Agricultores chilenos denuncian nueva ley de semillas del SAG que intenta prohibir el cultivo tradicional y solo permitir el industrial

El panorama regulatorio chileno atraviesa un momento crítico que ha encendido las alarmas en el sector agrícola tradicional.

La Red de Semillas Libres Chile realizó un llamamiento urgente para que la ciudadanía participe masivamente en la Consulta Pública impulsada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cuyo plazo finaliza el próximo 10 de agosto.

La iniciativa gubernamental, que propone modificar los requisitos para la comercialización de semillas corrientes, ha generado un rechazo contundente entre agricultores familiares, comunidades indígenas y movimientos agroecológicos.

El contexto político: desregulación económica versus control agrícola

La administración de José Antonio Kast ha venido impulsando una política económica basada en el eslogan «menos permisos, más inversión», orientada a supuestamente dinamizar la actividad productiva mediante la reducción de trabas burocráticas. Sin embargo, esta estrategia ha despertado severas críticas de organizaciones sociales y ambientalistas que denuncian un debilitamiento sistemático de las protecciones ecológicas y garantías sociales, además de denunciar la falacia y manipulación discursiva ya que se contradicen al aplicar mayores regulaciones y prohibiciones para la población, quitandoles derechos básicos, frente a las megacorporaciones.

El gobierno de Kast, como tantos otros ultraderechistas siendo impuestos en latinoamérica, no se queda atrás y avanza intentando pasar desapercibido, mientras las discuciones totalmente terciarias en redes sociales sobre lo que pasó en el Mundial de fútbol nos distraen a todos.

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra la suspensión de más de 40 decretos ambientales que aguardaban aprobación en la Contraloría al inicio de este gobierno. Estas normativas abarcaban desde políticas de descontaminación hasta la creación de zonas protegidas y resguardo de especies en peligro. Paralelamente, el Ejecutivo ha promovido la simplificación de procedimientos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que sectores críticos interpretan como un retroceso en la supervisión de proyectos extractivos.

Tensiones en materia alimentaria y sanitaria

El ámbito de la regulación alimentaria tampoco ha estado exento de controversias. Las políticas de etiquetado de alimentos procesados, particularmente el sistema de sellos de advertencia para productos con altos contenidos de azúcares o calorías, han sido objeto de revisión bajo criterios que priorizan la flexibilidad comercial por sobre la divulgación de información de salud importante para toda la población chilena.

Simultáneamente, organizaciones sociales han advertido sobre posibles recortes en programas estatales de asistencia y subsidios a quienes se manifiesten o generen algun «desorden público», enmarcados en una estrategia general de ajuste fiscal y represión de la protesta, las cuales fueron catalogadas de punitivas e inconstitucionales por diversas institiciones de derechos ambientales y organizaciones ciudadanas.

Medidas sociales que generan rechazo ciudadano

El clima de movilización social se ha intensificado ante iniciativas como el proyecto de registro de «incivilidades», que contempla la creación de un padrón de personas que cometan faltas públicas, con la eventual suspensión de beneficios estatales como subsidios o pensiones. Esta propuesta ha sido calificada por sus opositores como punitiva y discriminatoria hacia sectores vulnerables.

La política de austeridad y reorganización del aparato estatal ha colocado bajo escrutinio diversos programas de apoyo comunitario, desencadenando manifestaciones masivas sin precedentes en defensa de conquistas sociales logradas durante las administraciones socialistas y de centroizquierda previas.

¿La paradoja regulatoria o mentira discursiva?:¿Desregulación económica pero control sobre las «semillas corrientes»?

En un giro que contradice el discurso oficial de desregulación, el gobierno chileno ha propuesto una normativa que, según denuncian las organizaciones campesinas, representa una prohibición encubierta del libre intercambio de semillas. Aunque formalmente no existe una prohibición directa de poseer semillas, la propuesta del SAG para modificar los requisitos de comercialización de la «semilla corriente» ha desatado una polémica que va mucho más allá de lo técnico-administrativo.

Las organizaciones críticas sostienen que los argumentos sanitarios constituyen una fachada que esconde intereses corporativos. Denuncian que mientras se eliminan controles ambientales y se facilita la actividad extractiva de grandes empresas, se pretende regular y eventualmente prohibir prácticas ancestrales de reproducción y intercambio de semillas que han sostenido la agricultura durante milenios.

La capacidad de los agricultores para reproducir y plantar sus propias semillas constituye un derecho fundamental de subsistencia. Las semillas, como recursos naturales esenciales, tienen y deben mantener el mismo estatus que el agua, el aire o los minerales. El escenario que se vislumbra es uno donde únicamente las grandes corporaciones tendrían la potestad de producir alimentos desde su origen, monopolizando un derecho que históricamente ha pertenecido a las comunidades y a las personas en general.

La postura oficial: argumentos técnicos que generan desconfianza

El SAG dfiende su propuesta afirmando que se trata de una actualización meramente técnica de normativas vigentes desde 1977. El organismo presenta tres ejes argumentales principales:

En primer lugar, plantea la necesidad de establecer control sanitario y trazabilidad, señalando que el crecimiento del comercio informal y digital impide el seguimiento adecuado de las semillas comercializadas, aumentando los riesgos fitosanitarios ante posibles plagas o enfermedades.

Segundo, el Estado argumenta que debe garantizar la calidad de las semillas para proteger la inversión de los agricultores, asegurando estándares de germinación, pureza y origen verificables.

Finalmente, el SAG ha aclarado que las nuevas exigencias de registro están dirigidas exclusivamente a quienes desarrollen actividades comerciales con fines de lucro, y que no pretenden interferir en huertas de uso personal.

La respuesta campesina: defensa de un patrimonio milenario

Las organizaciones agrícolas y campesinas, incluyendo el Movimiento Agroecológico de América Latina (MAELA-Chile) y la ANAMURI, rechazaron categóricamente la propuesta por considerarla una amenaza existencial a la agricultura tradicional.

El primer punto de conflicto radica en lo que califican como un veto al intercambio ancestral aunque no lo digan explicitamente, dejando un vache legal que les traerá conflictos legales sobre su libertad de intercambio.

La propuesta prohíbe la comercialización y cesión de cualquier semilla no inscrita en la Lista de Variedades Oficialmente Descrita (LVOD). La definición amplia de «comercio» que utiliza la normativa, abarcando toda entrega o transmisión con o sin ánimo de lucro, dejaría fuera de la legalidad prácticas históricas como las ferias locales, el trueque o los trafkintu, sistemas tradicionales de intercambio de semillas entre comunidades indígenas.

Los resultados que se obtendrían de esta medida demuestran que se trata de un ataque directo a los pueblos originarios y a los métodos de cultivo tradicionales y no industrializados de producción, sumado a la ya conocida persecución, desalojos, desapariciones y asesinatos que ya están viviendo y por lo cuál se encuentran en lucha por sus derechos a la tierra desde hace años.

Otro obstáculo insalvable es la imposibilidad de registrar variedades locales. Las semillas criollas, tradicionales o «de los abuelos», como se las conoce popularmente, son heterogéneas por naturaleza. Esta característica las hace incompatibles con las exigencias corporativas de pureza homogénea y etiquetado establecidas por el SAG, relegándolas automáticamente a la ilegalidad institucional.

El temor a la privatización del patrimonio genético

Los sectores críticos advierten que al restringir la circulación del patrimonio genético libre, el mercado agrícola chileno quedaría monopolizado por semillas híbridas o genéticamente modificadas propiedad de transnacionales. Esta perspectiva ha reactivado los temores históricos asociados a iniciativas previas como la rechazada «Ley Monsanto» o el convenio UPOV 91.

Las comunidades movilizadas exigen la anulación completa del borrador del SAG y reclaman el respeto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, que reconoce explícitamente el derecho a conservar, intercambiar y comercializar semillas propias de manera libre.

El llamado urgente: menos de tres semanas para actuar

La Red de Semillas Libres Chile ha emitido un comunicado oficial convocando a saturar la Consulta Pública del SAG sobre el proyecto de resolución que regula la comercialización de semilla corriente. Con el plazo venciendo el 10 de agosto de 2026, restan menos de tres semanas para la acción ciudadana.

De aprobarse sin modificaciones, la resolución obligaría a agricultores familiares, huerteros y guardianes de semillas a inscribirse como comerciantes, registrar sus variedades, etiquetar sus semillas y entregar kilogramos de muestras al SAG. Se trata de exigencias diseñadas exclusivamente para semillas industriales, imposibles de cumplir a pequeña escala.

La definición del SAG sobre «comercio de semillas» incluye toda cesión «a título no oneroso», lo que significaría que regalar o intercambiar semillas sería considerado comercio regulable. El texto no establece distinciones entre la semilla producida por Bayer/Monsanto y aquella que una abuela ha guardado durante décadas.

Aunque el SAG ha declarado que las preocupaciones expresadas son inexactas, la Red de Semillas Libres Chile invita a la ciudadanía a leer directamente el artículo 2.a de la propuesta para verificar su contenido, sin mencionar que atentan contra la biodiversidad de semillas y el equilibrio ecosistémico promovido por las dañinas metodologías del monocultivo y el uso de agrotóxicos del estilo Monsanto.

El derecho al patrimonio biocultural en riesgo

Las semillas campesinas representan el resultado de siglos de trabajo silencioso: generación tras generación, los agricultores han seleccionado, conservado e intercambiado sus semillas, adaptándolas a cada territorio específico. Regular esta semilla viva como si fuera semilla industrial podría poner en riesgo un patrimonio biocultural que no nació en laboratorios y que pertenece a toda la humanidad.

Cómo participar en la consulta ciudadana

Para participar en la Consulta Pública, los ciudadanos deben ingresar a sag.cl, buscar la sección «Consultas Públicas / Semillas» y seleccionar «Ingrese su comentario». La Red de Semillas Libres Chile elaboró una Guía Ciudadana con 19 observaciones preparadas para copiar, adaptar y enviar. Esta guía es de acceso libre, uso y distribución gratuita, siguiendo la misma filosofía de las semillas que defienden.

El documento está disponible en línea y puede ser utilizado por cualquier persona interesada en hacer oír su voz en este proceso que definirá el futuro de la soberanía alimentaria en Chile.

La Red concluye su llamado a toda la población chilena con una advertencia clara: quienes tienen las condiciones para reaccionar deben hacerlo de inmediato, antes de que el plazo expire y con él, la posibilidad de incidir en una regulación que podría transformar irreversiblemente el sistema agrícola tradicional chileno.