Ojeda presenta proyecto de ley para que militares operen vehículos blindados bajo mando policial

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentó un proyecto de ley que busca habilitar expresamente la participación de personal militar en operativos de seguridad pública junto a la Policía Nacional, incluyendo la conducción y operación de vehículos blindados del Ejército. La iniciativa surge en medio de la discusión política generada por la decisión del gobierno de utilizar los vehículos blindados Mamba MK7 —donados por Estados Unidos al Ejército uruguayo— en patrullajes y operativos en zonas consideradas críticas por el Ministerio del Interior.

El texto presentado por Ojeda propone “encomendar a las Fuerzas Armadas el apoyo a la Policía Nacional en los operativos de seguridad pública”, comprendiendo la “conducción y operación de vehículos blindados y demás medios materiales especializados de su dotación”. El proyecto establece, además, que los operativos seguirán estando “bajo mando operacional” de la Policía Nacional y que los militares mantendrán su dependencia orgánica del Ministerio de Defensa.

En la exposición de motivos, Ojeda sostiene que actualmente existe cobertura legal para la cesión de equipamiento militar a la Policía, pero no para que sea el propio personal militar quien opere esos medios en tareas vinculadas a la seguridad pública. Por eso, argumenta, se necesita una autorización legal “expresa” que otorgue “certeza jurídica y debidas garantías”.

La propuesta también incorpora antecedentes legislativos que habilitaron tareas específicas para militares en asuntos de seguridad interior, como la guardia perimetral de cárceles y la vigilancia en zonas de frontera.

El anuncio del gobierno y el despliegue de los blindados

El debate se instaló luego de que el ministro del Interior, Carlos Negro, informara el jueves 18 de junio ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes que en los próximos días comenzarán a circular por barrios de Montevideo vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional.

Según confirmó Negro, el acuerdo contempla doce vehículos que estarán afectados a operativos focalizados —denominados Dominio y Atenea— y actuarán bajo el mando de la Policía Nacional. Cada unidad será tripulada por dos militares encargados de la conducción y la logística.

Los Mamba se sumarán a los operativos Atenea y Dominio. Atenea se basa en la aplicación de inteligencia para la prevención y disuasión de homicidios, mientras que Dominio es una nueva estrategia de intervención territorial. El 8 de junio, como parte de Dominio, se realizaron operativos focalizados en el barrio Marconi, donde se identificaron a 555 personas, se registraron 174 motos y 204 autos, y se detuvo a tres personas.

La postura del presidente Orsi

El presidente Yamandú Orsi explicó que el objetivo central es suplir carencias de infraestructura del Ministerio del Interior. Contextualizó la iniciativa recordando que la colaboración entre las fuerzas militares y la seguridad pública no es nueva, citando como ejemplos la vigilancia fronteriza y la custodia de perímetros carcelarios.

Sin embargo, admitió que aún restan definir aspectos técnicos y legales fundamentales, como la instrucción del personal que operará los vehículos y el marco jurídico que habilitará la operación. También señaló que quienes participen en este despliegue deberán recibir un incentivo económico, al igual que los militares que custodian perímetros carcelarios.

Las tensiones dentro del propio gobierno

El proyecto de Ojeda abrió un flanco interno en el Frente Amplio. El sector Casa Grande, de Constanza Moreira, ya adelantó que no apoyará una medida de tales características. El ministro de Trabajo y dirigente comunista Juan Castillo dijo que “para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del Ejército no es una buena cosa” y calificó el anuncio inicial como “shockeante”. La senadora Constanza Moreira, por su parte, sostuvo que “se subestimó la valoración negativa que una medida como esta iba a tener”.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aclaró que la polémica se originó por una interpretación errónea: el planteo no supone desplegar efectivos militares en tareas de patrullaje. “No son los militares en la calle, porque no es su misión, sino que es la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en la seguridad pública de aquellos lugares donde es complejo ingresar”. Además señaló que aún no está definido quiénes conducirán los vehículos, ya que dependerá de las características técnicas de cada unidad.

La oposición: apoyo con reservas y el cruce político

El senador blanco Sebastián Da Silva apoyó la medida, indicando que “lo venimos pidiendo hace tiempo”, pero recordó una publicación del presidente Orsi de 2018 donde se mostraba en contra de sacar los militares a la calle. El exministro Javier García fue enfático en señalar la necesidad de una “norma legal que proteja a los soldados penalmente” ante episodios de agresión, y advirtió que “policías mandando soldados es romper mando y conflicto en puerta”.

El diputado Pablo Abdala fue más crítico, señalando que el gobierno está “desbordado” y “dando bandazos”, y sostuvo que la participación de militares en patrullajes barriales requiere la aprobación de una ley y no puede disponerse por decreto.

El tema derivó además en un episodio político mayor: el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir tildó al fallecido Jorge Larrañaga de “gran fracasado” en redes sociales, lo que generó un duro cruce con el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Valdomir luego eliminó el tuit y pidió disculpas al hijo de Larrañaga.

La donación de Estados Unidos y las dudas legales

La donación estadounidense incluyó 14 blindados Mamba MK7 valuados en unos US$ 11 millones y un paquete de entrenamiento militar que fue acordado durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, la utilización de esos blindados abrió otro frente de debate: el gobierno necesita autorización de Estados Unidos para cambiar el destino original de los vehículos, ya que fueron donados para misiones de paz y entrenamiento militar.

El Coronel (r) Pablo Caubarrere, exinspector del Arma de Infantería, planteó cuestionamientos técnicos y legales que deben ser respondidos “antes de que el primer blindado ruede”, entre ellos bajo qué instrumento jurídico concreto operarán los Mamba desde el primer día —dado que el convenio aún no estaba firmado— y qué pasa si un soldado mata a un peatón.

El contexto de seguridad

El anuncio se produce en un contexto de aumento de la violencia en determinados puntos de la capital, con enfrentamientos entre bandas y balaceras que han afectado barrios como Marconi y Las Acacias.

Según datos del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2026 los homicidios cayeron 9,2% a nivel nacional, de 98 a 89 casos respecto al mismo período anterior. El despliegue de los Mamba se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado en marzo de 2026 y centrado en la lucha contra el narcotráfico.