El encargado del Área de Gestión Vehicular del Ministerio del Interior, comisario general Pablo Vichi, resumió el impacto del convenio en seis meses de trabajo: “Este convenio es muy beneficioso porque en seis meses vamos vaciando aquellas unidades nuestras donde teníamos esos vehículos y van pasando por el proceso de destrucción”. Vichi subrayó además que el procedimiento permite garantizar que los vehículos declarados como chatarra no vuelvan a circular.
La saturación de los depósitos policiales era un problema que se venía arrastrando desde hace más de una década. Lo que originalmente ingresaba como evidencia o retención provisoria terminaba almacenado durante años a la intemperie, generando predios colapsados y dificultades operativas para las jefaturas. Según datos de la Jefatura de Policía de Montevideo, solo en esa jurisdicción había 4.686 motos con más de dos años de antigüedad sin que nadie acreditara ser su propietario.
La primera etapa del plan se concentró en motocicletas que se encontraban principalmente en dependencias de las jefaturas de Policía de Montevideo y Canelones. Las 25 comisarías de Montevideo que almacenaban motos en esas condiciones ya fueron desocupadas, al igual que las dependencias de Canelones comprendidas en esta primera etapa.
El subjefe de Policía de Montevideo, comisario mayor Carlos Rodríguez, explicó el origen de estos vehículos: “Son motos en infracción, que no reúnen las condiciones para que las personas circulen por la vía pública o en el momento en que la policía, la policía de tránsito, los paran, esas personas no tienen manera de poder justificar su procedencia o no están con toda la documentación encima que deberían andar, matrículas apócrifas, matrículas tapadas con distintos elementos justamente para evitar multas, se notan motos clonadas”.
13.000 kilos diarios serán reciclados
El proceso de desmantelamiento se realiza en la planta de Depósito Pedernal, ubicada en Camino Tomkinson. El gerente comercial de la empresa, Matías Silva, detalló que los vehículos son retirados de los predios policiales y trasladados hasta la planta, donde comienza el desguace primario. Los materiales son separados según sus características: chatarra ferrosa y no ferrosa, cables, líquidos, plásticos y neumáticos.
En el caso de las motocicletas, cada unidad es desmontada para recuperar la mayor cantidad posible de materiales. Las ruedas, amortiguadores, plásticos, asientos, componentes eléctricos y otras piezas son separados y derivados a los circuitos correspondientes.
Los elementos metálicos son destinados a fundición, mientras que otros componentes son derivados a empresas nacionales o destinados a la exportación. Los motores y amortiguadores, además, son cortados para dejarlos inutilizados y permitir la recuperación de sus componentes. Los líquidos y aceites reciben un tratamiento específico para evitar que sean liberados al ambiente.
Silva destacó la magnitud del operativo: actualmente la planta procesa entre 10.000 y 13.000 kilos diarios y, durante el último mes, multiplicó por cuatro el volumen de motocicletas procesadas respecto de los primeros meses del convenio. El incremento de los volúmenes procesados implicó una ampliación de la capacidad operativa de la empresa, que incorporó maquinaria, construyó un nuevo galpón y aumentó la cantidad de trabajadores involucrados en el proceso, con especial énfasis en la incorporación de trabajadores de la zona de Paso de la Arena.
El componente ambiental del acuerdo fue destacado por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, quien señaló que la empresa “está certificada por el Ministerio de Ambiente, eso hace que para nosotros sea una garantía de que los procedimientos y el destino final de la chatarra respondan a una política pública que también es de seguridad y es de seguridad ambiental”.
Un convenio sin costo para el Estado
El convenio con Depósito Pedernal se suma a otro acuerdo similar firmado con la Cooperativa de Trabajo Burgues, que también participa en el desarme de motocicletas declaradas chatarra. Ambas iniciativas forman parte de una estrategia integral del Ministerio del Interior que abarca desde los controles vehiculares en todo el país hasta la disposición final y reciclaje de los vehículos incautados.
El próximo paso está pautado para octubre, cuando comenzará el retiro de automóviles de los predios policiales. “En el mes de octubre empiezan a retirar los autos de los predios policiales”, confirmó Vichi. En paralelo, el Ministerio del Interior realiza un relevamiento de los vehículos acumulados en unidades policiales de otros departamentos con el objetivo de extender el convenio al resto del país.
El acuerdo no requiere inversión estatal: la empresa se beneficia de la venta de los materiales recuperados. “Este acuerdo permite dar una solución técnica y ambientalmente responsable a un problema que se arrastraba desde hace años. El proceso incluye el desguace primario, la separación de materiales reciclables y la correcta gestión de fluidos y residuos peligrosos, asegurando trazabilidad en cada etapa”, señaló Silva.
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