18 efectivos de la Guardia Republicana y Digoe inician curso para manejar vehículos del Ejército
Los primeros 18 efectivos iniciaron este lunes el curso de manejo de los vehículos Cóndor en el Batallón Mecanizado de Florida, mientras el gobierno gestiona ante Estados Unidos la autorización para usar también los blindados Mamba.

El lunes 6 de julio comenzó formalmente la etapa de entrenamiento de los primeros efectivos policiales que operarán los vehículos blindados cedidos por el Ejército Nacional. La capacitación se desarrolla en el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 15, ubicado en el kilómetro 1.500 de la ruta 56, en el departamento de Florida.
En esta primera etapa participan 18 efectivos —aunque fuentes del Ministerio del Interior ajustan la cifra a 19— provenientes de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Jefatura de Policía de Montevideo. El vehículo utilizado para las primeras prácticas es el RPZ Cóndor, y se estima que el curso tendrá una duración aproximada de quince días.
El ministro del Interior, Carlos Negro, visitó el batallón este lunes a las 13:00, acompañado por autoridades policiales y militares, para supervisar el arranque de las actividades. Según lo previsto, en unos diez días los policías estarían en condiciones de sacar los blindados a la calle, aunque el cronograma oficial maneja un margen de quince jornadas para completar toda la instrucción.
El convenio firmado entre ambas carteras establece que serán los propios policías quienes conduzcan los vehículos y estén al frente de los operativos. No obstante, queda abierta la posibilidad de que, en casos puntuales donde aún no se cuente con la capacitación requerida, la conducción sea realizada por un chofer militar en régimen de comisión de servicio. Esa sería la única participación prevista de las Fuerzas Armadas en los despliegues territoriales.
Cuando Orsi anunció el apoyo militar en patrullaje policial
Este entrenamiento es la consecuencia operativa del anuncio que el presidente Yamandú Orsi realizó el 22 de junio pasado. En aquella ocasión, el mandatario informó que Uruguay utilizaría vehículos del Ejército Nacional en el patrullaje de algunos barrios de Montevideo para “redoblar el combate contra el crimen organizado”.
La decisión se tomó en un encuentro con los ministros de Defensa, Sandra Lazo, de Interior, Carlos Negro, y de Economía, y se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Pública, una hoja de ruta a diez años que contiene 135 medidas. Entre ellas figuran un proyecto para regular el mercado de municiones, el aumento de penas por porte ilegal de armas y la ampliación de competencias de las Fuerzas Armadas en el apoyo logístico a la seguridad interior.
Cuatro días después del anuncio, el 26 de junio, se firmó el acuerdo formal entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional. Según explicó Negro en esa instancia, el convenio pone a disposición de la Policía Nacional hasta doce vehículos blindados de cinco modelos distintos: el Mamba, el Vodnik VML-M7, el EE-11 URUTU, el RPZ Cóndor y el Mowag.
Para el arranque de la cooperación, Defensa ordenó al Ejército poner a disposición de la Policía cuatro vehículos modelo RPZ Cóndor, que son precisamente los que están utilizando los efectivos en Florida. Tanto Negro como la ministra Lazo rechazaron enfáticamente el término “militarización” para calificar la medida. Negro fue categórico: “de ninguna manera puede aceptarse esa palabra” para describir el refuerzo, y lo definió más bien como una profundización del “policiamiento” en las zonas afectadas.
Traslado de los primeros vehículos militares
El domingo 28 de junio, el Ejército ya había acondicionado esos cuatro RPZ Cóndor en el Batallón Mecanizado de Florida. Las tareas incluyeron la puesta a punto mecánica y el “ploteado” de los blindados, es decir, la pintada y rotulación con los distintivos policiales para identificarlos como móviles del Ministerio del Interior. Los vehículos fueron trasladados posteriormente a Montevideo con destino al Servicio de Material y Armamento, y serán cedidos en calidad de préstamo.
Sin embargo, la flota completa de doce unidades enfrenta una traba legal con los blindados Mamba MK7. Estos transportes de personal fueron donados por Estados Unidos en 2024 para integrar una Fuerza de Rápida Respuesta destinada a misiones de paz de la ONU, no a seguridad interna. Por esa razón, el gobierno inició trámites diplomáticos con la administración estadounidense para habilitar su uso en patrullaje urbano. Mientras se tramita esa autorización, se prioriza el uso de los Cóndor y otros modelos que no tienen esa restricción legal.
Negro justificó la urgencia de la medida por la escasez de este tipo de vehículos en su cartera y volvió a negar que implique una militarización del control de las calles. En sus declaraciones, el ministro destacó que el recurso humano y material del Ejército se utiliza para cubrir un vacío operativo, pero siempre bajo el mando y la logística policial.
El respaldo ciudadano a la iniciativa se refleja en una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, encargada por el propio Ministerio del Interior y realizada entre el 26 y el 30 de junio. Los resultados muestran un altísimo nivel de conocimiento: el 94% de los consultados dijo haber escuchado o leído sobre la posibilidad de usar vehículos militares en la seguridad pública.
En cuanto al apoyo concreto a la estrategia, el 74% manifestó conformidad. Incluso, el 66% se mostró favorable a que las Fuerzas Armadas colaboren directamente con la Policía en tareas generales de vigilancia, frente a un 21% de rechazo. El respaldo varía según la edad: los jóvenes de 18 a 29 años muestran menor entusiasmo, con un 57% de apoyo, mientras que el grupo de 30 a 44 años respalda la medida en un 67%.
La apuesta por los blindados Cóndor no es casual. Estos vehículos tienen una probada trayectoria en misiones de paz de la ONU en la República Democrática del Congo, Angola y Mozambique, lo que avala su fiabilidad en terrenos adversos. Su utilización en el entorno urbano de Montevideo representa un salto cualitativo en términos de disuasión y protección de los efectivos, aunque también plantea desafíos logísticos y de percepción social que el gobierno deberá gestionar en las próximas semanas.
Con el entrenamiento ya en marcha y los primeros vehículos listos para ser desplegados, el foco estará ahora en la evolución de los indicadores de criminalidad en los barrios donde se implemente el patrullaje, así como en la respuesta de una ciudadanía que, por ahora, respalda mayoritariamente la medida.
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