El Senado analiza rescisión del contrato con Cardama y la oposición fracasa en su intento de formar comisión especial

La Cámara de Senadores culminó este miércoles una extensa interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. El proceso, impulsado por el senador Javier García del Partido Nacional, se centró en la decisión del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard. Este acuerdo, firmado por la administración anterior, tenía como objetivo la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. Tras las exposiciones iniciales de la ministra y del senador solicitante, se dio paso a las intervenciones de los demás legisladores.

La senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, fue la primera en tomar la palabra. En su discurso, rechazó varias de las acusaciones planteadas previamente por García. Entre ellas, descartó que existan desde el oficialismo “teorías de eliminar las Fuerzas Armadas”, que se haya presionado a la empresa Abitab o que los enviados del ministerio a Vigo realizaran “tareas de inteligencia”. Díaz argumentó que el objetivo del debate debía ser comprender las decisiones tomadas y los controles aplicados durante el proceso de compra, no desprestigiar a la institución castrense.

La legisladora enfatizó que su partido siempre apoyó la necesidad de modernizar los medios navales. “No existe ningún debate sobre la pertinencia o no de contar con medios navales modernos en nuestras Fuerzas Armadas. Esta interpelación no tiene nada que ver con cuestionar la adquisición de patrulleras”, afirmó. Su cuestionamiento, aclaró, se dirigía específicamente a “cómo se gestionó el proceso de compra”. Díaz también alertó sobre la gravedad de insinuar delitos de espionaje, señalando que tales acusaciones son irresponsables y tienen implicaciones ante la Justicia Militar.

Respecto al núcleo de la controversia, la garantía de fiel cumplimiento, Díaz recordó que el plazo contractual de 45 días se extendió a once meses, con siete intentos fallidos de constituirla. Cuestionó que en las críticas a una presunta presión política sobre Abitab no se mencionara al Banco de Seguros del Estado, que en dos oportunidades rechazó avalar la operación durante la administración anterior.

La oposición defiende a Cardama y el contrato que se le otorgó

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry inició su intervención haciendo un llamado a la unidad para proteger el interés superior del país y evitar futuras condenas contra el Estado. Partió de la base del consenso sobre la necesidad de las OPV, aunque marcó diferencias sobre la elección del contratista.

Bordaberry ironizó sobre las limitaciones presupuestarias: “Tenemos que comprar lo que el país puede comprar. Nos hubiera gustado gastar 200 millones de dólares en las patrulleras chinas o 300 en las norteamericanas o las francesas, pero no los tenemos”.

El legislador consideró que el contrato en sí estaba bien elaborado, pero señaló que “la gran objeción” radicaba en la ejecución de la garantía. Reconoció que esta era “sospechosa, sin duda, nadie lo puede negar”. Sin embargo, argumentó con firmeza que “el incumplimiento [del contrato] accesorio no permite la rescisión del [contrato] principal”. Bordaberry subrayó que tanto el gobierno anterior como el actual dieron por válida la garantía y realizaron pagos con base en ella, por lo que la responsabilidad es compartida.

Advirtió sobre los riesgos de la estrategia gubernamental. Bordaberry sostuvo que si no se logra probar que la empresa fue partícipe directa de un fraude en la constitución de la garantía, el país podría enfrentar un juicio y una condena costosa. Criticó que el anuncio público de la rescisión haya sido precipitado, ya que podría ser utilizado por la empresa para argumentar mala fe y culpar al Estado por eventuales atrasos en la construcción.

El FA ve un fraude contra el Estado e intereses cruzados en el Parlamento

Al finalizar la sesión en el hemiciclo, tanto el oficialismo como la oposición brindaron conferencias de prensa por separado. La ministra Lazo expresó su asombro porque, a su juicio, el foco de la interpelación se desvió hacia temas ajenos a la rescisión del contrato. Afirmó que esperaba encontrar un Senado unido frente a un presunto fraude al Estado, pero encontró que una parte “estaba más preocupada por defender los intereses de un empresario”. Enfatizó que la decisión de rescindir es un proceso en marcha, impulsado por el presidente Yamandú Orsi.

Por el contrario, el senador García, en una rueda de prensa posterior, calificó la actitud del gobierno como “un plan maquiavélico con un solo fin, político”. Acusó al Ejecutivo de carecer de rumbo y de haber dañado la posición negociadora del país al anunciar la rescisión públicamente, lo que, según él, cortó la cadena de suministros de la empresa. “Dicen que hay un problema en la garantía y que estafaron la garantía, sin embargo, negocian con el estafador”, manifestó.

La votación y el fracaso de las mociones opositoras

Al cierre del debate, el Frente Amplio, que cuenta con mayoría en la cámara alta, logró aprobar su moción con 17 votos a favor. El texto expresó respaldo a la ministra Lazo y al presidente Orsi en las acciones emprendidas para defender al Estado ante las “presuntas maniobras fraudulentas”. Además, reafirmó la declaración de 2014 sobre la necesidad estratégica de medios navales y se reservó el derecho a continuar investigando el proceso de compra directa.

La oposición, por su parte, presentó dos mociones que no alcanzaron los votos necesarios. La primera proponía crear una “comisión especial integrada por cuatro senadores” que se incorporara al equipo negociador con Cardama para defender la inversión y velar por el interés del país. La segunda declaró “totalmente insatisfactorias y peligrosas” las respuestas de la ministra, exhortando al gobierno a dejar de lado “posiciones políticas menores”. Ambas iniciativas fueron rechazadas, marcando una clara división en la interpretación de los hechos y en la visión sobre cómo proceder.