La directora del FMI llega a Uruguay con un historial que ella misma prefiere no revisar

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llega este jueves a Montevideo para reunirse con el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Economía Gabriel Oddone y el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa.

La visita coincide con dos aniversarios que el organismo prefiere destacar: ochenta años de membresía de Uruguay en el FMI y veinte desde que el país canceló toda su deuda con la institución, dejando atrás las cartas de intención condicionantes. Ese marco de celebración, sin embargo, convive con un historial personal e institucional que rara vez acompaña el relato oficial.

El episodio Doing Business y la presión sobre China

Antes de llegar al FMI, Georgieva pasó casi dos décadas en el Banco Mundial, donde en 2017 asumió como directora ejecutiva. Fue en ese cargo donde protagonizó el episodio más cuestionado de su carrera. Una investigación independiente encargada por el propio Banco Mundial a la firma WilmerHale determinó que Georgieva, junto a otros directivos, había ejercido presión indebida sobre el personal técnico para mejorar artificialmente la posición de China en el informe Doing Business 2018, en momentos en que el organismo negociaba con Beijing un aumento de capital de 13.000 millones de dólares.

Según esa investigación, el cambio metodológico hizo subir a China del puesto 85 al 78 del ranking. La misma pesquisa detectó irregularidades adicionales en el informe de 2020, que afectaron los puntajes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán.

Georgieva calificó esas conclusiones de «falsas y espurias» y sostuvo que discrepaba de manera fundamental con la interpretación de los investigadores. El Banco Mundial, de todos modos, discontinuó por completo la publicación del índice. El directorio ejecutivo del FMI, tras ocho reuniones dedicadas exclusivamente al tema, resolvió en octubre de 2021 que la evidencia no alcanzaba para probar de forma concluyente que ella hubiera actuado de manera indebida, y la mantuvo en el cargo.

 Legisladores estadounidenses, entre ellos el senador Bob Menéndez, habían pedido en su momento una revisión más profunda por el riesgo que el episodio representaba para la credibilidad de las instituciones de Bretton Woods.

Argentina, Grecia y el patrón de los rescates fallidos

Ese antecedente no es un caso aislado. El propio FMI reconoció en 2021 que su programa crediticio de 2018 con Argentina —el más grande de la historia de la institución por 57.000 millones de dólares— no cumplió los objetivos de restaurar la confianza fiscal y externa mientras sostenía el crecimiento.

El directorio admitió que la estrategia y las condiciones del préstamo no fueron lo suficientemente sólidas para atender los problemas estructurales del país y que la operación generó riesgos financieros y reputacionales considerables para el propio Fondo. Fue el vigésimo tercer acuerdo entre el FMI y Argentina, sin que ninguno lograra estabilizar su economía de manera duradera.

El patrón se repite en otros continentes. En Grecia, los rescates otorgados entre 2010 y 2018 junto a la Unión Europea y el Banco Central Europeo, por más de 260.000 millones de euros, derivaron en una contracción económica sin precedentes y en un desempleo disparado. La Oficina de Evaluación Independiente del FMI, al revisar esos programas junto con los de Portugal e Irlanda, describió cómo decisiones de naturaleza política tomadas en capitales europeas terminaron desplazando el juicio técnico del propio staff del organismo.

Austeridad, impacto social y advertencias internas

La misma oficina de evaluación interna concluyó, en una revisión de alcance más amplio, que los programas financiados por el FMI se apoyaron fuertemente en recortes de gasto y que los esfuerzos por proteger a los sectores de menores ingresos sistemáticamente quedaron por debajo de sus propias metas. Pese a esos hallazgos, la oficina evitó declarar la existencia de un sesgo estructural hacia la austeridad.

Georgieva, como directora gerente, respondió a esas conclusiones relativizando la importancia que el FMI debía asignar a las consecuencias sociales de sus programas, al argumentar que el objetivo central del financiamiento del Fondo es resolver problemas de balanza de pagos, no garantizar crecimiento equitativo. Una evaluación posterior, publicada en diciembre de 2025, volvió a señalar que el personal del organismo no incorpora de manera sistemática el riesgo de que sus recetas de ajuste fiscal terminen generando un retroceso político en los países que las aplican.