La Operación Trazador terminó con tres condenas y expuso el vínculo de militantes del PN con el narco

La Justicia de Uruguay condenó el viernes 18 de setiembre a tres personas en el marco de la Operación Trazador, una investigación de narcotráfico internacional que permitió incautar más de 265 kilos de droga en una vivienda del barrio Brazo Oriental, en Montevideo. El operativo también dejó expuesto el vínculo laboral de uno de los condenados con un edil del Partido Nacional.

Las condenas se dictaron en proceso abreviado, tras un acuerdo entre los imputados y la fiscal especializada en Estupefacientes, Angelita Romano. El procedimiento policial, ejecutado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), incluyó tres allanamientos simultáneos y la detención inicial de cuatro personas: tres hombres y una mujer.

Según el informe de Fiscalía, la incautación comprendió 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, además de casi 3.000.000 de pesos uruguayos, 42.564 dólares en efectivo, armas de fuego, municiones para fusiles AK-47, vehículos de alta gama y una máquina para contar billetes. El botín total fue valuado en cerca de dos millones de dólares.

El subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, detalló en conferencia de prensa la estructura interna de la banda: “El grupo tenía sus funciones definidas: alguien se encargaba del ingreso, otras personas de la distribución y otra del blanqueo de los capitales”. Esa división de tareas fue clave para las imputaciones que presentó la Fiscalía.

Las tres condenas

El líder de la organización, Henry Sebastián Latorre, recibió la pena más alta: seis años y seis meses de penitenciaría. Fue hallado responsable de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de depósito y distribución agravado, tráfico interno de armas y municiones, receptación y lavado de activos, todo en régimen de reiteración real.

Su pareja fue condenada como autora de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico, con una pena de tres años de penitenciaría. La tercera condena recayó sobre Pablo Leiva, de 48 años, señalado como el encargado de convertir sistemáticamente el efectivo en pesos a dólares a través de casas de cambio locales. Leiva recibió dos años y seis meses de prisión por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con tráfico interno de municiones.

El vínculo político que politizó el caso

Lo que empezó como un procedimiento antinarco derivó en un episodio político cuando se confirmó que Pablo Leiva trabajaba como asesor rentado del edil del Partido Nacional por Montevideo, Gonzalo Gómez, con un sueldo de 52.000 pesos según los registros de la Junta Departamental. A eso se sumó que Lucio Leiva, hijo del condenado, también era asesor de Gómez y director de la Juventud del Partido Nacional en Montevideo. Lucio fue detenido durante el operativo, pero recuperó la libertad y no fue formalizado en la causa.

Según comentó el comunicador Marcos Casas, “hay fuertes reparos en la cúpula del Ministerio de Interior por la decisión de la fiscal Angelita Romano (primer turno de estupefacientes, de Mónica Ferrero) por la liberación inmediata de Lucio Leiva”.

“La plata y la máquina estaban en la entrada de la casa, donde él vivía. Por eso los detienen a ambos.” Según afirman, la estrategia de la defensa fue inculpar únicamente al padre, lo que dejó al joven libre de cargos.

Gómez, que se encontraba en China por un seminario oficial cuando estalló el caso, respondió públicamente a través de su cuenta de X. Sobre Lucio, escribió: “Conozco a Lucio desde hace años. Es mi amigo, trabaja conmigo y es una persona de mi confianza”. Y agregó que “tanto Lucio como yo nos encontramos ante una realidad que nos era totalmente ajena”.

Respecto de Pablo Leiva, el edil fue enfático en marcar distancia: “Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación, relacionados con otra actividad que desarrollaba fuera de la Junta Departamental”. También reconoció una falla propia: “Esta situación me tomó completamente por sorpresa. Asumo la responsabilidad que me corresponde por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar a esta persona a mi equipo de trabajo”. Gómez cerró su descargo con una disculpa formal al Partido Nacional y a su agrupación.

El caso generó un cruce inmediato entre el oficialismo y la oposición. Desde el Senado, el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Aníbal Pereyra salió al cruce de la dirigencia nacionalista con una pregunta directa: “Los que vienen hace meses instalando las dudas de que este gobierno protege a narcos, ¿dónde están?”.

Un patrón, no un hecho aislado

La Operación Trazador se suma a una seguidilla de operativos antinarco que el Ministerio del Interior viene desarrollando en Uruguay durante 2026. Semanas antes, la llamada Operación Polux había permitido incautar más de 400 kilos de droga arrojados desde una avioneta sobre un campo de Artigas, con ocho detenidos y al menos seis personas enviadas a prisión.

El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó a la Operación Trazador como “un nuevo golpe a las organizaciones criminales” y remarcó el trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Prefectura Nacional Naval. Para las autoridades, el caso confirma un fenómeno que atraviesa a distintos países de la región: el intento de las redes narco de infiltrar capital y colaboradores en estructuras institucionales y políticas, un riesgo que la propia investigación judicial deberá seguir rastreando en los próximos meses.