La industria de los combustibles cuestiona los incentivos a la movilidad eléctrica en Uruguay

Un informe elaborado por la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) cuantifica los ingresos que el Estado uruguayo habría dejado de percibir entre 2020 y 2025 a raíz de las exoneraciones impositivas aplicadas a los vehículos eléctricos. Según el documento al que accedió El País, la cifra asciende a US$ 439 millones.

La proyección para el lustro 2026-2030 estima una pérdida de US$ 1.439 millones en caso de mantenerse las políticas vigentes.

El gerente de Unvenu, Federico De Castro, sostuvo en declaraciones al mismo medio: “Acá estamos subsidiando a la gente que tiene miles de dólares para comprarse un auto”. El estudio fue elaborado con el propósito de incidir en las autoridades gubernamentales respecto a la continuidad de los beneficios fiscales actuales.

Datos de la Asociación de Comercio Automotor (ACAU) indican que durante 2025 se comercializaron 71.442 automóviles 0 kilómetro. De ese total, aproximadamente el 20% correspondió a unidades eléctricas. En los primeros cuatro meses de 2026, la participación de los eléctricos en las ventas de cero kilómetro ascendió al 29%.

Postura del gremio sobre el crecimiento del segmento eléctrico

De Castro afirmó que Unvenu no se opone a la tecnología eléctrica. “Unvenu no está en contra de la movilidad eléctrica, no lo estuvimos, no estamos y no vamos a estar”, precisó. No obstante, consideró que la administración gubernamental perdió el control sobre la aplicación de los estímulos. “Se le fue de las manos”, expresó, aunque reconoció que “nadie en Uruguay avisoró que el crecimiento exponencial podía suceder”.

En relación con el transporte público, el gerente de Unvenu destacó el compromiso oficial para electrificar la flota metropolitana. Montevideo cuenta actualmente con 177 ómnibus eléctricos y más de 60 taxis de similares características, integrados al Sistema de Transporte Metropolitano. La meta gubernamental establece que para 2030 el 50% de la flota total sea eléctrica. Sobre este punto, De Castro señaló: “No puedo decir que lo apoyamos, pero no lo vemos mal”.

Respecto a la posición relativa de Uruguay en el contexto internacional, el representante gremial describió la situación como artificial. “No es natural, es porque los otros vehículos tienen gravámenes enormes y estos no tienen nada. Es artificial”, declaró.

Detalle de los beneficios impositivos vigentes

Los incentivos fiscales para los automóviles eléctricos incluyen la exoneración del Impuesto Específico Interno (Imesi) y de la Tasa Global Arancelaria (TGA) en la importación de vehículos, cargadores y baterías. Adicionalmente, estos rodados abonan una patente reducida calculada sobre el valor de mercado sin IVA. Desde noviembre de 2025, la alícuota pasó del 2,25% al 3%. En contraste, los vehículos a combustión interna tributan el 5%.

Otros beneficios asociados a la compra de un eléctrico en Uruguay comprenden un menor costo operativo por carga en comparación con la nafta, una reducción en los gastos de mantenimiento al eliminar componentes como aceites, filtros y correas de distribución, y la disponibilidad de seguros bonificados por parte de entidades como el Banco de Seguros del Estado (BSE).

En materia de infraestructura de carga, el objetivo para 2026 es que casi la totalidad de las 500 estaciones de servicio del país cuenten con al menos un cargador. La aplicación UTE Mueve permite consultar en tiempo real la disponibilidad de los cargadores y realizar pagos digitales.

Cambios recientes en la política de estímulos para la compra de eléctricos

Dos modificaciones normativas recientes alteraron el esquema de promoción. Por un lado, el gobierno eliminó la política de reembolso en efectivo para compradores de autos eléctricos y la sustituyó por la entrega de cargadores portátiles a partir de 2026. Por otro lado, desde el 1 de septiembre de 2025, los vehículos eléctricos dejaron de ser considerados inversiones elegibles bajo el régimen de promoción de inversiones de la COMAP, lo que afecta principalmente a empresas que utilizaban créditos fiscales del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

El estudio de Unvenu no cuestiona la transición energética en sí misma, sino la magnitud y duración de los estímulos otorgados. Las proyecciones de pérdida fiscal para el período 2026-2030, si no se revierten las exoneraciones, representarían un monto superior en más de tres veces al resignado entre 2020 y 2025.