Marset se declaró no culpable de narcoterrorismo y lavado ante la justicia de Virginia
La fiscalía de EE.UU. acusa a Marset de liderar el Primer Cartel Uruguayo con operaciones en tres continentes. Él se declaró no culpable y el juicio toma nuevas derivaciones.

Sebastián Marset volvió a decir “no culpable” esta semana en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia. Lo hizo ante los nuevos cargos que le endilgó la Fiscalía federal, donde el narcoterrorismo ocupa ahora el lugar central.
Hasta 2024, el uruguayo enfrentaba un solo delito: conspiración para lavar dinero. Con la acusación ampliada, la justicia estadounidense le atribuye además la conspiración narcoterrorista, la posesión de cocaína con fines de distribución en altamar y una nueva imputación por lavado. Todos, acumulados, pueden llevarlo a prisión de por vida.
El defensor Santiago Moratorio explicó que la audiencia combinó el control de trámite y la formalización de cargos. Allí, Marset se declaró inocente de los nuevos puntos. El cronograma procesal, según adelantó Eduardo Preve en X, ya quedó trazado.
La fiscalía, a cargo del fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff, sostiene que Marset no es un engranaje menor. Lo presenta como el “líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero”. Esa estructura, bautizada como Primer Cartel Uruguayo, operaba con cocaína extraída en Perú, Bolivia y Colombia. La ruta era clara: salía por puertos de Brasil, Paraguay o Uruguay y cruzaba el Atlántico hacia Portugal, España, Países Bajos y Bélgica.
La actividad de Marset en la mira de la Justicia estadounidense
El cargo de narcoterrorismo cubre siete años de actividad, desde 2018 hasta el 13 de marzo de 2026, el día en que la DEA y las autoridades bolivianas lo arrestaron en Santa Cruz. La acusación subraya que los fines de la organización “han participado en actividades terroristas y en el terrorismo”.
Para mover el dinero, la estructura echó mano a métodos variados. La fiscalía menciona “grandes movimientos de euros en efectivo, ingresados al sistema financiero internacional mediante facturas falsas de empresas europeas y mediante criptomonedas”.
Uno de los colaboradores estrechos, Ezequiel Santoro, ya condenado a 15 años en Estados Unidos, ayudó a lavar “cientos de millones de dólares” para Marset. Esos fondos, según la acusación, pasaron por “bancos corresponsales en Estados Unidos” y sirvieron para comprar más cocaína en Perú y Bolivia.
Pero el expediente no se detiene en la logística. Incluye una escalada violenta. En septiembre de 2020, dice el fiscal, “Marset disparó y mató personalmente a un cómplice porque creía que este estaba conspirando contra él y la organización”. Un año después, en Asunción, “Marset ordenó el asesinato de un integrante de su organización porque creía que este estaba cooperando con las autoridades”.
La sombra de Marset también alcanzó a Uruguay
La acusación menciona el ataque con granada contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Al día siguiente, el narco instruyó a un subordinado para que le “enviara un mensaje de texto amenazante a un fiscal uruguayo involucrado en investigaciones de narcotráfico”.
El contenido era explícito: “El mensaje decía, en esencia, que las fuerzas del orden debían respetar a PCU para prevenir nuevos actos violentos por su parte, y que si las fuerzas del orden les dificultaban las cosas al PCU, este les dificultaría las cosas a las fuerzas del orden”.
Tampoco se guardó con la agencia antidrogas. Cuando un agente de la DEA intentó convencerlo de que se entregara en marzo de 2025, Marset respondió con una amenaza directa, según consta en los papeles del caso.
El giro en la estrategia de defensa llegó hace pocas semanas. Marset difundió una carta donde acusó a los agentes de la DEA de extorsión y decidió prescindir de su equipo legal en Estados Unidos. Su argumento: los abogados no quisieron presentar denuncias contra el fiscal ni mociones para apartarlo del caso.
Ahora, la jueza Rossie D. Alston Jr. fijó una nueva comparecencia para el 7 de julio. Ese día se leerán formalmente los cuatro cargos. Si el juicio lo declara culpable de narcoterrorismo, la condena mínima es de 20 años. La máxima, la prisión perpetua. Mientras define su futuro, Marset permanece en un centro de máxima seguridad en Virginia, sin posibilidad de fianza, a la espera de que el calendario judicial empiece a correr en su contra.
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