El PN sigue acumulando escándalos: exintendente Guillermo Besozzi fue imputado por varios delitos

La Justicia formalizó al exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, del Partido Nacional, por siete delitos, entre ellos peculado, tráfico de influencias y cohecho calificado. Junto a él, su secretario y otros jerarcas municipales recibieron cargos por su presunta participación en una trama de corrupción que involucra a 28 personas, incluyendo funcionarios, sindicalistas y civiles. Siete imputaciones adicionales podrían sumarse este viernes, según confirmó la fiscal Stella Alciaturi.

Benech, vocero de la Fiscalía, explicó en un audio difundido a medios que las acusaciones responden al uso indebido de fondos públicos. Besozzi cumplirá 180 días de arresto domiciliario total, mientras que las defensas, aunque apelaron las resoluciones, aceptaron las medidas cautelares. Alciaturi, quien solicitó su traslado a una fiscalía costera, confirmó que el caso sigue expandiéndose.

Las irregularidades salieron a luz tras el incendio de la sede de la Asociación de Empleados Municipales (Adeom) en mayo de 2021. Entre los escombros, se hallaron cheques sin fondos y documentos alterados, lo que reveló un sistema de desvío de materiales como cemento y combustible desde la intendencia hacia ventas ilegales. Las pericias en celulares y un video que mostraba el incendio del local gremial fueron clave para implicar al presidente y secretario de Adeom.

La pesquisa, iniciada hace más de dos años, avanzó hasta alcanzar a Besozzi, quien abandonó su cargo para buscar la reelección. Su detención, confirmada al mediodía de este viernes, se suma a la de seis colaboradores directos. La fiscalía sostiene que el esquema operaba mediante el robo sistemático de insumos del Departamento de Obras, destinados luego al mercado negro.

 

Exintendente de Soriano enfrenta acusaciones por siete delitos

Los delitos imputados incluyen peculado (apropiación de bienes públicos), cohecho (retribuciones ilegales por actos administrativos) y receptación (adquisición de bienes robados). Según el Código Penal, el peculado conlleva penas de uno a seis años de prisión, mientras que el cohecho simple puede alcanzar tres años. La receptación, considerada más grave, tiene sanciones de seis meses a una década de cárcel.

Además de los funcionarios, particulares vinculados a transacciones ilegales enfrentan cargos. “La causa sigue creciendo”, advirtió Alciaturi en febrero, anticipando nuevas formalizaciones. Las pruebas recolectadas, desde registros financieros hasta testimonios, apuntan a una estructura organizada que habría operado durante años con impunidad.

La detención de Besozzi marca un hito en un caso que conmociona al departamento de Soriano. Aunque la defensa insiste en la presunción de inocencia, la fiscalía asegura tener evidencia “contundente”. El exintendente, figura política clave en la región, podría enfrentar una inhabilitación especial si se confirman los cargos, además de las penas privativas de libertad.

El proceso judicial, que ya acumula diez condenas, se enfoca ahora en desarticular redes de complicidad. Según expertos, este caso podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción institucional en Uruguay, especialmente en gobiernos departamentales.