Mariana Mota integrará el directorio de la INDDHH: consiguió 75 votos y Gabriela Fossati solo uno

El proceso de selección para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) llegó a un punto decisivo con la aprobación en el Parlamento de Mariana Mota como nueva integrante.

La inclusión de esta figura en el órgano autónomo refleja la complejidad y las negociaciones políticas que caracterizan la gestión de Derechos Humanos en el país. La ya establecida capacidad de votar y el respaldo de varias fuerzas políticas fueron determinantes para que la exjueza lograra los votos necesarios, superando las barreras establecidas por la ley 18.446, que regula el sistema de designaciones para la Inddhh.

Al momento de su elección, se reunió un total de 123 votos en el pleno del Parlamento, de los cuales 75 fueron a favor, además de contar con apoyo de miembros del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Independiente. La distribución del apoyo resultó en una mayoría sólida, en un contexto en el cual la ley exige una doble mayoría para la designación.

Es importante señalar que, en ese escenario, los votos en blanco alcanzaron los 41, mientras que otros 6 fueron anulados. La decisión se tomó tras una serie de negociaciones y acuerdos políticos, en un ambiente en el que la ley establece que, si no se logra el quorum necesario en la primera votación, se volvería a citar una sesión en los 20 días siguientes y con mayoría absoluta para confirmar la designación, según el artículo 37 de la ley.

La exfiscal Gabriela Fossati, que había sido propuesta por una organización privada, solamente obtuvo un voto. 

El Partido Colorado optó por dar libertad de acción a sus legisladores, permitiéndoles votar de manera independiente, y fue en ese marco que Mariana Mota logró acumular los apoyos necesarios.

La exjueza, que reemplazará a Wilder Tayler, quien renunció en marzo de este año, ahora será parte del Consejo Directivo de la Inddhh, órgano que desde su creación funciona como un ente autónomo con funciones en la protección y promoción de los derechos humanos en Uruguay.

La elección de Mota se basa en su trayectoria judicial y su experiencia previa en cargos relacionados con los derechos humanos.

La votación fue significativa no solo por la mayoría lograda, sino por la variedad de actores políticos y sociales que respaldaron su candidatura. Además del conglomerado de partidos políticos, organizaciones sociales como Pit-Cnt y asociaciones de derechos humanos, incluyendo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, promovieron su nombre.

En su historial, Mariana Mota ya formó parte de la Inddhh entre 2017 y 2022, etapa en la cual sus acciones y decisiones levantaron repercusiones en diversos sectores de la sociedad.

Las discusiones políticas en marcha buscan determinar quién ocupará la vacancia que dejó Legnani, y entre los nombres que suenan con mayor fuerza se encuentra el del actual Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit. Se sabe que Petit, que debe continuar en su cargo hasta octubre de 2025, sería puesto a consideración para integrar la Inddhh en una votación que, si resulta favorable, lo podría llevar a abandonar su cargo actual antes de la fecha prevista.

Quién es Mariana Mota

Nacida en Colonia en 1964, Mariana Mota desarrolló buena parte de su carrera en Montevideo, aunque también vivió en Paysandú durante su infancia. Completó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y desde sus años como estudiante mostró un interés por el activismo gremial y social, considerándose a sí misma como una persona “humanista”.

Durante su ejercicio profesional, su trabajo se enfocó en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, especialmente vinculadas a la dictadura cívico-militar ocurrida en Uruguay entre 1973 y 1984.

Su mayor reconocimiento se asoció a su participación en causas que abordaron delitos perpetrados por militares y civiles durante ese período oscuro. Según su propio relato, tuvo bajo su responsabilidad la investigación en más de 50 denuncias presentes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7.º Turno de Montevideo. En 2010, destacó por su decisión de condenar al expresidente y dictador Juan María Bordaberry por delitos como atentado contra la Constitución, desaparición forzada de personas y homicidio político.

El juicio contra Bordaberry no solo tuvo repercusión en la opinión pública, sino que también marcó un precedente en la lucha por la justicia en Uruguay. La condena fue un paso significativo en la búsqueda de verdad y justicia, particularmente en causas relacionadas con la dictadura.

Además, Mota destacó que, respecto a los delitos de atentado a la Constitución, ella consideraba que la disolución del Parlamento por parte de Bordaberry en 1973 fue una acción que cercenó uno de los pilares del sistema democrático, y por ello, su condena se apoyó en el artículo 117 del Código Penal.

En los años posteriores a su fallo contra Bordaberry, Mariana Mota continuó participando en causas relacionadas con violaciones a derechos humanos, impulsando el avance de las investigaciones pendientes.

La relocalización a un juzgado civil en 2013, por orden de la Suprema Corte de Justicia, generó controversia y opiniones divididas respecto a los motivos y consecuencias de esa decisión. La transferencia fue vista por algunos como un intento de limitar su influencia en causas de alta sensibilidad, mientras que otros la interpretaron como una rotación judicial habitual.

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