“Proyecto de eliminación”: B’Tselem documentó cómo Israel desmantela la vida colectiva palestina en Cisjordania

En septiembre de 2026, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem) publicó un informe titulado “El Proyecto de Eliminación” que documenta cómo las prácticas israelíes en Cisjordania responden a una lógica sistemática de desmantelamiento de la vida palestina.

El documento, de más de 2.200 palabras solo en su sección sobre manifestaciones históricas, sostiene que la eliminación no es un conjunto de medidas aisladas, sino un proyecto político continuo que busca reorganizar el espacio para que la presencia israelí sea permanente e institucionalizada, mientras la existencia palestina se fragmenta y se vuelve vulnerable.

El concepto central del informe proviene del historiador australiano Patrick Wolfe, quien acuñó el término “lógica de la eliminación” para describir cómo los proyectos coloniales de asentamiento trabajan para reducir, desmantelar y eliminar la existencia indígena como colectivo con conexión con la tierra.

Según B’Tselem, en el caso israelí esta lógica opera a través de dos procesos complementarios: uno que expulsa a los palestinos de la tierra, les niega derechos y destruye sus instituciones; y otro que establece un nuevo orden diseñado para poblar el territorio con colonos y preservar su supremacía.

El informe detalla que la fragmentación de los palestinos en diferentes grupos legales y espaciales —ciudadanos de Israel, residentes de Jerusalén Este, residentes de Cisjordania, residentes de Gaza y refugiados en el exilio— es uno de los mecanismos fundamentales de esta estructura. Esta división permite a Israel administrar a cada grupo bajo diferentes estatus, leyes y derechos, minando la capacidad de los palestinos para actuar como un colectivo político único.

Datos históricos y desplazamiento continuado

B’Tselem documenta que entre 1947 y 1949, durante la Nakba, aproximadamente 750.000 palestinos se convirtieron en refugiados y fueron impedidos de regresar a sus hogares. La Ley del Retorno de 1950 permitió a cualquier judío del mundo inmigrar a Israel y obtener la ciudadanía, mientras que a los refugiados palestinos —muchos nacidos en el país hasta que fueron expulsados— no se les permitió volver.

La Ley de Propiedades de Ausentes de 1950 transfirió el control de las propiedades de los refugiados al Estado o a organismos que actuaban en su nombre.

El informe señala que los palestinos que permanecieron dentro de las fronteras de Israel después de 1948, aunque recibieron la ciudadanía, vivieron hasta 1966 bajo gobierno militar que restringía la circulación, monitoreaba la actividad política y expropiaba grandes extensiones de tierra. Hoy, las autoridades locales palestinas dentro de Israel tienen jurisdicción sobre menos del 3% del territorio total del Estado.

Tras la ocupación de 1967, entre 200.000 y 300.000 palestinos adicionales fueron desplazados de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Entre 1967 y 1994, Israel revocó el estatus de residencia de aproximadamente 140.000 palestinos de Cisjordania al eliminarlos del registro de población que controlaba, impidiéndoles regresar a sus hogares.

La aceleración desde octubre de 2023

El informe dedica una sección completa a lo que describe como una nueva fase iniciada con el gobierno israelí formado a finales de 2022 y acelerada desde octubre de 2023. B’Tselem sostiene que los mecanismos de eliminación se aplican ahora “a un ritmo acelerado y más abiertamente que nunca”, con una coordinación más estrecha entre los brazos del Estado y actores colonos de extrema derecha.

El documento menciona explícitamente el Plan Decisivo publicado por Bezalel Smotrich en 2017, cuando era miembro de la Knesset. Según B’Tselem, este plan presenta a los palestinos tres opciones: vivir bajo supremacía judía renunciando a sus reclamaciones nacionales, irse, o enfrentar una represión violenta por parte del ejército israelí. El informe afirma que elementos centrales de esta lógica se han traducido en políticas, presupuestos, autoridades y prácticas implementadas por diversos brazos del Estado.

B’Tselem también documenta lo que describe como un deterioro del sistema penitenciario desde que Ben Gvir fue nombrado ministro de Seguridad Nacional en enero de 2023. El informe afirma que el sistema de prisiones se ha convertido en uno de los sitios más extremos de violencia y abuso contra palestinos, con violencia física y psicológica rutinaria, hambre, denegación de tratamiento médico, abuso sexual, humillación, tortura y muerte.

Erosión de los mecanismos legales

El informe analiza cómo Israel empleó durante años mecanismos legales, burocráticos y públicos que se presentaban como controles sobre el uso de la fuerza contra palestinos. Estos incluían sistemas de justicia militar y civil, asesores legales, la Corte Suprema, revisiones internas e investigaciones. Aunque B’Tselem reconoce que estos mecanismos no impidieron la ocupación ni la expansión de asentamientos, señala que su existencia obligaba a Israel a interactuar con la ley, la evidencia y los procedimientos.

Sin embargo, el informe sostiene que en años recientes, y especialmente desde octubre de 2023, “incluso este barniz se ha erosionado”. En el discurso político y público israelí, afirma B’Tselem, rara vez se exige a Israel que presente sus acciones como conformes al derecho internacional. Las consideraciones legales se apartan y se presentan como marginales o irrelevantes; la crítica legal y pública se tilda de traición; y las instituciones internacionales se describen como antisemitas o ilegítimas.

El documento concluye que, a pesar de estos mecanismos de eliminación, la existencia colectiva palestina persiste, al igual que las reclamaciones palestinas de derechos, retorno, soberanía y autodeterminación. B’Tselem afirma que a lo largo de todos estos períodos, los palestinos han continuado resistiendo su fragmentación y desplazamiento, insistiendo en su derecho a permanecer en su tierra y vivir en ella.