El Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte por la severa crisis de inseguridad

El Congreso de la República del Perú aprobó de manera exprés la destitución de la presidenta Dina Boluarte mediante una moción de vacancia por «incapacidad moral permanente«. Esta determinación, adoptada en una sesión maratónica que se prolongó hasta la madrugada, concluyó con un mandato de dos años y diez meses, inaugurando otra fase de transición política en una nación acostumbrada a la volatilidad gubernamental.

La vacancia recibió el respaldo de una mayoría abrumadora, demostrando un consenso poco frecuente entre colectivos políticos habitualmente enfrentados. Boluarte, quien accedió al poder en diciembre de 2022 tras la remoción de Pedro Castillo, abandona el cargo con un índice de aprobación popular por debajo del 3%, en un contexto de escándalos por corrupción, denuncias por vulneración de derechos humanos y una severa crisis de inseguridad que ha intensificado la sensación de inoperancia estatal.

Acto seguido, el presidente del Legislativo, José Enrique Jerí Oré, prestó juramento como mandatario interino hasta julio de 2026.

La cuestionada e impopular presidencia de Dina Boluarte

Dina Boluarte, abogada y anterior ministra de Desarrollo y Trabajo Social, asumió la primera magistratura el 7 de diciembre de 2022, luego del fracasado intento de autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo, quien fue vacado y arrestado en esa misma jornada. En su condición de vicepresidenta, Boluarte se transformó en la primera mujer en conducir el país de forma interina, comprometiéndose a garantizar estabilidad y continuidad en las instituciones. No obstante, su administración se vio pronto inmersa en polémicas.

Desde 2018, Perú ha registrado una rotación acelerada de mandatarios: seis presidentes en un lapso inferior a cuatro años, con tres expresidentes en prisión por delitos de corrupción o abuso de autoridad. Boluarte confrontó diversos intentos de vacancia anteriores (mínimo tres mociones que no prosperaron), sostenida por alianzas con partidos de tendencia conservadora como Fuerza Popular y Renovación Popular.

Su periodo se distinguió por un crecimiento económico moderado, pero también por movilizaciones multitudinarias durante 2023 que dejaron un saldo superior a cincuenta fallecidos, atribuidos a la acción de las fuerzas del orden. Sondeos de opinión como los de Datum International reportaban una desaprobación del 93% en octubre de 2025, impulsada por la inseguridad ciudadana, convertida en la principal inquietud de la población según mediciones recientes.

Los antecedentes de la vacancia presidencial

El escenario que llevó a la vacancia se caracterizó por la convergencia de factores estructurales y coyunturales. La frágil base de apoyo con que contaba el gobierno se fue erosionando progresivamente ante la persistencia de las crisis. La constante en la política peruana reciente ha sido la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, un fenómeno que no fue la excepción durante la gestión de Boluarte. La composición fragmentada del Congreso obligaba a la construcción de alianzas volátiles para gobernar, las cuales finalmente colapsaron.

La gobernabilidad se vio seriamente afectada por la incapacidad de las instituciones para procesar las demandas sociales acumuladas. La percepción generalizada era la de un Estado ineficaz para contener la delincuencia y proveer servicios básicos. Este clima de descontento creó un caldo de cultivo propicio para que las acusaciones de «incapacidad moral permanente» encontraran eco en una bancada legislativa amplia y diversa, superando las tradicionales divisiones ideológicas.

La moción de vacancia se basó en la «incapacidad moral permanente» de Boluarte para ejercer el cargo, un concepto de naturaleza constitucional imprecisa que faculta al Congreso para remover al titular del Ejecutivo por faltas éticas o funcionales graves. Los cargos concretos incluían:

• El elemento desencadenante inmediato fue un ataque armado el 9 de octubre de 2025 contra la agrupación musical Agua Marina en medio de una presentación en Chorrillos, Lima, que produjo cinco personas heridas. El suceso, ejecutado por dos individuos en una motocicleta que efectuaron 27 disparos de arma de fuego, fue interpretado como un acto de extorsión por parte de bandas delictivas. Los parlamentarios objetaron la «impunidad» vigente bajo el gobierno de Boluarte, mencionando un incremento exponencial en homicidios, secuestros y extorsiones. La congresista Norma Yarrow afirmó: «Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía».
• El denominado «Rolexgate» fue un aspecto central: Boluarte fue acusada de enriquecimiento ilícito por no declarar relojes de lujo y joyas valoradas en miles de dólares, presuntamente entregados como obsequio por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de prebendas políticas. El Ministerio Público formuló cargos por los delitos de cohecho pasivo y ocultamiento de bienes.
• Existen pesquisas por homicidio calificado, lesiones graves y genocidio derivadas de la represión de las protestas de 2023, donde perdieron la vida al menos 50 personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha consignado abusos sistemáticos por parte del Estado.
• Recibió cuestionamientos por ausentarse de sus labores para someterse a una intervención de cirugía estética sin informar al Congreso, y por impulsar normativas que le permitían trabajar desde su residencia, eludiendo el nombramiento de un suplente temporal.