Conflicto entre ANCAP y un edificio de La Barra que se construyó encima de un oleoducto

Un edificio en construcción sobre la costa de La Barra, en Maldonado, quedó en el centro de una investigación que combina riesgos de seguridad energética con irregularidades edilicias. El proyecto, conocido como Telamar Lofts, se levanta a metros de un tramo del oleoducto de ANCAP que transporta crudo desde la boya petrolera de José Ignacio hasta la refinería de La Teja.

La Intendencia de Maldonado dispuso la paralización de la obra luego de que ANCAP alertara formalmente sobre la cercanía entre la construcción y el ducto. Según documentación técnica remitida por el ente petrolero, y revelada por el medio local Cadena del Mar, la tubería pasa a apenas 65 centímetros del muro frontal de la edificación, a una profundidad de 1,7 metros bajo el nivel de la vereda, y corre de manera prácticamente paralela a todo el frente del predio.

El aviso llegó a la comuna el 15 de mayo de 2025, luego de que técnicos de ANCAP realizaran un cateo puntual junto a la propia empresa constructora. En la comunicación, el ente advirtió que la traza del ducto coincidía con la zona de servidumbre legal y pidió que se determinara quién debía fiscalizar el cumplimiento de esa normativa.

Antecedentes que encienden alarmas

La preocupación de los copropietarios no es menor si se considera el historial reciente del oleoducto. La tubería, proyectada para una vida útil de unos 40 años, ya sufrió roturas vinculadas al paso del tiempo y a movimientos de terreno. Una de ellas se produjo en el entorno del arroyo Solís, episodio que derivó en la instalación de barreras de contención y en un daño ambiental que ANCAP debió afrontar.

Poco después, durante tareas de represurización, se registró otra rotura a la altura de San Luis, con un derrame que alcanzó la ruta Interbalnearia y obligó a cortar el tránsito en forma temporal.

Ese antecedente alimenta el temor de quienes compraron unidades en el edificio: cualquier trabajo de excavación o cimentación junto a un ducto con signos de fatiga podría derivar en daños a la tubería o a su revestimiento, con el consiguiente riesgo de fuga.

La Intendencia no dio por cerrado el tema

Pese a las explicaciones brindadas por el desarrollador, la comuna maldonadense no se conformó y exigió una nueva mensura que ubicara con precisión el muro perimetral en relación con el ducto y con los límites del padrón. También ordenó reubicar la escalera de acceso al edificio, que invadía la franja de servidumbre por donde corre la tubería.

En junio de 2025, la Intendencia constató que la mensura presentada por el desarrollador no se correspondía con la obra efectivamente construida y reclamó planos actualizados junto con respuestas a observaciones que seguían pendientes. Días más tarde, volvió a notificar que varias de esas observaciones continuaban sin resolverse.

Denuncia por invasión de retiros

A la controversia del oleoducto se sumó una segunda denuncia, presentada por copropietarios de un edificio lindero, quienes señalaron que la construcción habría avanzado sobre los retiros laterales previstos en los planos municipales.

Según un informe de agrimensura citado en el expediente, el proyecto aprobado exigía un retiro de 8,90 metros respecto de un padrón vecino, pero la obra habría avanzado 19 metros sobre esa distancia, superando ampliamente lo autorizado.

ANCAP reclama hoy la ubicación tridimensional certificada del ducto, estudios geotécnicos sobre interacción suelo-estructura y límites de asentamiento admisibles, además de un sistema de monitoreo permanente durante la ejecución de la obra y ante las cargas futuras del edificio. Ninguno de esos estudios había sido presentado hasta el momento, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El expediente municipal que reúne las actuaciones lleva el número 2020-8801-1544, vinculado a la resolución 06088-2024 de la Intendencia de Maldonado, además de una denuncia específica presentada ante la Dirección General de Urbanismo por transgresiones a normas edilicias.

Mientras tanto, buena parte de los compradores de unidades en el edificio sostiene que adquirió sus propiedades sin conocer que el terreno estaba sujeto a una servidumbre legal por el paso del oleoducto, una condición que, según indican, no fue informada con claridad al momento de la venta.