MGAP sabía en 2023 de 12.000 animales “fantasma” en campos de Conexión Ganadera, dice testigo del caso

El ingeniero agrónomo Martín Mutoni, titular de MCO Agro y uno de los principales tomadores de ganado que operaba bajo la órbita de Gustavo Basso, declaró ante la Fiscalía de Lavado de Activos el 15 de agosto. En su testimonio, al que accedió El Observador, reconstruyó cómo se gestó la “bola” de contratos inflados que sostuvo el esquema de Conexión Ganadera durante años.

Su relato se centra en un episodio de 2023 que expuso la magnitud de la discrepancia. Mutoni concurrió a la regional del MGAP en Treinta y Tres a retirar los frascos para la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, calculando el insumo para el rodeo real que mantenía en su establecimiento. Poco después recibió una llamada directa de Martín Altuna, entonces director de Sanidad Animal del Ministerio, quien le advirtió que la cantidad solicitada era drásticamente insuficiente y que debía retirar dosis para 12.000 animales más.

“Mire, doctor, yo no tengo 12.000 animales más. Yo levanté la vacuna para los animales que tengo en mi declaración jurada y en mi recuento físico”, respondió Mutoni según su relato en Fiscalía. La respuesta dejó al descubierto una brecha que las autoridades sanitarias no podían ignorar.

El MGAP ordenó un recuento de campo urgente. Inspectores de la Regional de Dicose se presentaron en los campos de MCO Agro y constataron que las cabezas de ganado coincidían con la declaración jurada física de Mutoni, pero no con la información cargada en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) , donde figuraban miles de caravanas y dispositivos que jamás habían estado allí. Ante la pregunta de sus defensores sobre qué sucedió tras la constatación, Mutoni respondió que “simplemente elaboraron un acta. A ellos no tuvimos ni idea, si los multaron”.

El productor sostuvo ante el fiscal que su sospecha es que desde las oficinas de Conexión Ganadera se realizaban “traslados truchos o nacimientos truchos” mediante el acceso al portal del SNIG, cuyo control técnico y administrativo estaba delegado por los inversores en la empresa.

La brecha entre los contratos y el pastoreo

El episodio de la inspección es el reflejo de un patrón estructural. Mutoni había firmado 169 contratos que referían a 11.428 animales que deberían haber estado en sus campos. La inconsistencia resultaba insostenible para la superficie que gestionaba, que llegó a reducirse a unas 2.957 hectáreas en 2024 en el campo La Querida. Para la sindicatura y las autoridades, el faltante total ronda los 8.605 vacunos, equivalentes a más de US$ 8 millones.

Interrogado sobre por qué continuaba firmando compromisos por miles de cabezas que sabía que no iban a ingresar al predio, el productor adujo un esquema de “asfixia económica” y presiones comerciales por parte de Basso. Según su versión, Conexión Ganadera retenía las liquidaciones y los adelantos de capitalización, dejando al tomador sin margen para funcionar. Esos adelantos eran dinero que Basso le daba en calidad de prestamista para afrontar costos operativos —el pago de salarios a entre 7 y 10 trabajadores y las deudas con proveedores veterinarios—, pero según Mutoni les cobraba un 9% de comisión.

Los contratos, dijo, los firmaba en las oficinas de Conexión en la calle Pereira de la Luz y eran tomados como “intenciones de disponibilidad” o renovaciones donde se duplicaban firmas sobre ganados que ya se habían vendido o cuyo número real había descendido a cifras marginales. “En algunos momentos pasaba meses sin venir y cuando venía firmaba varios juntos”, relató.

El fiscal insistió en saber qué actitud tomaba cuando se daba cuenta de que la realidad no coincidía con los contratos que firmaba. “Fui engañado por Basso. Yo me preocupaba por el stock físico de mi declaración jurada. Él me decía: ‘Vos preocupate por el físico, hay una cuenta macro’… Nunca imaginé que iba a llegar a una situación de esta magnitud. Hay que ir al Martín Mutoni del 2021 cuando Conexión Ganadera (Basso) era Roberto Carlos y las paquitas”, explicó el productor.

Mutoni justificó que en el medio rural el negocio se movía fuertemente por confianza y que Basso era considerado un “caballero” y una garantía en el sector. Por ello, pensó que el sistema terminaría regularizándose sin imaginar el desenlace. Agregó que, en contrapartida, Basso se encargaba de “sofocarlo financieramente” y de hablar mal de él en el circuito comercial para que solo pudiera operar con Conexión Ganadera, obligándolo a depender de su estructura. Describió a Basso como una persona muy difícil, agresiva e impredecible cuando se le intentaba reclamar: “gritaba, perdía el control”.

Ante las reiteradas preguntas del fiscal sobre las inconsistencias en los contratos, el productor afirmó que en algunos casos ingresaban lotes de terneros para engorde rápido que permanecían apenas unos tres meses en el campo y luego salían. Sin embargo, los contratos asociados a esas operaciones seguían figurando como activos en los registros de la empresa.

El contexto de una estafa de escala histórica

La declaración de Mutoni se produce mientras corre el plazo de 20 días que tiene el fiscal Enrique Rodríguez para llevar a la justicia los acuerdos que concretó con los tomadores de ganado MCA Agro, Agenau, Larregui y El Alfalfar. Todos admitieron ante la Fiscalía de Lavado que, mientras los contratos referían a determinada cantidad de animales, en sus establecimientos había mucho menos y no pudieron explicar qué sucedió con ese ganado.

Los acuerdos abreviados establecen que Mutoni irá a prisión efectiva por unos tres meses y luego seguirá cumpliendo la pena bajo el régimen de libertad vigilada. Los dos titulares de Agneau cumplirán la condena bajo el mismo régimen y, al igual que el director de Alfalfar, deberán cumplir arresto domiciliario. En todos los casos se los condenará por un delito de apropiación indebida con penas en el entorno de los 24 meses.

El caso Conexión Ganadera es considerado la mayor estafa de la historia de Uruguay. La Justicia confirmó que el fondo pecuario tiene un pasivo de US$ 387 millones y un activo de US$ 115 millones. El funcionamiento de la empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia el 28 de enero de 2025, cuando el contador Ricardo Giovio informó a los inversores que las cuentas eran “inauditables” y que existían pérdidas millonarias. Los afectados son algo más de 4.000 personas.

El SNIG es una pieza central del caso. Creado entre 2002 y 2004 como parte de una política de Estado para garantizar la trazabilidad del ganado vacuno desde el establecimiento de origen hasta el frigorífico, el sistema se apoya en la identificación individual de cada animal mediante dispositivos permanentes. La declaración de Mutoni sugiere que ese control fue vulnerado sistemáticamente desde las oficinas de Conexión Ganadera, donde se habrían cargado movimientos y nacimientos sin respaldo físico.

La Fiscalía aún espera un informe del MGAP con el recuento de animales en otros campos para cotejarlos con las declaraciones juradas y citar a cinco tomadores, entre ellos MCO Agro, Agenau, Larregui, El Alfalfar y Don Coraje. El caso sigue en etapa de investigación y los acuerdos abreviados representan un avance en el esclarecimiento de la estructura montada por los responsables de Conexión Ganadera.