Defensoras de América Latina: Recordando a las mujeres que lucharon por los derechos ambientales
América Latina sigue siendo el lugar con más asesinatos, con el 85% de todos los casos documentados en 2023.

América Latina, el lugar más peligroso para defender los derechos ambientales
Un estudio de Global Witness indica que América Latina se considera la región más peligrosa del mundo para los defensores de derechos humanos y activistas ambientales.
Colombia fue el país que registró más violencia de este tipo, con 79 muertes y, a continuación, Brasil con 25. La investigación fue difundida hace unos meses, en septiembre del año 2024 sobre estudios realizados en el 2023.
En este artículo, traemos tan solo algunos de los casos, algunos ocurridos recientemente y otros hace ya hace varios años que siguen sin resolverse.
La lucha continua, informarnos de estos hechos promueve la toma de conciencia ciudadana, denuncia pública y social y tambien sirve de ejemplo que revela lo que realmente significa la impunidad del capital y/o del «sector privado» en cuanto a la explotación territorial sin consenso social ni de las comunidades involucradas y la increíble pero real corrupción política que sigue latente en nuestros días.
Asesinatos y desapariciones
En 2023, la lucha por la protección del medio ambiente en América Latina dejó un saldo trágico, ya que la región concentró el 85% de los 196 asesinatos de activistas ambientales registrados en todo el mundo, según Global Witness. Dentro de este sombrío panorama, las mujeres representan al menos el 12% de las víctimas.
Honduras: El caso de Berta Cáceres

Berta Cáceres, una destacada activista ambiental y líder indígena lenca de Honduras, fue asesinada en 2016. Su muerte resonó a nivel mundial debido a su valiente defensa de los territorios indígenas frente a los proyectos hidroeléctricos de empresas privadas, como la represa Agua Zarca.
A pesar de enfrentar constantes amenazas, persecuciones y criminalización, Berta mantuvo su lucha hasta ser asesinada en su propio hogar. Solo una semana antes, había denunciado públicamente las amenazas contra ella y otros dirigentes comunitarios, además del asesinato de cuatro líderes de su comunidad.
En Chile hay muchos casos, y algunos muy recientes
Uno de los casos más recientes es el de Julia Chuñil, una activista líder mapuche de los Putregrel de 72 años, desapareció el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, tierras en las que se había instalado para reclamar su derecho y protegerla de intereses mineros privados que pusieron en peligro la zona.
El territorio mapuche donde vive, en Máfil, llamado «Reserva Cora Uno-A», ha sido declarado Territorio Ancestral Mapuche por organismos gubernamentales chilenos y actualmente es el centro de un conflicto con un empresario local, Juan Carlos Morstadt Anwandter.
Luego de sufrir amenazas, intimidaciones como el robo de ganado y hasta intentos de soborno para que desista en su defensa del territorio indígena frente a intereses económicos, Julia llegó a advertir a su familia y seres queridos: «En caso de que llegue a pasarme algo, será culpa de el».

Los últimos rastros de Julia fueron fueron encontrados en el campo cerca de objetos personales abandonados y huellas de neumáticos. Desapareció junto a su perro Cholito mientras recorría los alrededores de su vivienda. El paradero de ambos aún se desconoce
Antes de su desaparición, había denunciado al empresario Juan Carlos Anwandter por acoso constante. El gobierno de Gabriel Boric ha sido criticado por su lenta respuesta y por la falta de avances concretos en la investigación.
Otro caso impactante en Chile es el de Macarena Valdés, hallada muerta en 2016 tras enfrentar amenazas por oponerse a un proyecto hidroeléctrico de la empresa austriaca RP Global en territorio mapuche. Aunque inicialmente se habló de suicidio, investigaciones posteriores indicaron que fue asesinada y que había recibido amenazas de muerte, un caso que sigue sin resolverse.
México: Tierra de mafias extractivistas
En México, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle fueron víctimas de una desaparición forzada el 7 de diciembre de 2011, en Coyuca de Catalán, Guerrero.

Ambos eran líderes campesinos que denunciaban la tala ilegal en la Sierra de Petatlán, vinculada a cárteles y funcionarios del gobierno.
A pesar de la detención de 28 policías en 2012, todos fueron liberados tras 48 horas, y a más de una década del hecho, Eva y Marcial continúan desaparecidos.
Brasil: Justicia a medias
Dorothy Stang, una religiosa estadounidense que se nacionalizó brasileña, fue asesinada el 12 de febrero de 2005 en Anapu, Pará, por proteger a campesinos e indígenas de la deforestación ilegal para la ganadería (grilagem) durante el gobierno de Lula. A pesar de que tres de sus asesinos fueron condenados, dos lograron libertad anticipada y otro fue recondenado tras la anulación de su condena original. Stang dedicó su vida a proteger comunidades rurales a través del Proyecto de Desarrollo Sustentable (PDS), enfrentándose a amenazas constantes.

Cabe destacar también el caso de Marielle Franco, una socióloga feminista, activista por la lucha de derechos LGBTIQ+, política y activista brasileña. Fue militante de los derechos humanos, y concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, priorizando el empoderamiento de aquellas mujeres negras que viven en las favelas.

Militante del PSOL, fue elegida concejala en la Cámara Municipal de la ciudad de Río de Janeiro. Crítica de la intervención federal en Río de Janeiro, el día 10 de marzo de 2018 había denunciado a policías del 41.º Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra los habitantes de la favela de Acari. Un día antes de ser asesinada (13 de marzo), se preguntaba en la red social Twitter —en uno de sus últimos tuits— a propósito de la muerte de un joven (Matheus Melo): «¿Cuántos más deben morir para que acabe esta guerra?».
Costa Rica: Lucha y tragedia
En Costa Rica, el asesinato de María del Mar Cordero en 1994 destaca los peligros que enfrentan los activistas ambientales.

Cordero, quien era parte de la organización ecologista AECO y estaba embarazada cuando ocurrió un incendio intencional que también mató a otros dos activistas, había liderado una campaña contra el proyecto de la empresa Stone Container, que amenazaba la biodiversidad en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Aunque detuvieron el proyecto, los responsables del incendio nunca fueron identificados.
Guatemala: Resistencia que le costó la vida
Laura Vásquez, una defensora guatemalteca, se opuso a la minera canadiense Tahoe Resources en San Rafael Las Flores.

Su firme resistencia le costó siete meses en prisión bajo acusaciones que luego fueron retiradas. Luego, en enero de 2017, fue brutalmente asesinada en su hogar por un grupo de hombres, y sus asesinos siguen sin ser identificados. Laura se opuso fuertemente al proyecto minero San Rafael. Al momento de su homicidio tenía 47 años y estaba tenia a cargo a 2 nietos menores de edad.

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