Automotoras uruguayas rechazan el impuesto a vehículos eléctricos y piden reabrir el diálogo

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) salió al cruce del Gobierno tras conocerse el decreto que a partir del 1° de enero de 2027 aplicará el Impuesto Específico Interno (IMESI) a los vehículos eléctricos e híbridos de mayor valor, en una decisión que la entidad calificó como una señal de «incertidumbre» para el sector.

El decreto, firmado el martes por el presidente Yamandú Orsi junto a los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, establece tres franjas según el valor de importación de los vehículos: los que no superen los 19.000 dólares seguirán exentos, los que se ubiquen entre 19.001 y 27.000 dólares pagarán un 5%, y los que excedan los 27.001 dólares tributarán un 9%. La medida se enmarca en la Rendición de Cuentas y apunta a financiar unos 31 millones de dólares de gasto adicional en áreas como pobreza infantil, seguridad pública y educación.

En un comunicado firmado por su Consejo Directivo, ACAU cuestionó especialmente la forma en que el Ejecutivo llevó adelante el proceso. La gremial sostuvo que sus asociados «tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación», pese a que las autoridades se habían comprometido previamente a informarles sobre las conclusiones antes de que la decisión se hiciera pública.

Para la entidad, se trata de «una decisión de enorme trascendencia» no solo para el sector automotor sino para «miles de consumidores y para la política energética y ambiental del país», y la sumó a otras dos medidas recientes que, según advierte, también afectan la transición hacia una movilidad más sostenible: el aumento del costo de la energía en los cargadores públicos y la suba de la patente de rodados para eléctricos e híbridos.

«Sin diálogo ni evaluación integral»

Uno de los puntos más duros del comunicado apunta a la velocidad con la que avanzó la medida. ACAU señaló que la decisión se tomó «sin un proceso adecuado de diálogo ni una evaluación integral de sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales«, pese a que la gremial había acercado al Gobierno información sobre experiencias de otros países que, según afirma, lograron combinar sostenibilidad fiscal con incentivos a tecnologías más eficientes.

La asociación fue más allá y planteó que, de haber existido voluntad de revisar el esquema tributario, había alternativas técnicamente más adecuadas para compatibilizar recaudación con el estímulo a la eficiencia energética y la renovación de la flota vehicular, opciones que, aseguró, «no fueron consideradas«.

El comunicado también marcó un contraste con otras normativas que, según ACAU, llevan años o meses esperando la firma de las autoridades, en referencia a regulaciones vinculadas a la seguridad vial y la modernización del sector. Para la gremial, esa diferencia de ritmos «transmite una señal equivocada respecto de las prioridades de la política pública«.

«El impacto lo van a pagar los ciudadanos»

ACAU fue categórica al advertir sobre quiénes sentirán las consecuencias de la medida: «quienes terminarán soportando el impacto de estas decisiones serán los ciudadanos». La entidad argumentó que el nuevo gravamen, sumado a otros costos crecientes asociados al uso de eléctricos e híbridos, «dificultará el acceso de las familias y las empresas a tecnologías más modernas, más seguras, más eficientes y más amigables con el medio ambiente», lo que en los hechos retrasaría la renovación del parque automotor nacional.

La gremial fue incluso más lejos en su lectura política de fondo, al sostener que el paquete de medidas representa «un cambio sustancial respecto de la política de Estado que Uruguay ha sostenido durante las últimas décadas» en materia de transformación de la matriz energética y promoción de la movilidad sostenible, una política que —remarcó— cuenta con reconocimiento internacional, respaldo multipartidario y está ligada a compromisos asumidos por el país en descarbonización y mitigación del cambio climático.

El pedido final

Pese al tono crítico, el comunicado cierra con un llamado a reabrir la negociación. ACAU exhortó «respetuosamente» al Poder Ejecutivo a reconsiderar la decisión y a promover «un ámbito de diálogo con todos los actores involucrados» que permita alcanzar soluciones equilibradas y técnicamente fundadas, preservando la competitividad del sector y el acceso de la población a tecnologías limpias. La entidad reiteró su «plena disposición a colaborar con las autoridades» en la búsqueda de un esquema que concilie sostenibilidad fiscal y movilidad eficiente.

La respuesta de ACAU se conoce después de que el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, buscara relativizar el alcance de la medida al señalar que cerca del 70% de los eléctricos e híbridos vendidos hoy en el mercado uruguayo se ubican por debajo del umbral que dispara el nuevo impuesto, por lo que no sufrirían cambios en su tributación a partir de 2027.