medidas sociales

Casi 7 de cada 10 uruguayos apoyan transferencias a hogares con niños de bajos recursos

La mayoría de los votantes del Partido Nacional respaldan este tipo de medidas, de acuerdo a una encuesta de Equipos Consultores. Sin embargo, los legisladores del bloque derechista no acompañarán la Rendición de Cuentas que contiene estos planes.

Foto con fines meramente ilustrativos
Foto con fines meramente ilustrativos

El 64% de los uruguayos está de acuerdo con aumentar las transferencias económicas a hogares con niños pequeños de bajos recursos, una de las medidas que el gobierno propone financiar con el incremento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas, según una encuesta de Equipos Consultores que circula en filas del oficialismo.

El relevamiento preguntó concretamente: “El Gobierno propuso destinar buena parte del aumento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas a incrementar las transferencias económicas para hogares con niños pequeños de bajos recursos. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta decisión?”.

Ante esa consulta, un 15% respondió que está “muy de acuerdo” y otro 49% que está “de acuerdo”. En conjunto, las respuestas favorables alcanzan así al 64% de los encuestados. En la vereda contraria se ubicó un 20%: el 16% dijo estar “en desacuerdo” y el 4% “muy en desacuerdo”. Además, un 14% respondió que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 2% no sabe o no contesta.

Un respaldo que atraviesa niveles socioeconómicos y preferencias políticas

La consulta de Equipos, que forma parte de una encuesta mayor, pone específicamente el foco en la decisión de destinar buena parte del aumento del gasto previsto a incrementar las transferencias económicas para hogares con niños pequeños de bajos recursos. El estudio también muestra diferencias según el nivel socioeconómico y la preferencia electoral de los consultados.

Entre las personas de nivel socioeconómico bajo, el respaldo a aumentar las transferencias llega al 73%, mientras que un 11% se mantiene neutral y un 12% está en desacuerdo. En los sectores de nivel socioeconómico alto y medio alto, en tanto, el apoyo baja al 58%. En ese grupo, un 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 16% rechaza la medida.

La diferencia en la aprobación, que asciende hasta 15 puntos porcentuales, es consistente con la cercanía del primer grupo a la población que potencialmente se vería beneficiada con la medida, aunque la iniciativa también recoge más apoyo que rechazo o posturas neutrales en los sectores socioeconómicos medios y altos.

El estudio también desagrega las respuestas según el voto. Como era esperable, el mayor respaldo aparece entre los votantes del Frente Amplio: un 77% está de acuerdo, un 9% se mantiene neutral y un 11% está en desacuerdo. Sin embargo, la propuesta también obtiene mayoría de opiniones favorables entre votantes del Partido Nacional: el 57% está de acuerdo, frente a un 10% que está en desacuerdo. Otro 32% adopta una posición neutral.

Entre los votantes de Álvaro Delgado, el respaldo alcanza al 52%, mientras que un 32% se mantiene neutral y un 15% está en desacuerdo. El escenario es diferente entre los votantes del Partido Colorado, donde no existe una mayoría favorable: 38% está de acuerdo, 36% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 26% se manifiesta en contra.

La letra chica de la encuesta

De acuerdo con la ficha metodológica, la medición se realizó entre el 11 y el 31 de agosto de 2026, mediante encuestas domiciliarias cara a cara. El universo estudiado estuvo integrado por personas de 18 años o más residentes en localidades de más de 2.000 habitantes de todo el país.

La encuesta tuvo una muestra efectiva de 710 casos, distribuidos en 176 puntos muestrales, y un margen de error máximo esperado de ±3,7%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

Qué hay detrás de la consulta: la reforma que discute el Parlamento

Los resultados comenzaron a circular dentro del oficialismo en momentos en que la discusión sobre las prioridades presupuestales del gobierno vuelve a estar sobre la mesa con la Rendición de Cuentas. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se discute en el Senado, prevé un incremento del gasto de US$ 31 millones destinados a la unificación del sistema de transferencias para combatir la pobreza infantil.

Ese monto se sumará a los US$ 50 millones que ya están votados desde el Presupuesto y que permitirán, sumado a reasignaciones, aumentar la cantidad de dinero que se destina a seguridad, educación, atención a personas en situación de calle e INAU.

La reforma prevé unificar las cuatro transferencias que hoy existen para la infancia: las asignaciones familiares contributivas, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, en una asignación única para la infancia y la adolescencia.

El gobierno proyecta que esta transformación generará un impacto directo en la pobreza en el grupo de niños de 0 a 3 años del orden del 25%, según anunció el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

En 2027, más de 50.000 niños ingresarán al nuevo régimen. Los hogares con niños de entre 0 y 3 años de los deciles 1 y 2 recibirán $10.000, mientras que los de los deciles 3 y 4 percibirán $6.600, y los del decil 5 recibirán $3.300.

“Estamos ampliando los montos y discriminando los montos en función del grado de vulnerabilidad al cual están asociados niñas y niños en Uruguay”, dijo Arim en referencia al decil de ingresos de las familias.

Un debate que también llega al sistema político

La discusión sobre las transferencias no está exenta de controversia. La oposición ha anunciado que no acompañará la Rendición de Cuentas en general, aunque el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha reiterado que el gobierno mantiene su postura y espera aportes durante la discusión parlamentaria.

El Partido Nacional ha advertido que el gobierno “debilita la protección de los niños” al cambiar el sistema de transferencias de dinero. Desde enero de 2027, las transferencias monetarias que reciben los menores se unifican en una asignación de cobro mensual.

Ivone Perazzo, doctora en Economía que participó en la elaboración de las recomendaciones sobre transferencias para la infancia del Diálogo Social, calificó el nuevo sistema como “muy positivo”, aunque advirtió que tiene “algunos grises”.

 

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