencias sobre los ingresos y la organización del trabajo.

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) firmaron el 7 de octubre de 2026 un convenio colectivo que puso fin a una negociación de varios meses, atravesada por paros, treguas y diferencias sobre los ingresos y la organización del trabajo. El acuerdo regirá desde el 1.º de octubre de 2026 hasta el 30 de setiembre de 2031, según informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Con la firma, el Gobierno dejó sin efecto los servicios mínimos establecidos durante el conflicto. El entendimiento combina mejoras económicas y un incremento progresivo de los jornales asegurados con compromisos para mantener determinadas operaciones y procedimientos de negociación antes de adoptar medidas.
La disputa se concentró en los trabajadores de TCP y Nelsury, en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. TCP pertenece en un 80% a Katoen Natie y en un 20% a la Administración Nacional de Puertos (ANP). Aunque sus efectos alcanzaron a otras actividades portuarias y al comercio exterior, el convenio corresponde a estas empresas y su representación sindical.
El origen: un convenio vencido y la discusión sobre los ingresos
El conflicto surgió alrededor de la renovación del convenio colectivo. Según la explicación del sindicato recogida por la agencia EFE, el acuerdo anterior terminó el 27 de abril de 2026, lo que provocó la caída de beneficios y de la cláusula de paz laboral. Las diferencias sobre las condiciones del nuevo convenio derivaron en medidas sindicales y sucesivas reuniones de mediación.
El reclamo central era la estabilidad de los ingresos. La plantilla, de aproximadamente 550 trabajadores, tenía distintos niveles de jornales asegurados: algunos contaban con 13, otros con 15, 18 o 20. El sindicato buscaba ampliar esas garantías y regular otros aspectos de la organización laboral, entre ellos los días libres, según la cobertura de El Telégrafo.
La negociación iba más allá de un aumento salarial: discutía cuánto ingreso mínimo podía asegurar cada trabajador. Los jornales garantizados constituían, por esa razón, uno de los puntos más sensibles del intercambio entre la empresa y el sindicato.
Las referencias a la duración del conflicto abarcan períodos diferentes. La negociación venía de meses anteriores, mientras que las medidas más intensas se manifestaron desde junio y la disputa se extendió hasta octubre. Hubo períodos de actividad normal y treguas, por lo que no se trató de una paralización continua durante cuatro meses.
Junio y julio: los reclamos económicos y el endurecimiento
A comienzos de julio, el sindicato reclamaba 25 jornales mensuales asegurados. La empresa sostuvo que el gremio exigía esa garantía o, alternativamente, una partida de $50.000 líquidos mensuales mientras durara la negociación. TCP rechazó el planteo por considerarlo inviable, según un comunicado empresarial recogido por Telemundo.
El dirigente Álvaro Reinaldo cuestionó posteriormente que ese reclamo se presentara como una condición únicamente para sentarse a negociar. En declaraciones publicadas por El Telégrafo, afirmó que formaba parte de una propuesta con contraprestaciones y beneficios tanto para los trabajadores como para la empresa.
El enfrentamiento también alcanzó tareas operativas. El 8 de julio, TCP denunció que el sindicato impedía el suministro de agua potable a barcos y su realización por terceros. El comité de base rechazó las acusaciones y denunció carencias en las condiciones laborales, como la falta de baños portátiles y dispensadores de agua caliente en sectores operativos.
La agencia EFE recogió ambas posiciones. Las denuncias mostraban que la disputa había dejado de concentrarse exclusivamente en los ingresos y también involucraba las condiciones de trabajo y las tareas que debían realizarse mientras no existía un nuevo convenio.
La tregua del 13 de julio permitió retomar la actividad
El 13 de julio, ambas partes aceptaron una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la terminal retomó sus operaciones a las 16:00. El entendimiento abrió una negociación tripartita más intensa en la Dirección Nacional de Trabajo, prevista inicialmente hasta el 22 de julio, con posibilidad de prórroga.
Según el comunicado oficial del MTSS, durante ese período el sindicato se comprometió a no adoptar medidas y la empresa a no introducir cambios que perjudicaran las relaciones laborales o la negociación. También se acordaron criterios transitorios para determinadas tareas operativas.
El acta permitió recuperar la actividad, pero no resolvió el convenio definitivo. Todavía quedaban diferencias sobre las garantías económicas, la organización laboral y los compromisos que asumirían las partes durante la vigencia del nuevo acuerdo.
Agosto: volvieron las paralizaciones
La tregua no consiguió cerrar la disputa. En agosto reaparecieron medidas que afectaron la atención a camiones y otras operaciones. Tras una paralización iniciada el 7 de agosto, el sindicato volvió a trabajar el 10 de agosto a las 15:00, según informó Subrayado.
El 14 de agosto hubo otra medida, por la cual TCP anunció que atendería camiones solamente hasta las 19:00. La cobertura de El País también recogió los reclamos de sectores industriales por una solución urgente ante las dificultades que generaban las interrupciones.
A fines de ese mes, la empresa presentó otra propuesta. El 29 de agosto, los trabajadores habían retomado las tareas, pero el sindicato permanecía en asamblea permanente y rechazaba el ofrecimiento, de acuerdo con Telenoche.
La propuesta empresarial del 28 de agosto terminaría siendo la base del convenio final, con modificaciones introducidas durante la mediación del MTSS. Así lo explicó el ministerio cuando anunció las bases del entendimiento alcanzado el 30 de setiembre.
Setiembre: duración del convenio, guardias y servicios mínimos
El 7 de setiembre, los trabajadores resolvieron avanzar con una contrapropuesta de convenio por dos años y cambios en la cláusula de paz. A mediados de mes seguían abiertas las diferencias sobre la duración del acuerdo, los jornales asegurados y las guardias que debían mantenerse durante las medidas sindicales, según las coberturas de Telenoche y El País.
El Gobierno incorporó entonces otro elemento de controversia: los servicios mínimos obligatorios. Según la comunicación de Presidencia, el régimen comenzó a regir el 12 de setiembre e incluía carga y descarga, recepción y almacenamiento de contenedores.
Para la recepción por transporte carretero se estableció un mínimo de 25 contenedores por hora. También se exigía mantener plenamente los servicios vinculados a cargas refrigeradas, perecederas o sanitariamente sensibles, además de una dotación mínima en diferentes áreas.
El Ejecutivo argumentó que buscaba preservar una operativa básica y compatibilizarla con la libertad sindical. El PIT-CNT, en su declaración del 11 de setiembre, consideró excesivas las prestaciones exigidas porque se acercaban al funcionamiento normal. La central respaldó al sindicato y reclamó una solución negociada que preservara el derecho de huelga.
Cómo se destrabó la negociación
El 23 de setiembre, el MTSS presentó una propuesta de acercamiento. Los puntos pendientes se concentraron en los jornales asegurados, una partida económica y una compensación por determinadas tareas. Tras nuevos intercambios, el 30 de setiembre las partes aceptaron las bases para elaborar el convenio.
La fórmula adelantó a enero de 2027 el aumento de 20 a 21 jornales asegurados y contempló una partida extraordinaria situada entre las posiciones económicas de ambas partes. También incorporó una compensación para los sectores de Mantenimiento, M&R y Straddle Carriers, con vigencia desde el 13 de julio, y evaluaciones anuales durante octubre.
Además de la mediación del MTSS, hubo gestiones del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con autoridades de Katoen Natie en Bélgica, según informó El País. La asamblea sindical aprobó el acuerdo el 6 de octubre, y la firma definitiva se concretó al día siguiente.
La aprobación fue mayoritaria, pero no unánime. De acuerdo con las declaraciones de Reinaldo recogidas por Telenoche, algunos trabajadores entendían que todavía podían obtenerse mayores beneficios. La mayoría respaldó cerrar la negociación y establecer un marco de mayor estabilidad.
Qué consiguieron los trabajadores
El convenio establece un avance inicial en los jornales asegurados. Desde octubre de 2026, quienes tenían 13 o 15 jornales pasan a 17, mientras que quienes contaban con 18 pasan a 19. Los trabajadores con 20 jornales asegurados pasarán a 21 desde el 1.º de enero de 2027.
El MTSS informó que el régimen progresivo de incremento está sujeto a las condiciones, metas colectivas e individuales y compromisos previstos en el acuerdo. Por lo tanto, los aumentos deben interpretarse dentro del sistema de evaluación y obligaciones pactado.
También se acordó una partida extraordinaria de $38.750 líquidos, por única vez, a pagar dentro de los primeros 15 días de octubre. Se suma un complemento de $20.000 líquidos para el salario vacacional de las licencias a gozar entre 2027 y 2031.
El convenio incorpora mejoras para distintas categorías, un aumento del 10% en los tickets de alimentación del personal operativo que percibe la Prima por Continuidad en la Actividad Portuaria y cobertura empresarial de los primeros tres días de certificación médica no cubiertos por el BPS, hasta dos oportunidades por año contractual y bajo las condiciones pactadas.
Qué compromisos asumió el sindicato
Como contrapartida, se acordó garantizar dotaciones suficientes para determinadas operaciones en domingos y feriados, así como guardias durante las asambleas. También se establecieron compromisos sobre tareas operativas, incluido el suministro de agua a buques, según el detalle del convenio publicado por El País.
La cláusula de paz incorpora un procedimiento para tramitar las diferencias antes de adoptar medidas. Primero se abre una negociación bipartita durante cinco días hábiles y, si no hay solución, interviene la Dinatra.
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