La embajada israelí protestó por dichos de la vicecanciller sobre Netanyahu
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay afirmó que el país está obligado a detener a Benjamin Netanyahu si pisa territorio nacional, en cumplimiento de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.
La embajada de Israel en Uruguay presentó un reclamo formal ante la Cancillería por las declaraciones de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, quien afirmó que Uruguay estaría obligado a detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si llegara a pisar suelo nacional. La sede diplomática transmitió sus “inquietudes” de manera verbal en un encuentro presencial con funcionarios del gobierno de Yamandú Orsi.
Las declaraciones de Csukasi se produjeron en el programa de streaming Al Weso, donde la vicecanciller sostuvo que “Uruguay está obligado por sus compromisos ante la Corte Penal Internacional a ejercer y actuar sobre esa orden de captura internacional” y que “eso es indiscutible”.
Horas después, la embajada israelí, encabezada por Eldad Hayet —quien asumió recientemente la sede diplomática en Montevideo—, canalizó su protesta. Fuentes de la delegación israelí indicaron que el reclamo “no quedó por escrito” y que se mantuvo “un diálogo abierto, constructivo y profesional”.
Los cargos concretos de la CPI contra Netanyahu
La Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto contra Netanyahu el 21 de noviembre de 2024, junto a una orden similar contra el entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Según el tribunal con sede en La Haya, existen “motivos razonables” para creer que ambos son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024.
Los cargos específicos incluyen el crimen de guerra de inanición como método de guerra y el de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil, además de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. La misma orden alcanzó en su momento al jefe militar de Hamás, Mohammed Deif, aunque su muerte en un bombardeo israelí nunca fue confirmada oficialmente por el grupo palestino.
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El rechazo de Israel y la ratificación de la CPI
Israel rechazó de plano las acusaciones y cuestionó la competencia del tribunal, argumentando que no es Estado firmante del Estatuto de Roma. Sin embargo, la Corte sostiene su jurisdicción porque Palestina sí integra el organismo y los hechos investigados ocurrieron en territorio palestino.
En octubre de 2025, la CPI rechazó la apelación presentada por Israel y ratificó que las órdenes contra Netanyahu y Gallant siguen plenamente vigentes. El tribunal aclaró que las órdenes solo pueden ser revocadas por los propios jueces, incluso si eso ocurre años después de su emisión.
El mecanismo de cumplimiento: una obligación que recae en los Estados
La CPI no cuenta con fuerzas propias para ejecutar sus órdenes de captura. El cumplimiento recae exclusivamente en los 124 Estados parte del Estatuto de Roma, que se comprometieron a detener y entregar al tribunal a cualquier acusado que ingrese a su territorio. Esa obligación, según especialistas en derecho internacional, se activa de manera automática apenas la persona buscada pisa suelo de un país firmante, sin necesidad de un trámite adicional.
Uruguay es parte del Estatuto de Roma desde 2002 y fue el primer país de América Latina en implementarlo plenamente a través de una legislación modelo sobre la cooperación con la Corte. La Ley N° 18.026 regula la cooperación con la CPI y establece los mecanismos para dar cumplimiento a las órdenes del tribunal.
La posición uruguaya y las tensiones internas
Las declaraciones de Csukasi generaron un “dolor de cabeza” en el gobierno de Yamandú Orsi, según reportó El País. Si bien las expresiones de la vicecanciller no pasaron la “línea de demarcación” de la posición institucional de Uruguay sobre el conflicto en Oriente Medio, la decisión de la jerarca de alinearse con las reivindicaciones de las bases frenteamplistas produjo una reacción diplomática esperable.
No es la primera vez que Csukasi genera incomodidad en la Torre Ejecutiva. Meses atrás, la subsecretaria ya se había salido de la línea oficial al opinar en contra de la cantidad de embajadores políticos designados por esta administración. Puertas adentro del gobierno, sin embargo, no dieron mayor relevancia al reclamo israelí, en parte por los términos “soft” empleados en la queja.
El canciller Mario Lubetkin, por su parte, ya había anticipado la posición oficial en una entrevista con La Diaria: “Si la CPI mantiene esa posición, por supuesto, sí” —dijo sobre la eventual detención de Netanyahu—. “Porque nosotros aplicamos dentro de la CPI y vamos a seguir aplicando”.
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El contexto internacional: cumplimiento desparejo
En la práctica, el cumplimiento de las órdenes de la CPI ha sido desparejo. Hungría invitó a Netanyahu en 2025 pese a integrar la Corte, lo que generó críticas de organizaciones de derechos humanos y derivó en el anuncio del gobierno húngaro de retirarse del organismo, un proceso que recién se hace efectivo un año después de la notificación formal.
Estados Unidos, que no forma parte de la CPI, respaldó públicamente a Israel y cuestionó la jurisdicción del tribunal. En la región, Argentina también rechazó la orden bajo la gestión de Javier Milei.
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