Corte IDH urge a los Estados tomar acciones contra el avance del cambio climático
Corte IDH dicta obligaciones climáticas para 34 países americanos. Protección a vulnerables y defensores ambientales es prioridad en nueva jurisprudencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una opinión consultiva este 3 de julio de 2025. El documento detalla obligaciones de los 34 países miembros de la OEA frente al cambio climático. Señala que los Estados deben combatir causas y proteger a poblaciones vulnerables de sus impactos.
Este texto de 234 páginas crea bases jurídicas para tribunales nacionales. Organizaciones civiles latinoamericanas valoraron su contenido. “Fortalece la posición de jueces que defendían estas posturas”, declaró a DW el juez Antonio Herman Benjamin. También “aisla a quienes prefieren mantener la explotación depredadora de recursos naturales”, añadió.
Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática, destacó: “reafirma que los Estados tienen obligaciones reforzadas en contextos de vulnerabilidad”. Subrayó su relevancia especial para niñez y adolescencia. El documento enfatiza protección intergeneracional y participación comunitaria.
Participación y protección de defensores
La Corte IDH exige garantizar estabilidad climática para futuras generaciones. También obliga a proteger líderes ambientales y facilitar participación de comunidades afectadas. América Latina registra los mayores índices de asesinatos a defensores de derechos humanos ambientales.
Sergio Chaparro Hernández, de Dejusticia, señaló a DW la incorporación de “un enfoque interseccional para grupos vulnerables”. Las políticas climáticas deben ser congruentes con “superación de pobreza y combate de desigualdad”. Colombia y Chile impulsaron esta consulta en enero de 2023.
El proceso recibió 263 observaciones escritas de 613 entidades. Participaron nueve Estados, organismos internacionales, comunidades y universidades. Anna Luisa de Santana, profesora de la PUC-PR, destacó que este enfoque inclusivo garantizó legitimidad. Construyó consenso sobre conexión entre ambiente y derechos humanos.
Alcance global de la decisión
Expertos anticipan impacto más allá de América Latina. Aunque no es vinculante, posee valor normativo y político. Alameda afirmó que puede impulsar “jurisprudencia más ambiciosa y transformadora en la región”. Santana prevé que será herramienta para sociedad civil exigir responsabilidades.
La decisión se alinea con pronunciamientos internacionales recientes. En abril de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de ancianas suizas. Reconoció que la inacción climática viola derechos humanos. En mayo, el Tribunal del Mar dictaminó obligaciones estatales contra contaminación marina.
Litigios climáticos aumentan globalmente. Se han presentado casos en casi 60 países. En América Latina, nueve naciones registraron demandas a finales de 2024. Según la London School of Economics, desde 1986 existen 2.967 demandas climáticas. Estados Unidos, Australia y Reino Unido lideran estos procesos.
Respuestas estatales y desafíos
La opinión consultiva enfatiza cooperación internacional para enfrentar la crisis climática. Exige medidas para prevenir daños transfronterizos. Los Estados deben regular actividades empresariales que afecten clima y derechos humanos dentro y fuera de sus territorios.
El documento reconoce desproporcionado impacto en comunidades indígenas y afrodescendientes. Ordena consultas previas libres e informadas para proyectos que afecten sus territorios. También insta a eliminar obstáculos procesales en litigios ambientales.
Restrepo destacó el reconocimiento de “obligaciones de mitigación y adaptación con enfoque de derechos”. La Corte precisó que medidas de adaptación deben priorizar grupos en mayor riesgo. Esto incluye personas en pobreza, niños y habitantes de zonas costeras.
Implementación y monitoreo futuro
El texto establece que omisiones en acción climática configuran violaciones a derechos humanos. Esto incluye derechos a vida, salud, alimentación y agua. Los tribunales nacionales deberán incorporar estos estándares en decisiones judiciales locales.
Benjamin afirmó que el documento “orientará decisiones judiciales en toda América”. Servirá para interpretar constituciones y leyes ambientales nacionales. La Corte IDH recordó que los Estados deben garantizar acceso efectivo a información climática.
La supervisión de cumplimiento corresponderá a órganos nacionales e internacionales. El Sistema Interamericano podrá evaluar avances durante revisiones periódicas. Organizaciones civiles anunciaron vigilancia sobre implementación de estas directrices.
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