El PN recibe a Leydis Aguilera, la primera diputada cubana en el Parlamento uruguayo

Una ingeniera nacida en Cuba asumirá este martes una banca en la Cámara de Diputados de Uruguay, hecho que la convierte en la primera persona de origen cubano en integrar el Poder Legislativo uruguayo en carácter de representante. El hito tiene alcance histórico dentro del sistema político del país y se produce en el marco de una trayectoria migratoria iniciada hace más de una década y media.

Leydis Aguilera es ingeniera en Telecomunicaciones y Electrónica, con título revalidado ante la Universidad de la República. Llegó a Uruguay hace 16 años, formó familia en el país —su esposo es uruguayo y su hijo nació en el país hace nueve años— y canalizó su actividad pública dentro del Partido Nacional, donde actualmente coordina la Comisión de Asuntos Migratorios. Ocupa además la conducción de Tiempo de Avanzar, una agrupación política conformada por personas migrantes de distintas procedencias y por ciudadanos uruguayos de origen.

La legisladora asumirá en carácter de suplente del diputado Pablo Abdala. «Tengo ese grandísimo honor de asumir por el diputado Pablo Abdala, otra persona que también está muy comprometida con la política y con el pueblo«, señaló en declaraciones recogidas por El Observador.

Un mandato centrado en la representación migrante

Aguilera describió su llegada al Parlamento en términos de representación colectiva. «Espero estar a la altura de las circunstancias y ser esa voz dentro del Parlamento en defensa de todas las personas, y especialmente de mi comunidad migrante aquí en Uruguay», afirmó.

Al precisar a qué comunidad se refiere, amplió el alcance de esa definición más allá del colectivo cubano: «Cuando hablo de migrantes no hablo solo de cubanos. Hablo de venezolanos, con quienes hemos trabajado mucho; de colombianos, dominicanos, peruanos, rusos, nicaragüenses, en fin, de todas las personas que dejaron sus tierras para buscar un futuro mejor para sus familias».

En su discurso inaugural, la nueva diputada concentrará el eje en las mujeres migrantes y en su contribución a las sociedades de destino. El espacio político que lidera, Tiempo de Avanzar, se define como el primer grupo del país estructurado explícitamente en torno a la participación de personas migrantes dentro de un partido político derechista uruguayo.

Su incorporación al Partido Nacional estuvo guiada, según sus propias palabras, por la actual directora Gloria Rodríguez, a quien describió como una «ferviente militante» por los derechos humanos. Desde entonces desarrolló actividad en el sector D Centro de esa colectividad.

Trayectoria política desde la comunidad afrodescendiente

Aguilera es también referente de la comunidad afrodescendiente en Uruguay. Su perfil conjuga dos vectores de representación que históricamente han tenido presencia reducida en los espacios legislativos del país: el origen migrante y la pertenencia a esa comunidad étnica. La articulación entre ambas dimensiones atraviesa la plataforma política desde la que construyó su candidatura.

Sobre su vínculo con Uruguay, la diputada expresó: «Soy cubana de nacimiento, pero uruguaya de corazón«. En otra parte de sus declaraciones señaló que «Uruguay en mi vida fue un antes y un después» y que el país representa, para quienes provienen de contextos de restricción política, «un faro». También lo definió como «ese pequeño pedazo de tierra que nos enseñó que la libertad existe y que es posible, y ese espacio en el que sentimos que podemos respirar sin miedo».

La legisladora hizo referencia al expresidente Luis Lacalle Pou en el contexto de la cumbre de la CELAC de 2021, indicando que el entonces mandatario «no le tembló el pulso y lo dijo con claridad. Defendió los derechos de los migrantes. Él cantó en su propia cara al dictador Miguel Díaz-Canel ‘Patria y Vida’, que para nosotros no es una canción, no son palabras, es el grito de libertad de un pueblo entero que no se calla».

El marco constitucional que habilitó su llegada al cargo

La presencia de Aguilera en la Cámara de Diputados no es producto de una excepción normativa, sino del cumplimiento de un proceso regulado con precisión por la Constitución uruguaya. El sistema no prohíbe el acceso de extranjeros a cargos legislativos, pero establece una secuencia de plazos que determina cuándo ese acceso resulta posible.

El artículo 75 de la Constitución fija tres vías para la ciudadanía legal. La primera aplica a extranjeros con familia constituida en Uruguay, capital, propiedad o ejercicio de ciencia, arte o industria, con tres años de residencia habitual. La segunda contempla a quienes no tienen familia constituida pero reúnen alguna de esas condiciones, exigiendo cinco años de residencia.

La tercera es la gracia especial otorgada por la Asamblea General ante méritos o servicios notables. En todos los casos, los derechos derivados de la ciudadanía legal no pueden ejercerse sino tres años después de la expedición de la carta correspondiente.

Para acceder a una banca en la Cámara de Representantes, el artículo 90 exige ciudadanía natural en ejercicio o ciudadanía legal con cinco años de ejercicio efectivo, además de haber cumplido 25 años de edad. El Senado requiere un umbral más alto: ciudadanía legal con siete años de ejercicio y treinta años cumplidos, conforme al artículo 98.

La ruta constitucional más larga que una generación

El camino mínimo calculable para un extranjero sin vínculos familiares en Uruguay que aspire a integrar la Cámara Baja suma al menos trece años desde su llegada al país: cinco de residencia para obtener la carta, tres de espera para ejercer los derechos, y cinco de ejercicio efectivo previo a la postulación. Para el Senado, ese total asciende a 14 años, además del requisito etario.

El artículo 76 establece el principio general: todo ciudadano puede ser convocado a los empleos públicos, pero los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después del otorgamiento de la carta. Este principio rige los cargos de designación; los artículos 90 y 98 regulan con plazos específicos y más extensos los cargos electivos legislativos.

La Constitución construye así un esquema de integración progresiva: primero la naturalización, luego un período de ejercicio activo de la ciudadanía y, finalmente, la habilitación para la postulación, con umbrales diferenciados según la cámara. El caso de Aguilera ilustra de forma concreta el recorrido que ese esquema impone y la ventana que abre una vez cumplidos los plazos.