Luis Caputo usará fondos de los jubilados para que bancos otorguen créditos hipotecarios

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció este miércoles un programa para destinar hasta 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES a financiar créditos hipotecarios a través del sistema bancario. La medida llega mientras el bono previsional que reciben los jubilados de menores ingresos permanece congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024, y en momentos en que la morosidad de las familias argentinas alcanza sus niveles más altos en años.

El mecanismo consiste en licitaciones en las que los bancos competirán por fondos del FGS colocados a plazo fijo en pesos ajustables por UVA, a plazos de entre uno y cinco años. La primera licitación, por 200.000 millones de pesos, comenzará la semana próxima; el resto del monto total se definirá según los resultados obtenidos. Caputo explicó que el objetivo es resolver el «descalce» estructural que enfrentan los bancos: reciben depósitos a corto plazo, en su mayoría a 30 días, pero deben prestar a 20 o 25 años para financiar la compra de viviendas.

Según el esquema presentado, los créditos otorgados con este fondeo no podrán superar una tasa de UVA más 7,5% para el tomador final, aunque las entidades financieras podrán ofrecer condiciones más bajas si lo consideran conveniente. El Gobierno estima que la iniciativa podría beneficiar a entre 17.000 y 18.000 familias. Participaron del anuncio, además de Caputo, el director general del FGS, Juan Cruz Micele, y representantes del Banco Central y del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

La medida keynesiana de un gobierno libertario

Micele y Caputo remarcaron durante la conferencia de prensa que el fondo previsional no asume riesgo crediticio: la responsabilidad por eventuales incumplimientos de los créditos hipotecarios recae exclusivamente en los bancos, no en el FGS. Ese punto es central en el argumento oficial, que sostiene que el patrimonio de los jubilados queda resguardado porque el organismo solo coloca depósitos a plazo fijo, un instrumento tradicionalmente considerado de bajo riesgo.

Para Caputo, esta idea se enmarca en el concepto de justicia social, una idea que, hasta hace poco, el propio Javier Milei calificó como «de izquierda», «aberrante» y «una cuestión de ladrones». 

Sin embargo, la discusión de fondo no pasa únicamente por la seguridad jurídica del instrumento, sino por el uso que se le da a ese patrimonio y quién obtiene el principal beneficio económico de la operación. El esquema le permite a los bancos acceder a una fuente de fondeo de mayor plazo que la de los depósitos tradicionales, a una tasa de UVA más un spread de entre 2% y 3%, según lo que se licite.

Ese fondeo se traslada luego a préstamos hipotecarios cuyas tasas de mercado, en algunos casos, superan los siete puntos por encima de UVA. La diferencia entre ambas tasas constituye el margen bruto del negocio bancario, aunque una parte de ese diferencial se destina a cubrir costos operativos, capital regulatorio y riesgo crediticio.

La iniciativa no es improvisada

El anuncio circulaba desde al menos dos semanas antes del anuncio formal, cuando trascendió que Caputo y el presidente Milei delineaban el esquema junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende administrativamente ANSES. En esas instancias previas, el propio ministro reconoció que la idea «les encantó» a los bancos consultados.

El contraste con la situación de los jubilados es marcado. En agosto, las jubilaciones tuvieron una actualización de apenas 1,89% por la fórmula de movilidad vigente, llevando el haber mínimo a 419.775,93 pesos. El bono extraordinario, en cambio, no fue actualizado y se mantiene en el mismo valor nominal desde hace más de dos años, de modo que la recomposición por inflación se aplica sobre el haber pero no sobre el refuerzo. Sumando ambos conceptos, un jubilado que cobra la mínima llega a 489.775,93 pesos mensuales.

A la par, la capacidad de pago de los hogares argentinos continúa deteriorándose. Según datos del Banco Central, la irregularidad de las financiaciones a las familias pasó de 3,7% en abril del año anterior a 12,1% en abril de este año, y volvió a subir a 12,8% en mayo. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina sobre la Central de Deudores mostró que en junio había 20,97 millones de personas endeudadas con bancos y proveedores no financieros de crédito, de las cuales 5,91 millones —casi 6 millones— se encontraban en situación de mora.