URSEC confirma que la apertura del mercado de internet no afectó el liderazgo de Antel

Cinco años después de que el gobierno de Luis Lacalle Pou habilitara a las cableras a ofrecer internet fijo, el mercado de banda ancha en Uruguay muestra una realidad incontrastable: la competencia no logró alterar el dominio de Antel.

Los datos oficiales de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) con cierre a diciembre de 2025 indican que las cinco empresas autorizadas en Montevideo —Nuevo Siglo, TCC, Monte Cable, Praimar y Korfield— acumulan apenas 1.158 clientes en la capital. Desde junio de 2022, cuando se formalizó la apertura, solo sumaron 197 contratos nuevos en todo ese período.

El gobierno justificó la medida en un diagnóstico expuesto en la Memoria de la Presidencia: el monopolio legal de Antel sobre la red de cables físicos ya estaba “desdibujado” en los hechos por la evolución tecnológica. Ese argumento fue el que sostuvo la decisión de avanzar en la apertura. Pero los números no acompañan esa lectura.

Todo se desprende de datos obtenidos por Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, por medio de un pedido de acceso a la información.

A nivel nacional, el panorama es igualmente elocuente

Starlink, el servicio satelital de Elon Musk, lleva dos años de operación en Uruguay y alcanzó los 10.002 clientes en diciembre de 2025, lo que representa el 0,9% del mercado. Entre junio y diciembre sumó 2.800 nuevos usuarios. En el mismo período, Antel incorporó más del doble de esa cifra solo en crecimiento orgánico.

El dato más revelador del informe de URSEC es el crecimiento total del mercado. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, se registraron 43.905 nuevos contratos de internet de banda ancha y fibra óptica en todo el país. De ese total, dos tercios correspondieron a Antel, que llegó a los 1.129.927 clientes a nivel nacional. La participación de la estatal en fibra óptica supera el 94% del mercado, con 1.065.935 conexiones.

Una apertura que no golpeó a Antel como se pensaba

La apertura se instrumentó mediante tres decretos firmados por Lacalle Pou y el entonces ministro de Industria, Omar Paganini, que autorizaron cambios legales para que los operadores de cable privado en Montevideo pudieran brindar servicios de internet fijo. Formalmente, se otorgaron Licencias de Telecomunicaciones Clase B a Nuevo Siglo, TCC, Monte Cable, Praimar y Korfield.

La decisión se fundó en la respuesta afirmativa de la Suprema Corte de Justicia a una acción de inconstitucionalidad presentada por los cableoperadores contra el artículo 56 de la ley 19.307, que desde 2014 prohibía a los medios audiovisuales prestar servicios de telecomunicaciones.

En ese momento, la titular de URSEC, Mercedes Aramendía, defendió la decisión con un argumento contundente: “La decisión promueve la competencia en la prestación, lo cual es esencial para el desarrollo del país”. Aramendía, abogada y magíster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo, agregó que “internet es la espina dorsal sobre la cual se construye la transformación digital; por lo cual es fundamental dar a las personas la libertad y la posibilidad de poder elegir”.

Sin embargo, los datos a tres años de aquella habilitación muestran que la libertad de elección no se tradujo en una migración masiva. Las cableras de Montevideo, que concentran el 37% de los abonados de TV del país, no lograron convertir su base de clientes de televisión en usuarios de internet.

Baja constante en contratos de TV de paga

 

El mercado de TV para abonados, por su parte, continúa en caída libre: pasó de 481.786 servicios en junio de 2024 a 406.161 en junio de 2025, una contracción que refleja cambios estructurales en los hábitos de consumo.

El caso de Starlink, a pesar de su crecimiento, también es marginal en términos de participación. La empresa reportó 7.188 servicios activos a junio de 2025, con presencia concentrada en zonas rurales y de baja cobertura terrestre, tal como había anticipado la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) al señalar que sería “una alternativa viable para el acceso a internet en zonas rurales y remotas donde la fibra óptica no está disponible”. A diciembre de 2025, esa cifra trepó a 10.002, pero sigue representando menos del 1% del mercado total.

El monopolio legal de Antel en telefonía básica había sido blindado por el plebiscito de 1992, que rechazó su privatización con el 70% de los votos. Pero para la administración de Lacalle Pou, ese monopolio ya estaba “desdibujado” en los hechos en muchos campos.

El diagnóstico oficial sostenía que la evolución tecnológica había erosionado el propio concepto de red de cables físicos sobre el que se asentaba el monopolio legal. La apertura de 2022 fue, en ese sentido, una apuesta a que la competencia dinamizaría el mercado.