Protestas masivas contra Kast por retiro de 43 decretos ambientales poniendo en peligro reservas de agua potable

Masivas protestas en Chile: tensión por el retiro de 43 decretos ambientales bajo el gobierno de Kast luego del desastre ambiental y social que dejaron los recientes incendios

En un clima de alta tensión social, el Día Mundial del Agua (el pasado domingo 22 de marzo) se transformó en el escenario de una contundente manifestación ciudadana en Chile.

Miles de personas coparon la Alameda en Santiago y las plazas de al menos otras 15 ciudades, expresando un fuerte rechazo a las primeras medidas ambientales adoptadas por la nueva administración de José Antonio Kast. La movilización, impulsada por diversos colectivos sociales y ecologistas, puso el foco en la defensa de los recursos naturales y el derecho al agua potable.

Bajo la consigna “Don’t ‘Kast-igate’ Nature” (“La naturaleza no se KASTiga”), una columna de manifestantes recorrió cerca de dos kilómetros por la principal arteria capitalina.
El malestar generalizado responde a una decisión administrativa que ha sacudido el tablero político: el retiro de 43 decretos ambientales de la Contraloría General de la República. Estas normativas, gestionadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, quedaron en suspenso apenas un día después de que Kast asumiera el mando.

Entre las regulaciones que quedaron congeladas se encontraban planes vitales para la descontaminación de zonas críticas como el Lago Villarrica, nuevas regulaciones para las emisiones de centrales termoeléctricas y la creación de parques nacionales destinados a salvaguardar especies emblemáticas como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt.

El argumento oficial para frenar estos procesos es la necesidad de una revisión exhaustiva para garantizar que los textos se ajusten a los estándares técnicos y legales actuales. Sin embargo, para los manifestantes, esto pone en jaque el equilibrio ecológico.

Desde el Movimiento por la Defensa y el Acceso al Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), su vocero Cristóbal Rodríguez recordó una cifra alarmante: cerca de 1.4 millones de personas en Chile aún carecen de acceso al agua potable.

El litio en el ojo de la tormenta

Uno de los puntos más sensibles del conflicto recae sobre la estrategia minera. Una investigación de Mongabay Latam reveló que, dentro del paquete de decretos retirados, seis tenían como objetivo declarar áreas protegidas en la región de Atacama. Estas zonas resguardan 10 humedales de altura —salares y lagunas altoandinas— que eran pieza clave en la Estrategia Nacional del Litio de la administración anterior, buscando equilibrar la extracción con la conservación.

Mauricio Lorca, investigador de la Universidad de Atacama, fue tajante respecto a esta maniobra: «súper lamentable». El académico advirtió sobre el futuro de estos ecosistemas: «Estas áreas quedan a merced de la expansión del capital que toma forma de minería del litio».

Cronología de un «congelamiento» administrativo

El pasado 12 de marzo de 2026, misma jornada en la que José Antonio Kast recibía la banda presidencial, se ejecutó la orden. El Subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, despachó un oficio a la Contralora General, Dorothy Pérez Gutiérrez, solicitando el retiro del trámite de toma de razón —paso indispensable para la validez jurídica— de más de 40 decretos supremos.

Muchos de estos documentos eran el fruto de años de trabajo, habiendo superado etapas complejas como consultas indígenas, procesos de participación ciudadana y la aprobación final del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El freno impactó de lleno en la llamada Red de Salares Protegidos. Los decretos retirados incluían la creación de los parques nacionales Salar de Gorbea, Las Parinas y Lagunas Bravas; las reservas de región virgen Lagunas Collas y Las Pisacas; y la reserva nacional Salar de Pedernales. Estos sitios, presentados en enero de este año, son fundamentales para cumplir con el Acuerdo de Kunming-Montreal (COP15), donde Chile se comprometió a proteger el 30% de sus ecosistemas para el 2030.

Además, quedaron en el limbo los parques marinos Mar de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas II, así como normas críticas sobre calidad del agua, control de arsénico y preservación de biodiversidad.

«Un día negro»: la reacción de la ciencia

El impacto en la comunidad científica fue inmediato. Cristina Dorador, reconocida experta en salares y ecóloga microbiana, no ocultó su preocupación: «Hoy es un día negro para la protección de la naturaleza de Chile».

Dorador, quien participó en expediciones a más de 4.000 metros de altura para documentar estas cuencas inexploradas, defendió la solidez técnica de los proyectos. «Fue un trabajo que incluyó consulta indígena, participación ciudadana y la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Pasó por varias instancias hasta que fue aprobado», explicó.

Sobre el Salar de Gorbea, ahora vulnerable, la científica detalló su singularidad: «Es un salar ácido, uno de los pocos en el mundo, una rareza geológica que necesita protección y entendimiento de cómo funciona».

Por su parte, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, calificó la movida del gobierno como un “estilo poco democrático” y una “falta de respeto”. Según la experta, el retiro masivo es un hecho inédito: «No se había visto que otro gobierno retirara todos los reglamentos ingresados por un ministerio”. Y sentenció: «un acto agresivo que pretende dar un golpe y borrar lo que se avanzó».

La defensa del Gobierno y la incertidumbre futura

Frente a la ola de críticas, el Ministerio del Medio Ambiente emitió un comunicado justificando la medida como parte de un “plan de auditoría interna”. Argumentaron que el gobierno saliente de Boric había ingresado 21 decretos de forma apresurada en los primeros días de marzo —13 de ellos el último día de gestión— y prometieron reingresarlos a la Contraloría tras la revisión.

Sin embargo, la desconfianza persiste. Se teme que la brecha entre la inversión para explotar litio y la destinada a proteger los salares se agrave. Aunque la nueva ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, aseguró que “no se van a cortar los financiamientos”, el panorama es incierto.

También existe preocupación por otras seis áreas protegidas en Antofagasta (incluyendo Pili y Salar de Carcote), aprobadas por el Consejo de Ministros apenas una semana antes del cambio de mando, que presuntamente no llegaron a ingresar a Contraloría y por eso no figuran en la lista de retiros, quedando en un limbo legal.

Más de 140 organizaciones firmaron una declaración alertando que “este retiro masivo envía una señal preocupante: en lugar de acelerar la implementación de herramientas acordadas y largamente esperadas, se opta por retroceder y postergarlas. Constituye además una falta de respeto para organizaciones, personas y empresas que han contribuido en estos procesos democráticos”.

El colectivo exigió al Ejecutivo “transparentar los procesos y abrir el diálogo con la sociedad civil y científica, reafirmando la necesidad de contar con estos instrumentos. La ciudadanía no puede quedar en la incertidumbre frente a decisiones que afectan directamente su calidad de vida y el futuro de los ecosistemas del país que nos sustentan”.

Para Larraín, aunque el gobierno cumpla con reingresar los decretos, el mensaje político ya fue dado: «puede que reingresen algunos [decretos supremos a Contraloría], la señal, el daño, la prepotencia está muy patente, y ni el país ni el mundo necesita más actos de prepotencia y de violencia”.

Mientras tanto, Cristina Dorador reflexiona sobre la sorpresa que causó la medida, ausente en el discurso proselitista: «En ninguna parte se mencionó directamente en la campaña que esto se iba a hacer así. Por eso fue tan sorpresivo. Generalmente cuando hay cambios de Gobierno las cosas se hacen pensando en las consecuencias. Por eso es tan importante que la transferencia de poder sea armoniosa y que también, a pesar de las diferencias políticas, existan algunos caminos comunes”.

Las próximas semanas serán determinantes para saber si los salares más ricos en biodiversidad del norte chileno tendrán una barrera legal antes de que avance la minería.

Esta investigación forma parte de Litio en Conflicto, un proyecto periodístico encabezado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). La iniciativa se realiza en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latam y Columbia Journalism Investigations (CJI), y tiene como objetivo indagar sobre el funcionamiento de la industria del litio en América Latina. El trabajo cuenta además con el respaldo del equipo legal El Veinte.