Uruguay y la orden de captura contra Netanyahu: lo que dice el derecho internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene vigente, desde noviembre de 2024, una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Este accionar del ejército sionista ha sido calificado por organismos internacionales de derechos humanos como un genocidio, algo que Netanyahu y su administración niegan.

La medida, poco frecuente contra un jefe de gobierno en funciones, volvió a instalarse en la agenda uruguaya después de que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, afirmara que el país estaría obligado a cumplirla si Netanyahu llegara a pisar suelo nacional.

Según consta en el propio sitio del tribunal con sede en La Haya, Netanyahu es señalado como presunto responsable de los crímenes de guerra de inanición como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil, además de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, en un período que va desde octubre de 2023 hasta mayo de 2024.

La misma orden alcanza al entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y en su momento incluyó también al jefe militar de Hamás, Mohammed Deif, cuya muerte en un bombardeo israelí nunca fue confirmada oficialmente por el grupo palestino. Google Translate

Los recovecos legales de la orden de captura

La decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares respondió a una solicitud presentada meses antes por la Fiscalía de la CPI, que documentó episodios vinculados al bloqueo de alimentos, medicamentos, agua y combustible hacia la población civil de Gaza.

Israel rechazó de plano las acusaciones y cuestionó la competencia del tribunal, argumentando que no es Estado firmante del Estatuto de Roma. Sin embargo, la Corte sostiene su jurisdicción porque Palestina sí integra el organismo y los hechos investigados ocurrieron en territorio palestino.

Israel intentó revertir la medida por vía de apelación. En octubre de 2025, la CPI rechazó ese pedido y ratificó que las órdenes contra Netanyahu y Gallant siguen plenamente vigentes, aclarando que solo pueden ser revocadas por los propios jueces del tribunal, incluso si eso ocurre años después de su emisión.

Un mecanismo que depende de los Estados

La CPI no cuenta con fuerzas propias para ejecutar sus órdenes de captura. El cumplimiento recae exclusivamente en los 124 Estados parte del Estatuto de Roma, que se comprometieron a detener y entregar al tribunal a cualquier acusado que ingrese a su territorio. Esa obligación, según especialistas en derecho internacional, se activa de manera automática apenas la persona buscada pisa suelo de un país firmante, sin necesidad de un trámite adicional.

En la práctica, el cumplimiento ha sido disparejo. Hungría invitó a Netanyahu en 2025 pese a integrar la CPI, lo que generó críticas de organizaciones de derechos humanos y del propio tribunal, y derivó en el anuncio del gobierno húngaro de retirarse del organismo, un proceso que —según el propio Estatuto de Roma— recién se hace efectivo un año después de la notificación formal.

Estados Unidos, que no forma parte de la CPI, respaldó públicamente a Israel y cuestionó la jurisdicción del tribunal. En la región, Argentina también rechazó la orden bajo la gestión de Javier Milei.

Qué dijo la vicecanciller uruguaya

En ese contexto se ubican las declaraciones de Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay, en el streaming Al Weso, conducido por el periodista Jorge Balmelli. Consultada sobre un eventual viaje de Netanyahu al país, la funcionaria fue categórica: Uruguay estaría obligado, por sus compromisos ante la CPI, a ejercer y actuar sobre esa orden de captura internacional, algo que calificó de “indiscutible”.

Csukasi aprovechó la entrevista para cuestionar la conducta del gobierno israelí en Gaza, al señalar que existe un uso excesivo del argumento de la legítima defensa, que a su juicio ya no guarda proporción ni en el tiempo ni en la intensidad de los ataques. De todos modos, ratificó la postura oficial del Poder Ejecutivo uruguayo de no calificar como «genocidio» lo que ocurre en el enclave palestino, al entender que no se configuran todos los elementos que exige la convención internacional sobre la materia.

Esa postura del gobierno frenteamplista sobre Gaza no está exenta de tensiones internas. Distintos sectores del propio Frente Amplio han expresado incomodidad con la decisión de no usar el término «genocidio», en momentos en que crece la presión de organismos internacionales y de gobiernos aliados a Israel para pronunciarse sobre las órdenes de captura pendientes.

Mientras tanto, la propia presidencia de la CPI viene insistiendo ante la Asamblea General de la ONU en que decenas de órdenes de arresto —entre ellas la de Netanyahu— continúan sin ejecutarse, y recordó a los Estados miembro su obligación de colaborar para que la Justicia internacional deje de depender, en los hechos, de la voluntad política de cada país.