Cardama dijo en el Parlamento que su denuncia penal en España seguía en curso: había sido archivada meses atrás

La Justicia de Vigo archivó en mayo la denuncia por estafa que Mario Cardama presentó contra los intermediarios de la garantía falsa. El astillero respondió al Parlamento uruguayo tres meses después afirmando que la causa seguía “su curso”. El gobierno evalúa ahora si hubo ocultamiento deliberado.

El Tribunal de Instancia de Vigo decretó en mayo el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia por estafa que Mario Cardama, titular del astillero español, presentó contra los intermediarios que gestionaron la garantía de EuroCommerce Bank. La decisión se basó en la existencia de una investigación penal activa en Uruguay sobre los mismos hechos, según confirmó la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Tres meses después, el 20 de agosto, Cardama respondió por escrito a la comisión investigadora del Parlamento uruguayo que la denuncia “sigue su curso en los juzgados de Vigo”. El auto de archivo nunca fue recurrido por el astillero.

La cronología es precisa: el tribunal resolvió el archivo el 21 de mayo. Cardama presentó su arbitraje internacional contra Uruguay el 28 de abril. La respuesta al Parlamento llegó el 20 de agosto. Es decir, el empresario declaró ante el Poder Legislativo uruguayo que una causa seguía activa cuando llevaba tres meses cerrada en España.

Una garantía de 4,1 millones de euros que resultó falsa

El origen del caso se remonta a diciembre de 2023, cuando el astillero Cardama fue seleccionado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para construir dos patrulleras oceánicas (OPV) por 82 millones de euros. El contrato exigía una garantía de fiel cumplimiento del 5% del valor total: 4.113.500 euros.

Cardama presentó un aval emitido por EuroCommerce Bank. Cuando el gobierno de Yamandú Orsi intentó ejecutarlo, descubrió que en la dirección declarada de la supuesta financiera funcionaba una inmobiliaria y que la empresa estaba en liquidación forzada. El regulador británico disolvió EuroCommerce Limited el 11 de noviembre de 2025 tras incumplimientos legales.

El notario español Luis Calabuig de Leyva denunció ante la Policía de España la falsificación de su firma en el acta que acompañaba la garantía. “Debe ser falsa”, declaró Calabuig en octubre de 2025. El Poder Ejecutivo uruguayo presentó su denuncia penal el 24 de octubre de 2025 y posteriormente la amplió con el acta original que probaría la adulteración.

Los intermediarios: empresas sin experiencia en intermediación financiera

En su denuncia ante la Justicia de Vigo, a la que accedió El País, Cardama sostiene que fue víctima de una estafa y que él también fue engañado. El escrito identifica a Forum Europe como “experta en intermediación financiera”, aunque la firma está registrada para la comercialización de frutas y hortalizas y la venta de palets.

Forum Europe subcontrató “diversas gestiones” a Star Alliance Consulting, una unipersonal creada en junio de 2024 que declaró como dirección un espacio de coworking en el que no figuraba en el directorio de empresas usuarias.

Cardama pagó 200.000 euros en total para constituir la garantía: 30.000 a Forum Europe, 123.405 a EuroCommerce Bank y 36.000 más IVA a Star Alliance Consulting por la renovación frustrada del aval.

El arbitraje y la estrategia jurídica del Estado uruguayo

El astillero presentó el 28 de abril un arbitraje internacional ante la Corte de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, amparándose en el artículo 39 del contrato, referido a “asuntos técnicos”. El gobierno uruguayo considera que el reclamo “carece de competencia” porque las cláusulas 38 y 39 establecen la jurisdicción de los tribunales de Montevideo para controversias jurídicas.

El Poder Ejecutivo contrató al estudio español Uría Menéndez para la defensa en el arbitraje y para iniciar acciones de recuperación del dinero pagado —unos 30 millones de dólares— y de la parte construida de la primera OPV.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que si se confirma que Cardama declaró falsamente al Parlamento, el empresario “le habría mentido” al Poder Legislativo. El gobierno instruyó a Uría Menéndez verificar formalmente el archivo de la causa en Vigo antes de definir los pasos a seguir.

La defensa del astillero y las tensiones políticas

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, integrante de la comisión investigadora, sostuvo que el archivo en Vigo responde a “razones procesales” y no modifica la materialidad de los hechos. “La denuncia ahora se conoce, fue anexada en abril a la demanda frente a la Corte de Arbitraje, parece consistente y en algún sentido le da hasta presunción a su favor”, declaró Abdala.

Abdala también cuestionó la actuación del gobierno de Orsi: “Actuó con gran alevosía e irresponsabilidad. Debió intimar a su contraparte a solucionar el problema y en cambio persiguió un objetivo político”.

La investigación penal en Uruguay sigue activa. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez tomó declaración a los primeros testigos y el Poder Ejecutivo presentó varias ampliaciones a su denuncia inicial.