El gobierno propone que cooperativas de vivienda estén exoneradas del IVA

El Poder Ejecutivo incluyó en la Rendición de Cuentas un artículo que exonerará del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los costos directos de construcción de cooperativas de vivienda, una medida que comenzará a regir el 1 de enero de 2027 y que supone un hito en el sistema habitacional uruguayo.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, informó en conferencia de prensa el pasado miércoles 2 en la Torre Ejecutiva que la determinación “da cumplimiento a uno de los 63 compromisos asumidos por el presidente de la República y el Consejo de Ministros”. La jerarca detalló además las cifras concretas que reflejan el momento actual del sistema cooperativo en el país.

El impacto en números del sistema cooperativo uruguayo

Los datos presentados por la ministra Paseyro muestran una actividad sostenida en el sector. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, se terminaron 67 cooperativas, lo que representa 2.101 viviendas. Entre diciembre de 2025 y marzo de este año, se finalizaron 22 cooperativas adicionales, con 694 unidades habitacionales. Actualmente, hay 177 cooperativas en ejecución que suman 5.424 viviendas en todo el territorio nacional.

Estas cifras adquieren relevancia cuando se contrastan con el universo total del sistema. La presidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Graciela Fernández, recordó que “el 5% de los hogares adecuados en Uruguay son cooperativas”, y señaló que este guarismo “podrá duplicarse con el nuevo incentivo de exoneración”.

Fernández calificó la medida como una “reivindicación histórica” y subrayó que el artículo aprobado “honra el compromiso asumido” por el gobierno actual. “Uno de los 63 compromisos del actual Gobierno es atender este histórico y justo reclamo”, afirmó la jerarca durante la conferencia.

Modificaciones adicionales: más oportunidades para acceder a los préstamos

La ministra Paseyro adelantó además que los llamados para presentar anteproyectos y proyectos ejecutivos de las cooperativas se realizarán dos veces por año, en lugar de una, lo que facilitará la incorporación de nuevas cooperativas a la política pública de vivienda.

El fortalecimiento del sistema también se refleja en el mantenimiento del ritmo de los procesos de escritura de los préstamos y en un plan de monitoreo y control de los subsidios, que busca optimizar el uso de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Estas medidas, explicó la ministra, fueron implementadas en el marco del diálogo con las instituciones del sistema cooperativo.

El origen legal del sistema cooperativo uruguayo

Uruguay cuenta con uno de los modelos de acceso a la vivienda más reconocidos de América Latina, basado en tres principios fundamentales: propiedad colectiva, autogestión y ayuda mutua. El sistema tiene su origen en la Ley 13.728 de 1968, conocida como Ley de Vivienda o Plan Nacional de Viviendas, que estableció que toda familia debe poder acceder a una vivienda adecuada, siendo función del Estado crear las condiciones para hacer ese derecho efectivo.

La ley habilitó específicamente el financiamiento público para que las familias construyeran vivienda sin intermediarios, lo que impulsó la formación de las primeras cooperativas. Este marco legal convirtió a Uruguay en un referente regional en materia de políticas habitacionales participativas.

Dos modalidades para el aporte de capital

Según la Ley 13.728 (capítulo X) y su complemento, la Ley 18.407, existen dos formas principales de aportar el capital que exige el sistema cooperativo:

La primera es la ayuda mutua, donde los socios aportan 21 horas semanales de trabajo físico, equivalentes al 15% del valor del préstamo. En lugar de dinero, los integrantes de la cooperativa ponen mano de obra no calificada para construir en conjunto todas las viviendas del complejo. Este modelo es el más emblemático del sistema uruguayo.

La segunda modalidad es el ahorro previo, donde ese mismo 15% se cubre con un aporte económico de cada socio, en lugar de trabajo. La ley también distingue entre cooperativas de usuarios, donde la propiedad es colectiva de la cooperativa, y cooperativas de propietarios, donde la propiedad se individualiza aunque los espacios comunes permanecen como bienes colectivos.

El financiamiento estatal y el rol de la ANV

Los préstamos los otorga el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), y cubren el 100% del costo de construcción. Las cooperativas acceden a estos préstamos mediante un sorteo público que se realiza dos veces al año. El sistema contempla además un mecanismo de acceso directo: si una cooperativa se presenta tres veces consecutivas sin salir sorteada, se le otorga el préstamo automáticamente.

Existen distintos esquemas de subsidio estatal, que pueden aplicarse a la tasa de interés, al capital, o a la cuota mensual si el ingreso familiar es bajo. Esta estructura de financiamiento ha permitido que más de 38.000 familias se hayan beneficiado del sistema cooperativo a lo largo de más de 50 años de historia.

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), fundada en 1970, agrupa a las cooperativas de esta modalidad y nucleaba, según datos de 2020, a más de 500 cooperativas y unas 20.000 familias en todo el país.