Multan con US$50.000 a buque noruego por hacer prospección sísmica petrolera sin permiso en Uruguay

El Ministerio de Ambiente de Uruguay inició los trámites para aplicar una sanción económica a la empresa Searcher, propietaria del buque noruego SW Empress. La cartera propuso inicialmente una multa de 1.000 unidades reajustables, equivalentes a unos US$ 50 mil. La infracción señalada consiste en la realización de exploración sísmica en aguas uruguayas sin poseer la Autorización Ambiental Previa (AAP).

Fuentes gubernamentales confirmaron que la empresa Searcher cuenta con autorización para realizar sísmica en uno de los bloques adjudicados por Ancap. Sin embargo, las tareas ejecutadas por el buque SW Empress se extendieron aproximadamente cinco días en una zona de la plataforma continental uruguaya ubicada entre las 200 y 350 millas náuticas. Antes de esa operación, la nave había realizado una campaña de sísmica 3D en la cuenca de Pelotas, en Brasil.

El ministerio notificó a la compañía y solicitó información detallada sobre la actividad. Entre los requerimientos figuran: la cantidad de días dedicados a la sísmica, el plan de mitigación previsto para casos de avistamientos de fauna, y los decibeles utilizados en los disparos. Una vez que Searcher responda, la cartera evaluará si incrementa el monto de la sanción, en caso de confirmarse otras irregularidades.

Posturas divergentes entre organismos

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había declarado anteriormente que esperaban información del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ancap y la Prefectura de la Armada para definir los pasos. Inicialmente, las autoridades habían recibido la comunicación de que las tareas se realizarían fuera de la jurisdicción nacional. Al contactar a Ancap, Searcher transmitió su interpretación de que no requería autorización, argumentando que Uruguay no posee jurisdicción más allá de las 200 millas.

Esa tesis fue respaldada por las gerencias de la petrolera estatal y aparece documentada en un libro publicado por Ancap en 2023. En uno de los artículos se afirma que “aún restan pequeñas acciones técnicas y legales” para extender el límite de la plataforma continental uruguaya. Los autores, en su mayoría funcionarios de Ancap, señalan que es necesaria la “aprobación de una ley” que ratifique la decisión de Naciones Unidas de 2016 de extender el territorio uruguayo desde las 200 hasta las 350 millas. El texto agrega: “Una vez aprobada la ley por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, esta debe ser depositada en las Naciones Unidas”.

Ancap publicó el 6 de abril una nota en su sitio web indicando que el SW Empress iba a realizar sísmica en “aguas internacionales”. Esa comunicación fue eliminada poco después.

Fundamento jurídico de la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene una posición diferente. Los diplomáticos afirman que la decisión de Naciones Unidas brinda la “certeza sobre la extensión geográfica de los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de la plataforma continental nacional hasta las 350 millas marinas”. Para respaldar esta postura, citan el artículo 18 de la ley 17.033 de 1998, que encomendó al Sohma de la Armada realizar la “traza del límite exterior de la plataforma continental, sujeto a la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Según la cancillería, esa condición se cumplió en setiembre de 2024 cuando el entonces canciller Omar Paganini presentó la nueva lámina de Uruguay marítimo, elaborada por el Sohma, que se extiende hasta las 350 millas náuticas. Las discrepancias entre Ancap y la cancillería motivaron reuniones en el Poder Ejecutivo durante los últimos días, con el objetivo de alinear las visiones de todas las partes involucradas en el asunto.