Solo 22,5% de los productos uruguayos se verán impactados por los aranceles de Trump
La administración Trump impuso un gravamen del 12,5% a las importaciones uruguayas bajo la Sección 301, argumentando la falta de una prohibición efectiva de productos elaborados con “trabajo forzoso”.
El 24 de julio de 2026 entró en vigor un nuevo arancel del 12,5% que Estados Unidos aplica a las importaciones uruguayas, en el marco de una investigación comercial por trabajo forzoso. La medida, anunciada por la Oficina del Representante Comercial (USTR), sustituye el arancel temporal del 10% que expiraba esa misma fecha y afecta a 60 economías en total.
El director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga, detalló que el impacto real es mucho más acotado de lo que podría sugerir la tasa nominal. Según explicó, “el 77,5% del valor exportado por Uruguay en 2025 […] no está alcanzado con medidas”. En cifras absolutas, de los US$ 1.585 millones que Uruguay exportó a Estados Unidos el año pasado, US$ 1.228 millones quedan exceptuados, mientras que US$ 357 millones (22,5%) enfrentarán el nuevo gravamen.
Los productos que quedan fuera y los que pagan
La distinción entre productos exceptuados y afectados es clave para entender el alcance real. Labraga subrayó que “está exceptuada la carne bovina y la celulosa. Están exceptuados, por tanto no se ven impactados”. También quedan fuera la madera —con una precisión importante: la madera de pino, que hasta ahora pagaba arancel del 10%, “ahora dejó de estar cubierto”— y las naranjas.
En el otro lado, los productos alcanzados por el 12,5% son el sebo bovino, productos químicos, madera para construcción (marcos de ventanas y puertas), mandarinas, soja y miel. Labraga precisó que la madera para construcción representa unos US$ 40 millones anuales, y los implantes de dispositivos médicos —otro rubro afectado— unos US$ 30 millones.
“Dado todo lo que está exceptuado, si uno calcula el 12,5% de lo que va a pagar de estos US$ 350 millones y lo divide sobre las importaciones totales, el arancel efectivo es un 2,8%, porque casi el 80% está exceptuado”, explicó el jerarca. Sin embargo, reconoció que el impacto “es considerable” para los sectores afectados y que desde el MEF buscarán “un camino y una solución”.
El entramado legal: de la Corte Suprema a la Sección 301
El nuevo arancel no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una pulseada legal y comercial. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales que Trump había impuesto invocando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias constitucionales. Trump calificó el fallo como “profundamente decepcionante” y reconfiguró su estrategia.
La administración encontró entonces un rodeo jurídico: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles en respuesta a prácticas comerciales desleales sin depender de una declaración de emergencia nacional. Bajo este paraguas, el USTR abrió en marzo de 2026 investigaciones a 60 países por no establecer ni aplicar de manera efectiva la prohibición de importar mercancías producidas con trabajo forzoso.
El comunicado del USTR sostiene que Uruguay “no impuso ni aplicó de manera efectiva la prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso”. Los países fueron divididos en dos categorías: aquellos que tienen ley pero no la aplican como Estados Unidos considera que deberían, pagan 10%; los que no tienen ley, como Uruguay, pagan 12,5%.
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Reacción del gobierno uruguayo y hoja de ruta
El presidente Yamandú Orsi enmarcó la medida en un contexto más amplio: “El proteccionismo se abre paso y es una pelea de todos los días a nivel mundial donde tenemos que ser muy inteligentes y cuidadosos”. El mandatario indicó que la subida “tiene que ver con un mundo que se vuelve más proteccionista” y aclaró que no afecta a los servicios, solo a los bienes.
Desde el MEF, Labraga se mostró optimista sobre la posibilidad de revertir la situación y señaló que el gobierno mantiene conversaciones con las autoridades estadounidenses. La principal herramienta en el corto plazo es el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que ya ingresó al Parlamento. El gobierno incorporó un artículo que prohíbe la importación de productos elaborados con trabajo forzoso o infantil. “De aprobarse esta iniciativa, Uruguay podrá solicitar una reevaluación de su caso de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos”.
Una guerra comercial que llegó para quedarse
El analista internacional Ignacio Bartesaghi puso el foco en la continuidad de la política proteccionista estadounidense. En declaraciones a Radio Monte Carlo, afirmó que “es una mala noticia confirmar que continuará la guerra comercial de Donald Trump”. Bartesaghi sostuvo que “es una estrategia de Trump, luego del revés interno por la ilegalidad de la aplicación de los aranceles está buscando otros mecanismos para seguir adelante con la guerra comercial”.
El especialista remarcó que los principales productos de exportación de Uruguay no se ven afectados y destacó que el incremento fue de 2,5 puntos porcentuales, menor al 5% que algunos estimaban. La medida alcanza al 99,4% de las importaciones estadounidenses, lo que subraya la magnitud de una estrategia que, más allá de sus fundamentos legales, responde a una lógica de confrontación comercial sostenida en el tiempo.
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