Alerta en la Armada: informe interno dice que “La calidad del producto finalizado es incierta”
Según el informe, la estabilidad de los buques que construye Cardama está "comprometida" por fallas en su diseño, lo que los hace imposibles de operar e ingobernables en ciertas condiciones.
💣 ESCÁNDALO: SE VA A HUNDIR
✔️ Inspectores de la Armada en España enviaron informe a Ministerio de Defensa donde alertan que la patrulla en construcción en CARDAMA «se encuentra comprometida ya que con la inundación del último compartimiento de popa el buque queda con un calado… pic.twitter.com/SmDanyqKLg
— Eduardo Preve (@EPreve) December 10, 2025
Un documento reservado enviado por inspectores navales al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) advierte sobre serias deficiencias en el diseño y la construcción de la Patrullera Oceánica OPV87, que se encuentra en construcción en el astillero Cardama en España. Según el memorando, la embarcación presenta un riesgo crítico de estabilidad que comprometería su operatividad en situaciones de emergencia.
El documento, difundido en la red social X por el periodista Eduardo Preve, muestra estar firmado el Inspector de Seguridad de Armamento CN (CG) Ismael González y el Inspector de Casco y Máquinas CN (CIME) Héctor Cardozo, y detalla que,
en caso de inundación del último compartimiento de popa, el buque alcanzaría un calado de 7,4 metros en popa y quedaría sin gobierno, imposibilitando su operación y obligándolo a pedir asistencia.
“Se comprueba que el buque tiene su estabilidad comprometida. Se desconoce con cuántos compartimientos estancos inundados el buque puede navegar”, señala el texto.
Además de las fallas técnicas, los inspectores denuncian una falta de transparencia y colaboración por parte del astillero, que no ha permitido el acceso en tiempo real a la información del proyecto ni a las reuniones de seguimiento. Esto, sumado a un historial negativo de entregas incumplidas en proyectos anteriores, genera “incertidumbre” sobre la calidad final del buque y los plazos de entrega.
“La calidad del producto finalizado es incierta, no se tiene la confianza suficiente para pensar que se van a cumplir los tiempos y que todo quede bien”, afirma el documento.
El informe, fechado bajo la referencia COTEC Nº012/2025, incluye varios anexos con análisis de planificación, descripción de bloques y contrato de motores, que podrían profundizar en las irregularidades detectadas.
Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido del memorando ni sobre las medidas que adoptará ante las advertencias formuladas por sus propios inspectores.
El informe dice además que «nunca hubo disponibilidad del astillero para brindarnos en tiempo real la información en incluirnos en el proyecto, para poder establecer parámetros y verificar el proceso de construcción».
Y agregan: «Desde el punto de vista de la forma, fue poco colaborativo y, desde el punto de vista del contenido, fue confuso y dejó mucho que desear, teniendo en cuenta lo importante del proyecto».

Los cuestionados OPV de Cardama siguen haciendo agua
La OPV87 forma parte de un programa estratégico de modernización de la flota naval uruguaya. Las patrulleras oceánicas están destinadas a tareas de vigilancia, control de espacios marítimos y operaciones de rescate, por lo que un fallo en su estabilidad podría tener implicaciones graves tanto operativas como de seguridad.
Todo comenzó en 2023, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou adjudicó el contrato al astillero español Francisco Cardama S.A., en Vigo, por 82,37 millones de euros (unos 92 millones de dólares). La decisión, tomada vía compra directa tras un fallido concurso internacional, priorizó tecnología occidental para evitar dependencias chinas, en un contexto geopolítico marcado por presiones estadounidenses contra equipamientos de Pekín.
Sin embargo, lo que se presentó como una modernización estratégica de la flota naval uruguaya —obsoleta tras 40 años sin renovaciones— derivó en acusaciones de falsificación de documentos y estafa al Estado.
El contrato exigía garantías de fiel cumplimiento y reembolso, por más de cuatro millones de euros, a presentarse en 45 días. Cardama demoró once meses, amparado en prórrogas del Ministerio de Defensa, entonces a cargo de Javier García. La garantía, emitida por el efímero EuroCommerce Bank —una «empresa de papel» disuelta en octubre de 2025 por la autoridad británica—, levantó sospechas tempranas.
Un estudio jurídico advirtió irregularidades, ignoradas en la aprobación final, un día antes del balotaje presidencial. Críticos del Frente Amplio, como la actual ministra Sandra Lazo y Alejandro Sánchez —hoy secretario de la Presidencia—, cuestionaron el proceso en el Parlamento desde 2023, alegando opacidad y favoritismos hacia el astillero español, pese a ofertas chinas más baratas pero descartadas por motivos estratégicos.
La grieta se abrió en octubre de 2025, con el gobierno de Yamandú Orsi. Al intentar ejecutar la garantía por incumplimientos en plazos —la primera OPV debía entregarse en 18 meses, pero avanzaba a paso de tortuga—, se descubrió que el banco no existía operativamente: sin empleados, con dirección falsa y en liquidación.
El 22 de octubre, el presidente Orsi anunció la rescisión unilateral del contrato y una denuncia penal por posible fraude, tras pagar ya 30 millones de dólares. Actualmente, se encuentra la denuncia en proceso ante la Justicia.
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