Bolsonaro será vigilado 24 horas por riesgo de fuga, por orden de la Justicia brasileña

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó la “vigilancia permanente” del expresidente Jair Bolsonaro, tras considerar existía un “riesgo de fuga” fundamentado en evidencias descubiertas en dispositivos electrónicos incautados. La medida, emitida por el juez Alexandre de Moraes, implica el reforzamiento de la vigilancia policial en el exterior de la residencia donde el expresidente cumple prisión domiciliaria. Además, la Policía Federal sugirió desplegar agentes en el interior de la vivienda, argumentando que la seguridad externa podría ser insuficiente.

La orden judicial se produce en el contexto de la investigación por presunto intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho democrático, del cual Bolsonaro es acusado. Entre las evidencias que sustentan la medida se encontró un “borrador” de solicitud de asilo en Argentina, localizado en un teléfono incautado al expresidente. Este documento, según las autoridades, refleja una intención de evadir la acción justice.

La defensa de Bolsonaro rechazó categóricamente estas acusaciones, argumentando que el borrador de asilo data de febrero de 2024, momento en el que su cliente aún no había sido formalmente imputado en la causa principal. Alegaron que no puede ser considerado un indicio de fuga y que su contenido carece de relevancia para el caso actual. Asimismo, negaron que las actividades de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, constituyan una “obstrucción a la justice”.

La Policía Federal brasileña recomendó incrementar las medidas de seguridad no solo en el perímetro de la vivienda de Bolsonaro, sino también en su interior. Uno de los argumentos centrales es la posible falla técnica de la tobillera electrónica que monitorea al expresidente. Según informes policiales, este dispositivo depende de señales de operadoras de telefonía celular, lo que lo hace vulnerable a interferencias o fallos en la conexión, comprometiendo su eficacia.

La tobillera fue impuesta como medida cautelar tras decretarse la prisión domiciliaria, luego de que Bolsonaro incumpliera restricciones previas, como la prohibición de usar redes sociales. El reforzamiento de la vigilancia, que ahora incluye la presencia física de agentes, busca mitigar los riesgos asociados a estas limitaciones técnicas y garantizar el cumplimiento de las condiciones judiciales.

El juez Alexandre de Moraes, quien lidera el caso, ha sido una figura central en las investigaciones relacionadas con el presunto intento de golpe de Estado. Su actuación, sin embargo, ha generado controversia a nivel internacional, particularmente con el gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado sanciones contra el magistrado bajo la Ley Magnitsky, acusándolo de abuso de poder y supresión de la libertad de expresión.

El caso del intento de golpe de Estado contra Lula

La situación judicial de Bolsonaro ha trascendido las fronteras de Brasil, generando tensiones diplomáticas significativas con Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha implementado una serie de sanciones económicas y políticas contra Brasil, incluyendo aranceles del 50% sobre importaciones brasileñas y la revocación de visas para funcionarios judiciales y políticos.

Estas medidas han sido justificadas por el gobierno estadounidense como una respuesta a lo que denominan una “cacería de brujas” contra Bolsonaro, alegando que el proceso judicial en su contra está políticamente motivado y viola derechos fundamentales. La aplicación de la Ley Magnitsky contra Alexandre de Moraes ha sido particularmente controvertida, con críticas que argumentan que su uso en este caso constituye una desvirtuación de los propósitos originales de la norma.

Por su parte, el gobierno brasileño, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado estas acciones como “inaceptables” y ha buscado el apoyo del sector privado tanto nacional como internacional para mediar en la crisis. El canciller Mauro Vieira ha solicitado a empresas estadounidenses que “sensibilicen” al gobierno de Trump sobre el impacto negativo de las sanciones.

Bolsonaro enfrenta cargos graves, incluyendo intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada y daños agravados, con penas que podrían sumar hasta 40 años de prisión. El juicio, programado para iniciar el 2 de septiembre de 2025, representa un hito en la historia judicial brasileña, siendo el primero en involucrar a un expresidente y altos mandos militares en acusaciones de esta naturaleza.

La investigación ha revelado evidencias sustanciales, incluyendo testimonios de colaboradores clave como el teniente coronel Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de delación compensada. Según su testimonio, Bolsonaro editó personalmente un borrador de decreto que buscaba establecer un “estado de sitio” o “estado de defensa”, con el objetivo de suspender libertades civiles y convocar nuevas elecciones bajo control militar.

A pesar de las negativas del expresidente, quien en su declaración ante el STF calificó las acusaciones de “abominables”, la fiscalía sostiene que las pruebas son contundentes y demuestran su papel como líder de la conspiración. El ambiente de polarización en Brasil se refleja en encuestas que muestran apoyo a las medidas judiciales pero también preocupación por posibles excesos en el proceso.