Argentina: marines de EE.UU. entrenan en Ushuaia sin presentar el decreto que autoriza el ejercicio militar

La fuerza naval de Argentina admitió a través de su gaceta oficial la presencia de ocho infantes de marina estadounidenses en Ushuaia, pero no presentó el decreto específico que autoriza el ejercicio, mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa una agenda de defensa inédita en el Atlántico Sur.

La Armada Argentina rompió el silencio este martes y confirmó, mediante una publicación en su propio órgano de difusión, la Gaceta Marinera, que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos se encuentran desplegados en Tierra del Fuego. La confirmación oficial llega tras la difusión de imágenes y denuncias sobre una presunta “rotación permanente” de militares extranjeros en unidades fueguinas, y se produce en una semana donde la cuestión Malvinas ha regresado al centro de la escena política nacional.

Según el detalle aportado por la fuerza, el personal norteamericano entrena junto al Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM 4) en un “intercambio de expertos en clima frío”. Las maniobras comenzaron el pasado 8 de septiembre y tienen fecha de finalización para el 22 del mismo mes. La publicación oficial describe que las actividades incluyen “técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención”.

El marco legal y la opacidad de los decretos

Pese a la confirmación de la actividad, la Armada no detalló a la consulta periodística de elDiarioAR el decreto, resolución o acuerdo específico que respalde el ejercicio militar conjunto. Fuentes especializadas en la materia intentaron minimizar la relevancia del hecho: “Todos los años se hace el intercambio, como se hace con Perú, Brasil o Chile”, comentó una fuente castrense. Otra fuente completó que “es algo absolutamente normal trabajar con militares de EE.UU., Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, España, Italia”.

Sin embargo, la Ley 25.880 establece un procedimiento claro que obliga al Poder Ejecutivo a solicitar autorización parlamentaria e informar al Congreso sobre la cantidad de efectivos, países participantes, equipamiento, ubicaciones, fechas y objetivos de cualquier ejercicio con fuerzas extranjeras. Esta norma se alinea con el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional, que reserva al Congreso la potestad exclusiva de autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país.

La fuerza sostiene que estos encuentros se realizan “sobre la base de un marco de cooperación entre las Armadas de la República Argentina y los Estados Unidos, acordado previamente en reuniones bilaterales”. Según la versión oficial, este tipo de intercambio rige desde 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, lo que explicaría su continuidad institucional. No obstante, la falta de documentación específica sobre el acuerdo vigente genera interrogantes sobre la transparencia del despliegue.

El precedente de los DNU y la agenda de defensa

La confirmación de la Armada ocurre en un contexto de alta sensibilidad geopolítica. En septiembre de 2025, el Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025 —firmado por Javier Milei junto a Patricia Bullrich y otros diez funcionarios— autorizó el ingreso de hasta 30 efectivos de Naval Special Warfare para el “Ejercicio Tridente” en la Base Naval Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano. Ese decreto invocó la “naturaleza excepcional” de la situación para saltear el trámite parlamentario ordinario.

En abril de 2026, el esquema se repitió con el Decreto 264/2026, que habilitó a unos 50 militares estadounidenses para el ejercicio “Daga Atlántica” en Puerto Belgrano, Córdoba y Moreno. En esa ocasión, se autorizó también la participación de personal del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley para un Passex en la Zona Económica Exclusiva argentina.

 

La noticia sobre los marines en Ushuaia coincide con una semana de intensa actividad diplomática y militar. El canciller Pablo Quirno y el titular de Defensa recorrieron el predio de la Base Naval Integrada en Ushuaia, mientras la Legislatura provincial aceleró una comisión investigadora sobre el radar de la empresa LeoLabs instalado a 600 kilómetros de las islas Malvinas. Este radar, de tecnología dual, ha sido objeto de debate por su potencial uso militar y su ubicación estratégica.