Cómo será la nueva opción de jubilación anticipada que impulsa el gobierno de Orsi

El gobierno de Yamandú Orsi avanza en un proyecto de ley que habilitará una nueva causal de jubilación anticipada a los 60 años para trabajadores con 30 años de aportes. La iniciativa, que surge de una recomendación del Diálogo Social, ingresará al Parlamento por el Senado entre julio y agosto, ya que los temas previsionales no pueden incorporarse a la discusión de la Rendición de Cuentas.

La propuesta busca responder a los reclamos que el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio vienen planteando desde que la reforma jubilatoria impulsada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou llevó la edad mínima de retiro a 65 años para quienes nacieron a partir de 1977. El objetivo declarado del Ejecutivo es que el beneficio llegue especialmente a la población más vulnerable, que sería la que obtendría una ventaja económica real con este cambio.

La restricción central: no se podrá trabajar

El punto que distingue a esta causal de la jubilación común a los 65 años es que quienes se acojan a ella no podrán continuar trabajando. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, explicó ante la comisión de Hacienda que esa incompatibilidad es uno de los factores que, a criterio del organismo, evitará que la nueva modalidad sea utilizada de forma masiva.

Un informe elaborado por el propio BPS —que el Ministerio de Economía y Finanzas utilizó para respaldar sus argumentos durante la interpelación al ministro Gabriel Oddone— sostiene que las condiciones impuestas a la causal hacen poco probable que su uso sea elevado. El equipo económico maneja varios datos para sustentar esa hipótesis: la edad promedio de retiro en la última década fue de 62,6 años, casi dos de cada tres jubilados en 2025 tenían más de 60 años pese a que ya cumplían con la edad mínima, y uno de cada cuatro trámites del año pasado correspondió a personas de más de 65 años.

El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, agregó que para los tres deciles de menores ingresos —con un sueldo promedio cercano a los 25.000 pesos— las jubilaciones que se obtendrían por esta vía anticipada serían superiores a las que regían antes de la aprobación de la ley 20.130, lo que beneficiaría a más del 30% de esas personas.

Las dudas desde la oposición

No todos comparten el diagnóstico del gobierno. El diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionó que, tal como está diseñada, la nueva causal termine funcionando en los hechos como una jubilación común, dado que estaría abierta a cualquier trabajador que cumpla con los años de aportes exigidos. Su advertencia apunta a que, si la prohibición de seguir trabajando no queda claramente reglamentada, podría generarse un incentivo perverso: retirarse formalmente a los 60 años y continuar trabajando de todos modos por fuera del sistema.

El otro debate: el ajuste del suplemento solidario

En paralelo a la discusión sobre la jubilación anticipada, el Poder Ejecutivo encargó al BPS que proyectara el impacto de dos mecanismos posibles para ajustar el suplemento solidario, el complemento que reciben las jubilaciones más bajas. Uno de los caminos es ajustarlo por el Índice de Precios al Consumo (IPC), que preserva la sostenibilidad financiera del sistema pero reduce su capacidad de cobertura y suficiencia.

El otro es hacerlo por el Índice Medio de Salarios (IMS), opción que el Frente Amplio considera más equitativa desde el punto de vista distributivo, aunque implicaría una diferencia de más de dos puntos del Producto Interno Bruto en el resultado de largo plazo del sistema, equivalente a unos 1.600 millones de dólares.

El gobierno de Lacalle Pou había optado por el IPC en 2024, una decisión que el Frente Amplio cuestionó por considerar que licuaba el valor real del suplemento. La actual administración adoptó como fórmula intermedia la semisuma de ambos índices, y ahora evalúa un esquema que ajustaría el valor base del suplemento —hoy en 17.591 pesos a valores de 2026— por IMS, mientras que el tope —de 53.306 pesos— se actualizaría por IPC. Según el gobierno, esta combinación reduce el riesgo fiscal y protege la suficiencia de las prestaciones más bajas.

Con ese esquema, el impacto conjunto de la nueva causal de jubilación anticipada sería neutro en el horizonte de largo plazo, proyectado hacia el año 2100, aunque generaría un costo adicional de 0,16% del PIB durante la década de 2040. Las proyecciones oficiales indican que, según se ajuste el suplemento por IPC o por IMS, el gasto en jubilaciones y pensiones hacia 2100 representaría 9,1% o 11,2% del PIB, respectivamente.