Plan de Lacalle Pou para liberar reclusos tuvo malos resultados: la mayoría vuelve a delinquir

El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior decidieron suspender la aplicación del Proyecto de Inclusión Asistida (PIA), iniciativa implementada durante la administración de Luis Lacalle Pou como experiencia piloto. La determinación se adoptó tras conocerse los resultados de una evaluación académica que demostró limitaciones significativas en la sostenibilidad de los efectos del programa.

La evaluación del PIA reveló una reducción del 25% en la reincidencia delictiva durante los primeros 30 días posteriores a la excarcelación. Sin embargo, el análisis evidenció que, transcurrido ese período inicial, las personas que participaron del programa registraban tasas de reincidencia comparables a aquellas que no recibieron la intervención.

Funcionarios del Mides informaron que la cartera trabaja en el diseño de una propuesta alternativa que se presentaría durante el año en curso. Según indicaron, la nueva iniciativa involucrará la participación de diferentes organismos estatales y alcanzará a un número mayor de personas liberadas.

Características del programa PIA suspendido

El PIA operó entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, focalizándose en población reclusa del exComcar. La selección de participantes se realizó mediante sorteo entre quienes cumplían requisitos específicos: haber permanecido al menos dos meses privados de libertad inmediatamente antes de la excarcelación y no haber cometido delitos vinculados a abuso sexual o lavado de activos.

Del universo de más de 5.000 personas recluidas en esa institución carcelaria, se conformó una muestra de 1.814 individuos para el estudio. Los investigadores dividieron este grupo entre quienes efectivamente recibieron la intervención y aquellos que conformaron el grupo de control, permitiendo establecer comparaciones sobre tasas de reincidencia.

La iniciativa combinó transferencias monetarias mensuales de 40 dólares estadounidenses, asignación de técnicos especializados para acompañamiento personalizado, tarjetas con boletos de transporte prepagados (ocho viajes mensuales) y material informativo sobre servicios sociales disponibles.

El problema de la reincidencia en Uruguay

Los datos correspondientes a 2019 ubicaban a Uruguay en una posición superior al promedio internacional en materia de reincidencia carcelaria. Las cifras mostraban que el 29% de las personas reclusas volvía a delinquir en un lapso de seis meses desde su liberación, porcentaje que ascendía al 44% en un año, al 59% en dos años y alcanzaba el 66% a los tres años.

Esta problemática motivó el desarrollo del programa PIA, orientado específicamente a interrumpir el ciclo de reingreso al sistema penitenciario. La Universidad de Montevideo realizó la evaluación académica que fundamentó la posterior decisión de suspender el proyecto.

El senador suplente por el Partido Nacional y exministro del Interior, Nicolás Martinelli, había presentado en mayo del año anterior un pedido de informes consultando sobre la continuidad del plan y solicitando información sobre eventuales programas sustitutos.

Resultados diferenciados según perfiles

El análisis académico identificó que, durante el primer mes posterior a la excarcelación, determinados grupos mostraron mayor beneficio de la intervención. Las personas con condenas de menor duración, edad más avanzada y bajo contacto familiar durante el período de reclusión presentaron mejores resultados en términos de reducción de reincidencia.

No obstante, la efectividad del PIA se diluyó una vez transcurrido el período inicial de 30 días. Los investigadores señalaron en el documento que «el programa no logra mantener los efectos positivos en el largo plazo«, equiparándose las tasas de reincidencia entre participantes y no participantes del proyecto.

El informe no estableció factores determinantes que explicaran esta pérdida de efectividad, aunque identificó elementos que pudieron haber influido en los resultados. Entre estos se mencionaron dificultades operativas relacionadas con la localización de beneficiarios y el cumplimiento de requisitos de permanencia en el programa.

Dificultades operativas identificadas

Uno de los obstáculos principales consistió en datos de contacto inválidos o faltantes, situación que impedía la ubicación efectiva de los beneficiarios. Adicionalmente, el programa establecía como requisito para mantener las transferencias monetarias la asistencia a una reunión presencial con un técnico del Mides antes de cumplirse un mes desde la liberación.

Un porcentaje significativo de personas recién excarceladas no concurría a estas instancias, derivando en la pérdida del acceso a las transferencias monetarias y demás componentes del programa. Esta circunstancia limitó la capacidad de la intervención para generar efectos sostenidos en el tiempo.

La evaluación señaló además que los sistemas de registro del Mides para documentar la implementación se desarrollaron paralelamente a la ejecución del programa, lo cual constituyó una limitante adicional para el seguimiento y ajuste de la iniciativa.