Kast analiza indultar a condenado por delitos de lesa humanidad en la dictadura de Pinochet

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que su gobierno analiza “caso a caso” las solicitudes de indulto presentadas por condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet. La decisión, que podría beneficiar a más de un centenar de exagentes, ha reabierto el debate sobre los límites de una facultad presidencial que la propia Constitución chilena permite pero que, en este contexto, enfrenta un rechazo transversal en organismos de derechos humanos y familiares de víctimas.

El mandatario sostuvo que no aplicará una regla general y que cada petición será revisada con sus antecedentes particulares. “Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes”, declaró Kast en entrevista con Radio Agricultura, según consignó la agencia EFE. El presidente agregó que la medida no modifica las resoluciones judiciales, sino que “utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada”.

La discusión se profundizó tras conocerse el caso de Miguel Krassnoff, exbrigadier del Ejército y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quien acumula más de mil años de condenas por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas. Solo en agosto de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una nueva sentencia de 15 años en su contra por el secuestro calificado del estudiante Dignaldo Araneda Pizzini, elevando el total de sus penas a niveles que la justicia chilena registra como récord para un violador de derechos humanos.

Krassnoff envió una carta a un parlamentario en la que reivindicó el golpe de Estado de 1973 y aseguró que “no necesito perdones ni favores”, además de anticipar una “pronta libertad total”. Consultado sobre esa misiva, Kast insistió en que los indultos se resuelven “viendo la situación de cada persona” y puso el acento en los casos de presos con enfermedades terminales. “No corresponde que una persona muera en la cárcel”, afirmó.

Una cifra que supera cualquier estimación previa

Los datos más recientes permiten dimensionar la magnitud del universo de condenados. Un informe especial de 24 Horas, basado en una nómina de Gendarmería obtenida tras una disputa administrativa y judicial, estableció que 339 personas cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad en Chile, con una suma total de penas que supera los 10.900 años de cárcel. Seis de cada diez condenados comenzaron a cumplir sentencia recién a partir de 2021, lo que refleja la lentitud de los procesos judiciales por delitos cometidos hace más de cinco décadas.

La concentración institucional es otro dato relevante: 269 de los 339 condenados (79,4%) pertenecieron al Ejército, y ese mismo grupo concentra cerca del 85% de los años de cárcel registrados. Le siguen Carabineros con 22 condenados, la Armada con 18, Investigaciones con 17, la Fuerza Aérea con 12 y Gendarmería con uno. Entre los sentenciados hay seis con presidio perpetuo y 31 que acumulan más de un siglo de prisión.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia reporta además 1.045 causas abiertas por crímenes de la dictadura, de las cuales cerca de un cuarto corresponde a exagentes que ya tienen sentencia definitiva y cumplen pena efectiva. La cifra base más citada durante años —262 condenados— data de 2013 y ha quedado obsoleta frente al avance de las investigaciones.

Trece condenados siguen prófugos de la justicia

A 53 años del golpe de Estado, el estudio Caucoto Abogados actualizó su nómina de condenados por crímenes de lesa humanidad que permanecen prófugos. El listado, dado a conocer en septiembre de 2026, identifica a 13 personas: un civil, un exdetective, suboficiales de Carabineros y oficiales de la Armada y el Ejército, además de exintegrantes de la DINA. Algunos eluden a la justicia desde 2022.

Entre los casos más emblemáticos figuran Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día por siete secuestros calificados en Santa Bárbara, prófugo desde 2022; Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, exoficial del Ejército y agente de la DINA, con condenas que suman más de 50 años por la Operación Cóndor y la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza, prófugo desde 2023; y Pablo Belmar Labbé y René Patricio Quilhot Palma, condenados por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria.

El abogado Francisco Bustos, encargado de elaborar la nómina, advirtió que la impunidad persiste en un contexto adverso. “Seguimos alertando sobre los criminales de la dictadura prófugos, por la importancia del cumplimiento de las sentencias, pues los crímenes contra la humanidad exigen superar la impunidad”, afirmó Bustos. El jurista agregó que la situación se agrava porque “la autoridad política ha instruido al Programa de DDHH del Ministerio de Justicia dejar de intervenir y oponerse a las solicitudes de reducción de condena pedidas por agentes de la dictadura sin cumplir los requisitos legales”.

Qué dice la Constitución sobre el indulto presidencial

El indulto particular en Chile es una facultad exclusiva del Presidente de la República, contemplada en el artículo 32 N°14 de la Constitución. Permite remitir o conmutar la pena de una persona con sentencia firme, sin borrar el delito ni la calidad de condenado. Se otorga mediante decreto supremo y, en la práctica, actúa sobre la sentencia pero no sobre la responsabilidad penal ya declarada.

La norma ha generado un debate constitucional sostenido. En enero de 2026, la Cámara de Diputados rechazó una reforma que buscaba limitar esta atribución presidencial. Meses después, en agosto, parlamentarios de oposición volvieron a presentar una iniciativa para restringirla, argumentando que el indulto permite al Ejecutivo intervenir en el ámbito del Poder Judicial. El constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán describió esta figura como “un resabio al antiguo derecho de gracia que ejercían los monarcas absolutos”, una definición que resume el núcleo del conflicto.

Familiares de víctimas y organismos de derechos humanos en alerta

Las organizaciones de familiares de víctimas han manifestado su preocupación por las señales del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Además de los indultos, el gobierno recortó cerca de un millón de dólares del programa que aloja el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, una política que la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han seguido de cerca.

El abogado Nelson Caucoto Pereira, reconocido en septiembre de 2026 con la Medalla Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile, ha encabezado la representación legal en más de 400 procesos penales por violaciones a los derechos humanos. Su trayectoria —iniciada en el Comité Pro Paz de Concepción en 1973 y continuada en la Vicaría de la Solidaridad— incluye causas emblemáticas como el asesinato de Víctor Jara, el Caso Degollados y la Operación Colombo. La distinción, otorgada de forma unánime, contrasta con un escenario donde las solicitudes de indulto avanzan en el Ministerio de Justicia.

 

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