El 25 de agosto de 2025, poco después de las 10:00 de la mañana, un ataque aéreo israelí impactó un edificio del Hospital Nasser en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Minutos después, una segunda explosión alcanzó el mismo lugar. El saldo fue devastador: 22 palestinos muertos y 50 heridos. Entre los fallecidos se encontraban cinco periodistas, entre ellos el camarógrafo de Reuters Hussam al-Masri y la periodista visual de Associated Press Mariam Dagga, junto al periodista independiente Moaz Abu Taha y otros dos trabajadores de prensa.
Un año después, nadie ha rendido cuentas. Y un testimonio inédito de un soldado israelí —recogido por Le Monde y la ONG Breaking the Silence— ha revelado los mecanismos internos con los que el ejército israelí intenta justificar ataques que, según el derecho internacional, podrían constituir crímenes de guerra.
El doble ataque: una secuencia letal
La secuencia del ataque fue especialmente grave. Tras el primer impacto sobre el complejo hospitalario, un segundo golpe alcanzó el sector cuando periodistas, rescatistas y trabajadores sanitarios se encontraban en el lugar asistiendo a las víctimas del primer bombardeo. Una cámara externa filmó el segundo ataque, que alcanzó a quienes cumplían con su deber profesional y humanitario.
El Hospital Nasser era en ese momento uno de los pocos centros médicos en funcionamiento en Gaza. Las agencias Reuters y AP suministraban desde allí imágenes en directo a redacciones de todo el mundo. AP había informado repetidamente al ejército israelí de que sus periodistas se encontraban en el lugar.
La explicación inicial de Israel fue que el objetivo era una cámara supuestamente utilizada por Hamás en el techo del hospital. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el dispositivo pertenecía a Reuters y era utilizado por el propio al-Masri para sus transmisiones. Un oficial militar israelí admitió posteriormente que las tropas actuaron sin la autorización requerida del mando regional.
El testimonio que expone la “incriminación retrospectiva”
Un soldado israelí, que habló bajo estricto anonimato por temor a represalias, describió a Le Monde y a Breaking the Silence el método recurrente empleado por el ejército. Según su relato, cuando se produce un ataque con un alto número de víctimas civiles o contra edificios protegidos como hospitales y escuelas, el ejército aplica una política de “incriminación retrospectiva” (retrospective incrimination) o “reencuadre retrospectivo” (retrospective reframing).
“Cuando [el ejército] entiende que hay una crisis, intentan vincular a las personas que murieron o resultaron heridas con Hamás”, declaró el soldado. “Porque si pueden decir que los que mataron eran terroristas de Hamás, eso se verá mejor ante los ojos del mundo”.
El soldado confirmó que el ejército no pudo encontrar pruebas que vincularan la cámara del hospital —propiedad de al-Masri— con Hamás, y que ninguno de los seis fallecidos que Israel señaló como militantes era el objetivo previsto del ataque.
Las cifras que evidencian un patrón
Este mecanismo no es un accidente aislado. Es parte de una guerra contra la información que Israel libra en múltiples frentes: censura, manipulación mediante inteligencia artificial y bloqueo del acceso de la prensa extranjera a Gaza.
Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, Israel ha impedido el ingreso libre de periodistas internacionales a la Franja, permitiendo solo visitas puntuales y estrictamente controladas por sus tropas. Esta decisión inusual ha trasladado un peso desproporcionado a los reporteros palestinos sobre el terreno.
Las cifras son elocuentes. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) , los soldados israelíes han matado a 207 reporteros palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. La Oficina de Medios de Gaza eleva la cifra a 262 periodistas y trabajadores de medios asesinados, con más de 420 heridos, 50 detenidos y 3 desaparecidos. Es la cifra más alta de periodistas muertos en un conflicto desde que se llevan registros.
Un año de impunidad
A pesar de la indignación mundial, el ejército israelí no ha proporcionado detalles sobre la investigación ni un calendario para su conclusión. En respuesta a las preguntas de AP, el ejército afirmó que el incidente está siendo examinado y que las conclusiones se transferirán al Cuerpo del Abogado General Militar para decidir si se abre una investigación penal, sin facilitar plazos concretos.
Reuters y AP publicaron el 25 de agosto de 2026 un comunicado conjunto en el que vuelven a exigir a Israel una explicación completa de los ataques. “Un año después, seguimos devastados por sus muertes y aún buscamos respuestas de las autoridades israelíes sobre lo que ocurrió ese día”, señaló el texto.
El director ejecutivo de Breaking the Silence, Nadav Weiman, afirmó que desde el 7 de octubre de 2023, “las reglas de enfrentamiento imprudentes combinadas con los procedimientos de facto de incriminación retrospectiva son utilizadas por el ejército israelí como su justificación casi automática para cada bala, proyectil o misil disparado, y como una herramienta para evitar realizar investigaciones reales”.
La pregunta que persiste
Un año después del doble ataque al Hospital Nasser, las preguntas siguen en el aire. ¿Por qué las tropas no identificaron al camarógrafo como al-Masri, aunque sabían que los periodistas grababan desde el hospital? ¿Por qué atacaron por segunda vez, causando la mayoría de las muertes y provocando acusaciones de ataque de “doble golpe” contra equipos de emergencia, lo que constituiría un crimen de guerra?
El testimonio del soldado israelí apunta a una respuesta inquietante: no fue un error, sino la consecuencia de una política que cosifica a los periodistas, los convierte en objetivos y luego fabrica justificaciones. La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Exigir cuentas no es un acto político: es un imperativo moral.
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